El empresario intentó que el abogado Jorge Gompertz, quien patrocinó a su ex esposa María Carolina Varela en el juicio por la compensación económica luego de estar casada por 18 años con el hombre de negocios, fuera sancionado por el Colegio de Abogados, por supuestas faltas a la ética. Esto luego que requieriera información a DyS sobre su patrimonio. La instancia sancionó al profesional. La Corte de Apelaciones lo confirmó pero el máximo tribunal estimó que el fallo, de sólo 215 caracteres- no era presentable y envió así una señal jurídica potente.
El poder del dinero es como un buen perfume que penetra en todos los espacios. Y el empresario y accionista de DyS, Nicolás Ibáñez Scott, lo sabe muy bien. En agosto de 2002, cuando La Nación Domingo publicó un amplio reportaje sobre la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su ahora ex esposa María Carolina Varela, envió a sus empleados de la red de distribución de Líder a comprar todos los ejemplares que se vendían en los kioskos. Pero la noticia corrió como reguero de pólvora y se imprimió una segunda edición para que los lectores accedieran a la información, convirtiendo la crónica de la periodista Marcela Ramos en una historia de culto.
Muy pocos se atrevían a enfrentar a este empresario genio del retail -sus amigos le dicen “almacenero”- ferviente Legionario de Cristo, oficial de reserva de la Armada, ávido e inteligente hombre de negocios, adrenalínico competidor náutico y paciente montañista que ha tocado cumbres sobre los 6 mil metros.
Pero ni su dinero ni sus influencias fueron suficientes para que el viernes pasado la Corte Suprema resolviera anular “de oficio”, la última arista de su divorcio.
Entre los abogados que tramitan divorcios -antiguamente llamadas nulidades- existe una máxima: indagar los bienes de un ex marido millonario demandado “de alimentos” o por “compensación económica” es casi imposible, ya que difuminan sus bienes y activos en distintas sociedades y cuentas en el extranjero. El caso de Ibáñez no fue la excepción.
El empresario se ha visto envuelto en una historia que cumple más de diez años desde que Varela -el 14 de julio de 2000- dejara una constancia en la 47º Comisaría de Carabineros por violencia intrafamiliar: “En circunstancias que teme a la reacción de su cónyuge, ya que éste la agredía física y sicológicamente desde el inicio de su matrimonio, insultándola con palabras groseras frente a sus tres hijos, cerró el domicilio y cambió la chapa de la puerta principal”.
[cita]Los supremos estimaron que la situación ocurrida en la Corte de Apelaciones era “a lo menos cuestionable”, dijo uno de ellos a este diario. Prueba de ello es que si siquiera verificaron los dos recursos de casación presentados por Arias, sino que se centraron en las “evidentes anomalías” que contenía la resolución. “A buen entendedor pocas palabras”, manifestó uno de los supremos, al ser consultado por el criterio usado para resolver.[/cita]
Los detalles de esta separación son muy parecidos a cualquier otra donde las partes han traspasado el límite del respeto. Ires y venires de frases dolorosas, recriminaciones, acusaciones mutuas que revelan inestabilidad.
De allí en adelante, Ibáñez decidió correr una larga carrera judicial en contra de su ex mujer, contratando a los estudios jurídicos más renombrados del país para hacer valer sus argumentos y, por cierto, evitar que se revelara en un tribunal su secreto mejor guardado: su patrimonio.
Enfrentarse a Ibáñez en un juicio, de cualquier especie, es una batalla difícil de ganar. Su dinero le permite acceder al mejor querellante o a la mejor defensa; sus patrocinantes presentarán una interminable cantidad de escritos y usarán todos los recursos judiciales que la ley les granjea con tal de ganar.
Pero hubo alguien que quiso correr el riesgo. Su nombre es Jorge Gompertz, el abogado que hace unos años defendía a María Carolina, en el marco del juicio relacionado al divorcio, relativo a la compensación económica que la mujer buscaba, luego de haber estado 18 años junto al hombre de negocios.
Gompertz vivió en carne propia la máxima de los abogados de familia. Buscó por cielo mar y tierra el patrimonio de Ibáñez. No tuvo suerte. Entonces hizo un giro estratégico y envió una carta al directorio de DyS, pidiendo información sobre el patrimonio del empresario, atendido que la ex esposa era accionista del conglomerado. Ibáñez, entonces, aduciendo que se había intentado mezclar sus problemas personales con los negocios -aunque el divorcio y sus detalles eran públicamente conocidos- decidió iniciar la guerra.
A través de su abogado Carlos Balbontín recurrió al Colegio de Abogados, argumentando una falta a la ética profesional de parte de Gompertz. Ibáñez buscaba una sanción, al menos simbólica, ya que la tuición de los colegios profesionales no tienen validez legal, salvo la publicación del fallo en la revista de la instancia.
Balbontín es un prestigioso profesional del foro que representa a los bancos. En distintos casos ha hecho gala de su agudeza jurídica. Uno de ellos es el proceso por los dineros de Pinochet en el Riggs, donde representó al Banco de Chile; también lo hizo con el Santander en el juicio contra los dueños de Inverlink, entre muchos otros. Además, patrocinó a principios de los 80 -cuando pertenecía al bufete de Alfredo Etcheberry- al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, tras un intento de asesinato-bomba. Su fotografía junto al ex Mandatario quedó registrada en los diarios de la época.
Quienes conocen a Balbontín -quien fue consultado pero no respondió- suelen contar una anécdota que lo tuvo muy cerca del entonces fiscal ad-hoc Fernando Torres Silva. Este último buscaba a toda costa conocer los registros financieros de personas ligadas al FPMR que estaban en el banco, que por entonces Balbontín representaba.
El abogado llegó con las llaves de la bodega donde se guardaban los registros. Se las entregó a Torres Silva -quien ya estaba en el lugar- para que revisara lo que quisiera. El ex general abrió las puertas y se encontró con cientos de cajas empolvadas que hacían imposible cualquier búsqueda racional de información. Torres Silva entonces se retiró indignado, no sin antes proferir una gama de palabras irreproducibles.
Una vez que la presentación de Ibáñez fue acogida a tramitación en el Colegio de Abogados, se inició la recopilación de antecedentes. El juicio fue rápido y Gompertz fue sancionado por faltas a la ética. Por entonces, el presidente del organismo colegiado era Enrique Barros, cuyo estudio también representaba a Ibáñez en otras materias, aunque se inhabilitó en la vista de este caso.
Sin embargo, entre los abogados hay cuestiones de honor jurídico que no se dejan pasar. Y se enarbolan banderas para la defensa. Gompertz hizo lo propio y contactó para que asumiera su patrocinio al abogado Cristián Arias, un ex profesional del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien llevó por varios años el proceso por el homicidio del ex líder sindical Tucapel Jiménez, antes de pasar a la Defensoría, para luego integrar el bufete Grasty y Compañía.
La única salida que Gompertz tenía para anular la sanción, era recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago. Remitidos los antecedentes, Arias expuso sus argumentos. Su cliente –dijo- no tuvo un debido proceso, ya que, entre otros detalles, no se le permitió que Ibáñez testificara para que diera cuenta de sus dichos.
Arias apuntó además a la inexistencia de un quórum mínimo para sancionar a su cliente. Y esto porque sólo seis de los consejeros del Colegio de Abogados -que no alcanzaban a representar un tercio de los 19- concurrieron al fallo, toda vez que los firmantes de la resolución eran menos que los que asistieron a los alegatos. En suma, según Arias, el castigo debía revocarse en todas sus partes.
Sin embargo, en agosto de 2008, los ministros de la Segunda Sala, Juan Manuel Muñoz Pardo Manuel Valderrama y el abogado integrante Manuel Hazbún, en fallo dividido, confirmaron la sanción del Colegio de Abogados. La preferencia de los dos primeros sólo tenía “215” caracteres, mientras que el último magistrado, en su voto disidente, escribió 9.319 en cuatro páginas para justificar que no había ninguna causal para sancionar a Gompertz ni que éste hubiera faltado a las normas éticas (ver fallo adjunto).
Pese a este revés judicial, Gompertz estaba decidido a defender su inocencia, por lo que recurrió a la Corte Suprema el 31 de diciembre de 2008, a través de dos recursos de casación, uno en “el fondo” y otro “en la forma”.
Arias adoptó en esta decisión estratégica, debido a que en 2005, durante la administración Lagos se dictó una modificación legal respecto a la tuición de los colegios profesionales sobre sus miembros. Básicamente, indicaba que cualquier ciudadano que se sintiera afectado por un profesional adscrito a este tipo de instancias, podía reclamar para lograr una sanción, si los antecedentes lo ameritaban.
La apuesta judicial era audaz. Era la primera vez -desde el cambio legal- que una materia ético-disciplinaria llegaba al máximo tribunal del país. Por ello el escenario era incierto, ya que no existía un criterio de fallo anterior en el que Arias y Gompertz pudieran basarse, al menos, para “predecir” la decisión.
Desde la fecha de presentación de los recursos y la admisbilidad de los mismos, transcurrió más de un año y medio hasta que el viernes pasado se conoció el fallo dictado por los ministros de la Tercera Sala (Constitucional), Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Roberto Jacob y el abogado integrante y ex ministro de Justicia, Luis Bates.
En el dictamen de siete páginas al que accedió El Mostrador, los supremos anularon “de oficio” la vista de la causa y la resolución del tribunal de alzada capitalino, ya que contenía vicios procesales insalvables, debido a que los “215” caracteres antes mencionados, no alcanzaban a cumplir siquiera el estándar mínimo de un tribunal que se precie de tal. A renglón seguido escribieron que los hechos denunciados por Gompertz nunca fueron ponderados bajo la “sana crítica” y no se fundamentó la decisión.
Por esta razón, los supremos inhabilitaron a los jueces que resolvieron la apelación (Muñoz Pardo y Valderrama) y ordenaron que sean otros quienes analicen la presentación de Gompertz, entregando de paso una potente señal jurídica.
Y es que los supremos estimaron que la situación ocurrida en la Corte de Apelaciones era “a lo menos cuestionable”, dijo uno de ellos a este diario. Prueba de ello es que si siquiera verificaron los dos recursos de casación presentados por Arias, sino que se centraron en las “evidentes anomalías” que contenía la resolución. “A buen entendedor pocas palabras”, manifestó uno de los supremos, al ser consultado por el criterio usado para resolver.
De hecho, el abogado integrante Bates, para explicar su decisión, recurrió al diario El Aracuano en su edición del 25 de noviembre de 1836, citando al primer rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello: “Una de las garantías más reales que la legislación puede ofrecer a un pueblo, es obligar a los jueces a dar cuenta a la nación de los fundamenos de sus juicios”.
Para el abogado Arias, la decisión adoptada por la Suprema “evidencia la vulneración del debido proceso a la que fue sometido mi cliente”.
“Si el máximo tribunal no hubiera estimado que había un grave déficit procesal, nunca hubiera anulado de oficio lo obrado por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que se trata una señal evidente en este sentido. Además, sienta un gran precedente de que los fallos deben ser explicados y fundados”, dijo Arias a este medio.
Sin embargo, no fue la única “iniciativa” usada por Ibáñez en contra de Gompertz. El empresario, a través del abogado Hugo Rivera -también otro destacado penalista del foro- le presentó una querella al patrocinante de su ex mujer en 2007. En esa oportunidad, el juzgado de garantía rechazó el libelo.
Rivera entonces apeló al tribunal de alzada y logró revocar la decisión. Por esta razón, el fiscal Centro Norte, Rodrigo de la Barra, se vio en la obligación de iniciar una investigación que se mantuvo abierta hasta 2008.
De la Barra no logró acreditar que los hechos cometidos por Gompertz revistieran caracteres de delito, por lo que llamó a las partes para informarles que el Ministerio Público había decidido “no perseverar” ante la justicia.
Finalizado este trámite judicial, los abogados Arias, Gompert y Nicolás Ibáñez -que se encontraba acompañado de su patrocinante Sergio Bunger, socio de Hugo Rivera- salieron de la oficina. Como mandan las normas de las buenas costumbres, todos se despidieron caballerosamente.
Según un testigo directo, el empresario le extendió la mano al abogado Arias, produciéndose la siguiente escena:
-Ibáñez: “Hay que ser cuidadoso en la vida, señor abogado”.
-Arias: “No se preocupe, yo sé cuidarme muy bien”.
El apretón de manos se prolongó por algunos segundos, mirándose fijamente a los ojos, con esa energía contenida que expele la firma de cualquier armisticio.
