“Hubo efectivamente una tardanza, es un hecho claro, es un hecho irrefutable y en ese sentido no estamos más que señalando que, evidentemente, la única persona que puede establecer un decreto de estado excepción y firmarlo es quien conduce las riendas del Estado”, opinó el diputado de la UDI Jorge Ulloa.
Por mayoría de siete votos a favor, la Comisión Investigadora sobre Desastre Natural de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones sobre la base de la propuesta que presentara la derecha, texto que asigna responsabilidades a la ex presidenta Michelle Bachelet por la tardanza en decretar el Estado de Excepción para impedir el estallido de desórdenes sociales en las zonas más afectadas.
Esta última consideración no fue aceptada por la oposición, lo cual motivó a presentar un informe de minoría que, en lo medular, reconoce los esfuerzos del Gobierno anterior por controlar la situación. En dicho texto, se recuerda que a las 9.00 AM, la ex mandataria firmó el decreto que establecía la zona de catástrofe en las regiones del Maule y Bíobio y que en esa misma tarde se convocó para las 10:00 AM del domingo una reunión para determinar los generales que estarían a cargo de las operaciones y analizar el decreto que agrega a las tareas inmediatas la posibilidad de hacer uso de las armas frente a desorden sociales.
El presidente de la comisión, diputado Jorge Ulloa (UDI), destacó que se pudo concordar en más de un 90%, constituyendo la excepción a este tema. “La Concertación no aceptó de ninguna manera, entender que hubo un retraso en lo que fue la dictación de la norma que fijaba el Estado de Excepción, que permitía el control de las Fuerzas Armadas y del orden público. Eso es lo que nos ha hecho no tener un informe único”, indicó.
Ulloa confidenció que Michelle Bachelet le comunicó personalmente que ella que no fue informada sino hasta el día domingo sobre los desórdenes, pero cuestionó que eso no se vio reflejado en lo testificado por el Ministro de Defensa ni por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, que señalaron que desde la tarde del sábado estaban listos los decretos que fijaban el Estado de Excepción.
“Hubo efectivamente una tardanza, es un hecho claro, es un hecho irrefutable y en ese sentido no estamos más que señalando que, evidentemente, la única persona que puede establecer un decreto de estado excepción y firmarlo es quien conduce las riendas del Estado”, insistió.
Los diputados RN Cristián Monckeberg y Frank Sauerbaum, junto con el diputado UDI Enrique Van Rysselberghe, lamentaron que los diputados de la Concertación y del PC no hayan apoyado la propuesta presentada por el oficialismo, pese a que considerar que las críticas a la ex Mandataria representan un punto muy específico dentro del contexto general del informe.
“Hemos hecho un trabajo bastante arduo para determinar las responsabilidades y los errores que se cometieron, antes, durante y después del terremoto y del tsunami y creemos que hay un buen trabajo de todos los diputados, lamentablemente en la Concertación operó el criterio de proteger a la ex Presidenta”, precisó Cristián Monckeberg. “Lamento el ánimo de diluir una responsabilidad que fue clara de la ex Presidenta Bachelet, que fue la mantención del orden público en las regiones más afectadas por el terremoto”, acotó Van Rysselberghe.
El diputado Pepe Auth (PPD) expresó su decepción por no poder concurrir a un informe común, aunque dijo que ya se preveía después de que la Alianza presentara la semana pasada una propuesta firmada por los siete diputados de ese sector, lo que contradecía la idea de crear un texto consensuado al interior de la Comisión.
“Hay un amplio campo de coincidencias, pero hay también hay un campo de disenso. Tenemos opiniones distintas respecto de las responsabilidades. Ellos le torcieron la nariz al trabajo de la Comisión al final, como si hubiesen recibido una instrucción e intentaron orientar los fuegos hacia la ex Presidenta Bachelet, afortunadamente las conversaciones que tuvimos permitió que se amortiguaran las aristas del informe de la Alianza, porque entre el preinforme y el presentado hay diferencias, pero sigue conteniendo apreciaciones inapropiadas e injustas”, enfatizó.
El diputado Ricardo Rincón cuestionó la facultad de la mayoría de establecer en el informe responsabilidades políticas, recalcando que ello vulnera el mandato establecido por la Sala que es investigar el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente al terremoto y tsunami que azotó a varias regiones del país el 27 de febrero pasado.
En esa línea, dejó una constancia reglamentaria, estimando que no procede identificar responsabilidades institucionalidades en personas concretas.
