La Contraloría lo sumarió cuando era el brazo derecho del alcalde de Vitacura, ya que junto al funcionario Gustavo Bravo -actual jefe de finanzas de la Subdere- se “reunieron y mantuvieron comunicaciones” con los “representantes” de la consultora del ex ministro de Lagos, Javier Etcheberry, quienes participaban de una licitación con el municipio, la que coincidentemente ganaron. El organismo fiscalizador les aplicó una sanción que el edil sobreseyó. Sin embargo, la entidad revisora no aceptó los argumentos del jefe comunal y devolvió el oficio para que los castigue.
Desde el 11 de marzo, Aldo Sabat Pietracaprina -hermano de Pedro, el alcalde de Ñuñoa- se desempeña como el director administrativo de la Presidencia. Un cargo nada despreciable y por quien pasan todas las decisiones de pago de la Presidencia, es decir, una persona de absoluta confianza.
Este administrador público e ingeniero comercial, independiente pro RN, ex candidato a diputado en 2001 -obtuvo 14.183 votos en el distrito La Granja, Macul, San Joaquín, pero no fue electo- llegó al cargo en La Moneda, luego de ser el administrador municipal de Vitacura, donde laboraba como el brazo derecho del edil, Raúl Torrealba (RN).
Pero su carrera se vio afectada en 2008, luego que se descubriera que el jefe de seguridad ciudadana, el coronel (R) de Carabineros, el mediático Pedro Valdivia, tenía una empresa con la cual triangulaba dineros para beneficio personal, en la que Sabat también mantenía vínculos comerciales, según publicó Ciper Chile.
Pero no fue el único problema que ha tenido Sabat Pietracaprina en la alcaldía, una de las más ricas de Chile. También fue sumariado por la Contraloría junto a Gustavo Bravo Aris, ex secretario comunal de Planificación y Coordinación -y oficial de reserva de la Armada- quien trabaja actualmente en la Subsecretaría de Desarrollo Regional como jefe de la División de Administración y Finanzas.
Ambos fueron indagados por el organismo fiscalizador, luego que se descubriera que se “reunieron y mantuvieron comunicaciones” con los “representantes” de la consultora Etcheberry, donde conversaron materias relativas a una licitación pública sobre asesorías comunicacionales y servicios web.
[cita]También fue sumariado por la Contraloría junto a Gustavo Bravo Aris, ex secretario comunal de Planificación y Coordinación -y oficial de reserva de la Armada- quien trabaja actualmente en la Subsecretaría de Desarrollo Regional como jefe de la División de Administración y Finanzas.[/cita]
El hecho podría no tener particularidad alguna, salvo que el concurso fue ganado por la misma firma. El dueño de esta última es el ex presidente del Banco Estado, ex ministro de Obras Públicas (MOP) y ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.
Cuando la Contraloría terminó la indagatoria y formuló cargos a Sabat Pietracaprina y Bravo Aris, le propuso una sanción para que el edil Torrealba la aplicara. Era sólo un 5% por ciento del sueldo como castigo.
Si bien se trataba de una sanción menor, Torrealba, comentaron fuentes de la municipalidad, prefirió sobreseerlos sin dar mayores explicaciones. Lo anterior, porque ya estaban trabajando en el gobierno y era mejor evitar cualquier ruido al respecto.
Sin embargo, cuando la decisión de la autoridad comunal llegó a la institución dirigida por Ramiro Mendoza, las cosas cambiaron. A través de un dictamen emitido el julio pasado, la decisión de Torrealba fue revocada y devuelta.
El razonamiento de la Contraloría fue que la explicación para sobreseer a ambos funcionarios no se ajustaba ni al “carácter objetivo y atingentes a la situación investigada”, ni al “mérito del proceso”, como tampoco “ajustadas a la legalidad”.
De hecho, Torrealba ocupó la misma defensa que hicieron Sabat Pietracaprina y Bravo Aris durante la investigación, en orden a que las reuniones estaban amparadas por la ley, hecho que no fue acogido por la entidad fiscalizadora, “porque en ningún caso ampara situaciones como de la especie”.
No es la primera vez que el edil ha estado en el ojo de la Contraloría. En 2009 le inició un juicio de cuentas, luego que resolviera otorgar becas de estudios a la Fundación Pinochet.
