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Arzobispo Ezzati urge por salida a situación de presos mapuches en huelga de hambre

El religioso, que visitó a ocho de los comuneros en ayuno que permanecen en las cárceles de Concepción y Lebu, insistió en que se está «ante un problema extremo que requiere un diálogo pronto». Y también celebró la disposición del gobierno a introducir cambios a la Ley Antiterrorista.


El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, urgió este viernes  por una salida a la situación de los 32 presos mapuches que mantienen una huelga de hambre, algunos desde hace 54 días, que calificó de «preocupante».

«La situación es preocupante y amerita un pronto diálogo que es siempre la posibilidad de sentarse a la mesa para poner los problemas al alcance de la racionalidad y buscar caminos que solucionen los problemas», dijo el religioso a la radio Cooperativa.

El religioso, que visitó a ocho de los comuneros en ayuno que permanecen en las cárceles de Concepción y Lebu, insistió en que se está «ante un problema extremo que requiere un diálogo pronto».

«Me alegré que el gobierno haya anunciado la posibilidad de un proyecto de cambio de ley (antiterrorista) y lo percibí como una esperanza, pero los detenidos piden garantías y espero que esas se puedan dar cuanto antes», remarcó.

Los mapuches, que se consideran presos políticos y algunos de los cuales iniciaron la huelga de hambre el pasado 12 de julio, rechazan la aplicación en sus casos de la legislación antiterrorista y ser sometidos a un doble juicio, ante la justicia militar y la justicia civil.

Hace unos días La Moneda anunció su intención de enviar al parlamento reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar, mientras la Iglesia Católica se ofreció a mediar y propuso instalar una mesa de diálogo para superar la coyuntura.

El presidente, Sebastián Piñera, dijo después de reunirse con los timoneles  de los partidos políticos, con los que abordó el tema, que su administración «va a luchar por salvar la vida de todos los chilenos con la misma fuerza» con la que han «luchado para salvar la vida de los mineros».

Para ello pidió la ayuda de «todos los que estén preocupados por la salud y vida de los huelguistas». Para «encontrar una solución que nos permita en este Bicentenario unirnos todos, más allá de nuestras diferencias por el Chile que todos queremos».

Según los mapuches, que están presos por hechos ocurridos en el marco de las reclamaciones por parte de algunas comunidades de tierras que consideran ancestrales, la aplicación de la ley antiterrorista y la justicia militar les limita el derecho a la defensa y a un justo proceso y supone penas más duras.

Ezzati confirmó haber tenido algunos contactos con el Gobierno y anunció que en los próximos días habrá novedades para generar acercamientos con los huelguistas.

«El día de ayer me llamó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, me dijo que al inicio de la próxima semana estaría listo un proyecto», señaló.

Remarcó además que los huelguistas «sólo piden un juicio justo» y precisó que no se ofrece como un posible mediador, pues «hay personas más capacitadas para eso, aunque eso depende de las dos partes involucradas».

Reiteró que a medida que pasan los días, «las cosas se van agravando» y recordó que ayer dos de los presos (Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo) debieron ser llevado al hospital por descompensaciones de salud.

«No tenemos demasiado tiempo y es un problema que hay que enfrentar con mucha conciencia y capacidad de intervenir lo antes posible», señaló.

En tanto, a través de una declaración pública de la Agrupación de Derechos Humanos «Liberar», que los agrupa, los abogados defensores de los mapuches denunciaron estar siendo hostigados por parte de los fiscales del Ministerio Público, mediante diversas acciones.

Entre ellas, según el texto, intervenciones telefónicas, seguimientos por parte de la Policía, citaciones como testigos o amenazas verbales.

«Consideramos que estos procedimientos no se ajustan al principio de legalidad en un Estado de Derecho», dice el texto, que añade que la Agrupación recurrirá a las instancias legales que sean necesarias para la protección de los profesionales.

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