Lo ocurrido la semana pasada cuando el Mandatario tomó cartas en el proyecto energético, pidiendo a un conocido empresario y amigo suyo que viera la posibilidad de que la empresa reubicara las instalaciones en otro lugar, dio rienda suelta para las críticas tanto de la oposición como del propio oficialismo. Incluso, algunos parlamentarios cuestionaron el actuar personalista del jefe de Estado que pone en entredicho la existencia de las reglas y del Estado de Derecho.
Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que la empresa Suez Energy reubicaría su proyecto termoeléctrico Barrancones en otro lugar y no en la reserva ecológica de Punta de Choros, la polémica se instaló en el ambiente ciudadano y político.
La ciudadanía recibió el martes pasado con indignación la decisión de la Corema de la IV Región, de aprobar el estudio de impacto ambiental que permitía la instalación de la central de 540 MW en la reserva de Punta de Choros. Esto motivó a que organizaciones sociales realizaran manifestaciones en todo el país para expresar el descontento con la instalación de una planta contaminante en un santuario de la naturaleza.
Esto fue sondeado por La Moneda tras la irrupción en las calles de miles de personas, lo cual fue analizado desde un punto de vista negativo para lo que podría ser la evaluación del Gobierno a futuro. Esto porque tras la notable gestión hecha en el caso de los mineros, que le costó incluso halagos de parte de la Concertación, el tema de la termoeléctrica era una “piedra en el zapato” para el Ejecutivo.
Otro tema adverso para el Gobierno fue la existencia de las conocidas redes sociales, ya que pocos minutos después de la aprobación se mostraba en Twitter la frase que Piñera pronunció como candidato oponiéndose a la instalación de Barrancones.
El personalismo de Piñera
Según consigna una información en La Tercera, el Mandatario tras conocer la controversia por Barrancones sostuvo un contacto telefónico con el empresario y amigo Juan Claro para que sondeara ante la empresa la posibilidad de cambiar la ubicación de la planta.
Sin embargo, el mismo día de la aprobación por parte de la Corema de la IV Región, el martes 24, Piñera se reunió con su núcleo más cercano a quienes les pidió un informe sobre los caminos legales que podrían tomar los opositores al proyecto para lograr paralizarlo. Estos eran tres, que iban desde recursos de protección a otros de nulidad en la justicia.
Sin embargo, un análisis político hecho junto a Rodrigo Hinzpeter daba muestras que aquí se estaba cuestionando su palabra empeñada en época de campaña, lo cual era preocupante debido a que en La Moneda se está haciendo hincapié en aumentar los índices de confiabilidad en las encuestas.
Para el miércoles, Piñera ya conocía que no había un camino expedito para la vía administrativa, debido a la nula existencia de conversaciones con la empresa, por lo que tendría que optar por un camino de tipo presidencial y por ende personalista.
Tras un nuevo llamado a su amigo Juan Claro, quien además posee una casa de veraneo en Punta de Choros, este le comunicó que Suez Energy estaba en disposición de conversar.
Esto fue la razón que motivó a Piñera, según señala La Tercera, a llamar al gerente de Suez Energy Latinoamérica, Jan Flachet; el de Andino, Manlio Alessi y el de Chile, Juan Clavería, a quienes les dio a conocer la necesidad de cambiar la ubicación de la planta por la existencia de vacíos relevantes en la legislación ambiental a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales.
Las críticas y apoyos
Uno de los más críticos a la forma en cómo el Presidente puso término a la polémica por el proyecto de Barrancones es el columnista de El Mercurio, Carlos Peña, quien este domingo considera como “inadmisible” lo realizado por Piñera.
Entre sus puntos expone que la sociedad tenía las herramientas legales necesarias para impedir la instalación de la central en esa zona, pero “Piñera –acicateado por el temor al abucheo- prefirió tomar un atajo, saltarse las reglas y echar mano al peor de los métodos. Tomó el teléfono, llamó a un amigo suyo, un influyente empresario que tiene casa en Punta de Choros, el lugar amenazado, y le encargó que, en su nombre, sugiriera a los inversionistas abandonar el proyecto”.
Y a reglón seguido sostiene que “¿Habrá alguien a quien le importe el valor de las instituciones que pueda aplaudir semejante mezcla de insensatez y narcisismo del Presidente? ¿Alguien a quien puede parecerle correcto que quien ejerce de Presidente de la República resuelva los asuntos de interés público con telefonazos entre amigos y saltándose la ley que, si obligaba a los inversionistas, lo obligaba todavía a él más”.
Por su parte, el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), también criticó la forma en cómo se concretó el acuerdo de reubicación del proyecto, afirmando que es una situación preocupante para el sistema democrático del país.
Incluso más, afirmó que esto no es la Venezuela de Chávez y que no se puede gobernar haciendo este tipo de cambios, porque en la práctica (es gobernar) de espaldas a la gente y privilegiando los intereses de unos pocos.
La misma crítica hizo el senador UDI, Jovino Novoa, quien señaló que “el Presidente en esto ha actuado al margen de la institucionalidad”.
Sin embargo, la defensa no se hizo esperar y la primera en salir al paso de los cuestionamientos de la forma de operar y excesivo protagonismo de Piñera fue la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, quien precisó que en la gestión del Mandatario hubo “mucho respeto de la institucionalidad”.
Otro secretario de Estado que cerró filas en torno a la figura presidencial fue el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien en el programa de TVN, Estado Nacional, dijo que si bien el Mandatario hizo «una gestión personal», no se trató de una «gestión entre amigos», sino una «propia del Presidente de la República».
