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Ley no tendría efecto retroactivo

Ejecutivo respalda norma que degrada a militares condenados por delitos de derechos humanos

por 8 agosto 2010

Ejecutivo respalda norma que degrada a militares condenados por delitos de derechos humanos
La disponibilidad del Gobierno fue valorada por parlamentarios de la oposición, tanto de la Concertación como del PC, pero admiten que ésta tendrá un cariz simbólico porque las sanciones comenzarán a regir sólo para los delitos cometidos con posterioridad. Por su parte, la diputada UDI, María Angélica Cristi, insta al Presidente a que cumpla lo prometido en campaña en 2009 y le entregue beneficios carcelarios a ex uniformados que están recluidos en el penal de Punta Peuco.

Luego de conocerse el mes pasado las condenas que recibieron ex militares por la muerte del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en un atentado ocurrido en Argentina en 1974, varios parlamentarios concertacionistas pusieron en el tapete de la discusión la eventual degradación de uniformados que sean condenados por delitos de derechos humanos.

La primera en alzar la voz fue la senadora socialista, Isabel Allende, quien señaló que no es posible que ex miembros de las Fuerzas Armadas mantengan el título de militares tras ser condenados por este tipo de hechos.

“Hay que buscar una modalidad en la que (los oficiales condenados) no solo sean degradados como militares, sino que tampoco puedan usar ese titulo porque no lo merecen'', sostuvo en esa oportunidad.

Una semana después de las condenas por el crimen del general Prats, el diputado DC Gabriel Ascencio ingresó a la Cámara Baja un proyecto de ley que degrada a los militares que sean condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos.

El miércoles pasado el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara donde se comenzó a debatir el proyecto, ocasión en que manifestó la disposición del Gobierno de apoyar la iniciativa legislativa.

Sin embargo, en esa oportunidad Ravinet sugirió que se incluyera como delitos de lesa humanidad la que se estipula en el Estatuto de Roma, lo cual tuvo una acogida favorable por parte de los parlamentarios.

De acuerdo al citado Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son aquellos “actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y que respondan a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

Proyecto no sería retroactivo

La buena disposición que tuvo La Moneda fue recibida favorablemente por los diputados de la Concertación y miembros de la Comisión.

Sin embargo, el presidente de la instancia, el PC Hugo Gutiérrez, dijo a La Tercera que este proyecto surge de un repudio que debe ser generalizado, lo cual se aprecia en las condenas contra los militares involucrados en el atentado que le costó la vida a Prats.

A pesar de la buena acogida por parte de los legisladores, todos concuerdan que este proyecto tiene un cariz simbólico, ya que no tiene el carácter retroactivo, lo que significa que la sanción comienza a regir solo en los delitos cometidos con posterioridad a que se promulgue la ley.

Esto supone que todos los ex uniformados que están en Punta Peuco continuarán manteniendo su estatus de “militares”.

Tanto Gutiérrez como Tucapel Jiménez valoraron la disposición del Ejecutivo de apoyar la moción parlamentaria, debido a que es un mensaje que se estaría dando en materia de derechos humanos.

Según Ascencio, su decisión se basa en la doctrina Cheyre, cuando señala que “nunca más” se repitan hechos como los ocurridos con posterioridad al golpe de Estado, pero destaca que es una señal potente, fundamentalmente al mundo militar, si el Ejecutivo apoya la iniciativa.

El próximo miércoles continuará el debate sobre el proyecto, pero esta vez se invitó al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto.

Diputada Cristi llama a Piñera a cumplir promesas de campaña

En tanto, la diputada UDI María Angélica Cristi pidió al Presidente Piñera a que cumpla las promesas hechas durante la campaña en 2009, cuando se reunió con cuatro organizaciones de militares en retiro.

Lo anterior se da tras la decisión del Mandatario de no entregar beneficios luego de dar a conocer su posición sobre sus criterios para conceder indultos.

Según la expresado por la parlamentaria oficialista a El Mercurio, en esa oportunidad el Mandatario no habló de amnistía o indulto en forma explícita, pero se comprometió a “velar para que la justicia se aplique a todos por igual”.

En ese contexto, la parlamentaria señaló el criterio de la correcta aplicación de la legislación, incluyendo el principio de prescripción de los procesos y la entrega de beneficios carcelarios.

Sin embargo, Cristi sostiene que en este último punto no se ha cumplido, porque “Piñera se comprometió a no discriminar. Por eso no se entiende que aún no se estén entregando derechos carcelarios a los militares; de hecho, en muchos casos ya se han negado”.

Y a reglón seguido precisa que este es un tema de voluntad política, ya que no se necesita tramitar ninguna nueva ley.

Finalmente, la diputada gremialista dijo que los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Justicia, Felipe Bulnes, quedaron en evaluar su inquietud tras su reunión con ellos en donde les solicitó que los beneficios se hagan extensivos a militares condenados.

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