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Timonel del PS reitera críticas al gobierno por cómo ha enfrentado la huelga de presos mapuche

«La obcecación del gobierno ha obligado a la Cámara de Diputados a pronunciarse respecto de ello y ha obligado al oficialismo a votar en contra de indicaciones que claramente se hacían cargo del problema. Nos hemos encontrado con un gobierno que no escucha», dijo el diputado junto a otros miembros de su bancada al comentar el rechazo en la Cámara baja del proyecto que reforma la Ley Antiterrorista.


La bancada de diputados del Partido Socialista lamentó la falta de voluntad del gobierno para solucionar la huelga de hambre que desde hace 73 días mantienen comuneros mapuches en cárceles del sur del país.

El grupo de parlamentarios acusó una total falta de interés de las autoridades por hacerse cargo del tema, luego que la cámara baja rechazara las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la ley Antiterrorista y también las indicaciones ingresadas por la Concertación, que buscaban eliminar la tipificación del delito de incendio contra la propiedad privada, entre otros puntos.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, acusó al Ejecutivo de actuar con soberbia y recalcó que el proyecto no apuntaba a resolver la huelga de los comuneros.

«La obcecación del gobierno ha obligado a la Cámara de Diputados a pronunciarse respecto de ello y ha obligado al oficialismo a votar en contra de indicaciones que claramente se hacían cargo del problema. Nos hemos encontrado con un gobierno que no escucha», dijo.

Andrade, sin embargo, advirtió que la oposición perseverará para colaborar en la solución del conflicto que mantiene a los comuneros en evidente riesgo de vida y que exigen no ser juzgados por la ley Antiterrorista.

En tanto, el diputado Sergio Aguiló, sostuvo que la Ley Antiterrorista ha sido aplicada exclusivamente contra el pueblo mapuche «de manera racista y discriminatoria».

Asimismo, el parlamentario planteó que esta normativa tiene disposiciones excesivas, como la caracterización del delito de «incendio terrorista» que contempla penas de hasta 40 años de cárcel para atentados incendiarios, sin que existan muertos o heridos.

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