El Gobierno chileno está ahora a la espera de que la Justicia argentina comunique a la Cancillería sobre el pedido de extradición de Apablaza para que ésta última decida si da curso al traslado.
La Comisión Nacional de Refugiados de Argentina analiza la petición de asilo efectuada por Galvarino Apablaza Guerra.
«No es la presidenta (Cristina Fernández) quien tiene que opinar, sino la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Dejemos que sea la propia comisión la que se expida», dijo hoy el jefe del gabinete argentino, Aníbal Fernández.
«No quiero opinar porque sino pareciera que uno trata de influir sobre esa situación», señaló en declaraciones a radios locales.
Apablaza Guerra, quien reside en las afueras de Buenos Aires, solicitó la condición de refugiado político años atrás, pero su situación volvió a cobrar protagonismo el pasado martes, cuando la Corte Suprema de Justicia de Argentina autorizó su extradición a Chile, que busca juzgarle por el crimen del senador Jaime Guzmán.
El máximo tribunal consideró procedente la extradición de quien fuera líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), salvo que el Gobierno argentino le otorgue la condición de refugiado político, lo que impediría su traslado a Chile.
«Después de expedirse la Corte, igualmente participa la Conare, que es una comisión que la propia ley de migraciones creó, porque Argentina recibe muchos pedidos de refugio, y son los que realmente terminan analizando» el pedido, explicó el jefe de Gabinete.
De la Conare participan representantes del ministerio del Interior, de la Cancillería y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país.
«Todavía falta que se expida la Conare y recién ahí podemos hablar. Mientras tanto, nadie puede opinar de ese tema porque hay un área específica por ley que se ocupa de analizar los casos, establecer las razones y definir si corresponde o no», sostuvo Aníbal Fernández.
De todas formas, la propia Corte Suprema argentina señaló en su fallo que la determinación final depende del Ejecutivo de Cristina Fernández en vista de los derechos que le corresponden al acusado por aplicación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado.
El tribunal destacó en el dictamen que tal legislación sostiene que «ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».
El abogado Gustavo Gené, quien representa al Gobierno de Chile en Argentina, dijo hoy que «es difícil» que le otorguen el carácter de refugiado a Apablaza Guerra porque «la Corte estableció que el crimen de Guzmán no es un delito político».
Gené pidió este miércoles ante el juez federal de Buenos Aires Claudio Bonadío que el ex guerrillero vuelva a ser arrestado, como lo estuvo en 2004 durante unos meses hasta que un fallo de primera instancia denegó su extradición a Chile, lo que dio paso a una apelación de las autoridades chilenas que desembocó en el pronunciamiento de la Corte Suprema argentina.
«Cuando se pide la extradición de alguien, se arresta a esa persona y se la mantiene detenida hasta el fallo de primera instancia, que en este caso, en 2005, rechazó la extradición, por lo que se lo dejó en libertad. Pero como ahora la Corte revocó esa decisión, tiene que volver al estado de arresto», postuló Gené.
El Gobierno está ahora a la espera de que la Justicia argentina comunique a la Cancillería sobre el pedido de extradición de Apablaza para que ésta última decida si da curso al traslado.
En tanto, organismos humanitarios de Argentina, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, pidieron ayer que el Gobierno otorgue la condición de refugiado político al ex guerrillero.
