La entidad aseguró que las empresas que forman parte de éste no se repartirán 200 millones de dólares, que el convenio no es excluyente y que la licitación no define qué medios serán los encargados de la difusión. Y también justifica los criterios que se usaron para determinar las agencias que resultaron ganadoras.
La Dirección de Compras y Contratación Pública-ChileCompra aclaro el alcance del acuerdo marco para campañas comunicacionales del gobierno, asegurando que éste no adjuducó un monto de 200 millones de dólares a un reducido grupo de agencias publicitarias para el desarrollo de proyectos para el oficialismo.
A través de una minuta, la entidad precisó que “la licitación pública ID 2239-7-LP10, Campañas Comunicacionales y Servicios de Asesoría Creativa, fue publicada en la plataforma de licitaciones del Estado www.mercadopublico.cl el 20 de mayo de este año y esperó ofertas hasta el 18 de junio. Se adjudicó, con toma de razón de la Contraloría General de la República, el 26/07/2010 tal como se informa públicamente a través de www.mercadopublico.cl“.
Enfatizó que “las licitaciones de convenios marco no se adjudican directamente montos a las empresas, sino que la adjudicación sólo les da derecho a incorporarse en las tiendas virtuales de convenios marco donde deberán competir entre ellas”.
Asimismo, sostiene que la cifra indicada “es sólo referencial para efectos del proceso en el sistema de compras públicas y corresponde a lo gastado el año 2009 en rubros agregados que trascienden las campañas comunicacionales, y que incluyen inversiones en medios de comunicación, material impreso, producción de eventos y otros conceptos no abarcados en este convenio marco”.
Al respecto explica que “el monto contratado en campañas comunicacionales en 2009 representó un 8,1% respecto del monto total de la industria de las comunicaciones en el mercado público, es decir US$ 17,2 millones” y que “si se considera sólo las comisiones de las agencias adjudicadas, este monto potencial se reduce a cerca de US$ 1,7 millones”.
La Dirección de Contratación Pública señala además que “no es el propósito de este convenio alcanzar o aumentar este gasto, sino hacerlo mucho más eficiente y transparentar las modalidades de contratación del Estado en este rubro”. En ese sentido explica que cada servicio, “de acuerdo a sus propias necesidades, requerimientos y fondos, determina el monto a gastar caso a caso y elige en forma autónoma cómo contratar estos servicios”.
Y en cuanto al número de agencias favorecidas, asevera que “esta licitación no estableció barreras de entrada, no había exigencias de tamaño involucradas, sólo se evaluaron niveles de calidad de servicios en los criterios de evaluación -semejantes a los utilizados anteriormente en la licitación de campaña para las Becas Chile del año 2008- y en ésta participaron 14 empresas, de las cuales cinco resultaron adjudicadas”.
Además, sostiene que “la licitación no contempló la presentación de garantías de seriedad de la oferta por parte de los interesados. La boleta de garantía de $ 10 millones se exige sólo a las que empresas que son adjudicadas. La ley obliga que las licitaciones mayores a 1.000 UTM exijan boletas de garantía”.
“Por la magnitud de las campañas a las que está orientada especialmente este convenio marco (las mayores de 1.000 UTM), las empresas requieren una solvencia y capital de trabajo que ofrezca garantías que los recursos fiscales serán utilizados con criterios de eficiencia y ahorro”, añadió, precisando que “todos los organismos públicos están obligados a revisar las condiciones de mercado y, en caso de encontrar condiciones más ventajosas que las ofrecidas en las tiendas virtuales de convenios marco para sus requerimientos específicos, pueden recurrir a otros proveedores a través de los mecanismos de contratación que establece la ley de compras públicas. Criterio que ha sido ratificado en fallo de la Corte Suprema”.
Asimismo, indicó que entre las condiciones más ventajosas pueden considerarse “los plazos de entrega de los bienes o servicios requeridos y cualquiera otra situación objetiva, demostrable y sustancial”.
“Esto último es especialmente válido en el caso de campañas comunicacionales de alcance acotado, menor alcance o alcance regional, donde es normal que se puedan encontrar PYMEs y medios locales que aseguran mayor velocidad y mejor servicio”, acotó.
En cuanto a los medios de comunicación que publicarán las eventuales campañas, la Dirección subrayó que éstos no están definidos en la licitación. “Esa decisión sigue recayendo en el servicio que contrata -de manera autónoma- y no en las agencias que lo proponen. Es deber de cada servicio público velar por la adecuada cobertura y representación nacional, regional y local de sus campañas”, afirma.
Y recalca que “de hecho, en las instrucciones que norman el funcionamiento de este convenio marco, y a las que se hace referencia en las bases, y que está evacuando en los próximos días el Ejecutivo se estipula explícitamente que en cualquier campaña, la decisión sobre el plan de medios le corresponde al servicio contratante, y no a las empresas adjudicatarias del Convenio Marco, y que cada servicio deberá cautelar la adecuada cobertura y proporción de medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, en función de las necesidades de cada campaña”.
Finalmente, la minuta sostiene que la adjuidicación fue técnica y en base a criterios de calidad y ahorro. “Fueron adjudicadas cinco empresas en base a los criterios y especificaciones técnicas objetivas y medibles establecidas en las bases, la gran mayoría de las cuales ya ha hecho campañas para servicios del Estado bajo otras administraciones”, sostiene.
“BBDO, por ejemplo, sólo el 2009 hizo dos campañas con el Ministerio de Educación bajo comisiones de 10% cada una, y otra para la Dirección de Movilización Nacional, con una comisión de 12,96%. Ahora, gracias al convenio marco, la misma agencia cobrará un tope de 6,5% de comisión en cada contrato que suscriba”, ejemplifica.
“Gracias a este convenio se pueden obtener comisiones inferiores producto de la competencia entre las cinco agencias adjudicadas, ya que el artículo 14 bis del reglamento de compras públicas obliga a hacer ofertas especiales a través de la tienda virtual en montos superiores a 1.000 UTM, con lo cual se podrán obtener ahorros significativos en precios y condiciones ya que las agencias adjudicadas deberán competir entre ellas y ofrecer porcentajes de comisiones iguales o menores a los adjudicados”, concluye.
