A las 10:45 horas ingresaron a la sede del Ejecutivo el cardenal arzobispo de Santiago y el presidente de la Conferencia Episcopal quienes entregaron al mandatario el llamado Indulto Bicentenario. Situación que no ha estado exenta de polémica en diversos sectores sociales y políticos, respecto a si se conceden o no beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad. Y en momentos en que el caso Karadima complica a la Iglesia Católica.
Antes de lo esperado arribaron al Palacio de La Moneda los representantes de la iglesia Católica para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera, a quien entregaron el llamado ‘Indulto Bicentenario’.
A las 10:45 horas ingresaron a la sede del Ejecutivo el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, quienes dieron a conocer al mandatario el texto de la propuesta, no exenta de polémica en diversos sectores sociales y políticos, respecto a si se conceden o no beneficios a los autores de crímenes de lesa humanidad.
Y en momentos en que las denuncias por presuntos abusos sexuales en contra del ex párroco de la iglesia del El Bosque, Fernando Karadima complican a la Iglesia Católica.
Mientras los representantes eclesiásticos hacían ingreso a La Moneda, en la Plaza de la Constitución grupos de ex presos políticos y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, entre otros, se manifiestan a la espera de imponerse del contenido de la iniciativa.
A la salida del encuentro, el obispo de Rancagua leyó un comunicado donde precisó que el texto entregado al Jefe de Estado también fue enviado al presidente del Senado, Jorge Pizarro; a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, quienes se encuentran fuera del país.
En esa línea, Goic expresó: «Nuestra petición no anula ni contradice el imperio de la Ley y la Justicia, sino que lo supone y lo exige. Es decir, velando por el imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia, actuando en el marco del estado de Derecho, del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales vigentes.
«Sabemos que esta solicitud, aun antes de conocerse su contenido, ha concitado opiniones diversas de actores sociales y políticos. Hemos escuchado sus argumentos y los respetamos. Esperamos que nuestra petición sea analizada con el mismo respeto, sin prejuicios ideológicos, con generosidad y amistad cívica. Lo hacemos en el contexto de una sana laicidad, que reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas», agregó.
La propuesta
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.
Se espera que Piñera una vez que estudie el texto se pronuncie al respecto en un plazo que no debería superar los 10 días.
UPI/El Mostrador
