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Corte Suprema dictó sentencia definitiva por secuestro calificado del sacerdote Antonio Llidó

por 1 septiembre 2010

Corte Suprema dictó sentencia definitiva por secuestro calificado del sacerdote Antonio Llidó
El máximo tribunal condenó a cinco años de presidio a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes. No obstante, el máximo tribunal les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, ocurrido a fines de septiembre de 1973, en la Región Metropolitana.

Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron a cinco años de presidio a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes. No obstante, el máximo tribunal les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En su resolución, conocida el martes último, los jueces también decidieron absolver por falta de participación a los ex agentes Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile interpuesta por la hermana de la víctima Josefa Llidó Mengual, tras acogerse la excepción de incompetencia absoluta del tribunal.

En primera instancia, el ministro en visita Jorge Zepeda -el 22 de septiembre de 2008- determinó penas de 7 años de presidio, sin beneficios, para los condenados Contreras, Moren, Krassnoff y Zapata así como la absolución de los sentenciados Ferrer, Lauriani y Manzo.

El juez también había ordenado el pago de una indemnización de $100 millones a la hermana de la víctima, lo que había sido ratificado íntegramente por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 14 de octubre de 2009.

La rebaja de la condena se determinó aplicando la atenuante de la media prescripción o prescripción incompleta, decisión que se adoptó con los votos favorables de los ministros Segura, Ballesteros y Dolmestch, y con la opinión contraria de los magistrados Rodríguez y Künsemüller.

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