«En la Araucanía ha habido violencia estos años. No la compartimos ni la justificamos. Pero esa violencia es fruto de una violencia mucho mayor que el Estado de Chile ha ejercido sobre el Pueblo Mapuche», sostuvo.
La comunidad jesuita de Tirúa publicó esta semana la declaración «Para entender la situación actual de la huelga de hambre«, sobre el momento presente de los comuneros mapuche.
En ella, sostienen: “En la Araucanía ha habido violencia estos años. No la compartimos ni la justificamos. Pero esa violencia es fruto de una violencia mucho mayor que el Estado de Chile ha ejercido sobre el Pueblo Mapuche discriminando, usurpando, despojando, negando y desconociendo la vida del pueblo mapuche en la leyes, en la persecución legal y política. Sin entender esto no entenderemos a los presos”.
Agregando que “es importante en esta hora dramática comprender la decisión de nuestros hermanos”.
Por tal motivo, plantean: “El conflicto que ha llevado a esta situación no es un problema de la relación entre el poder ejecutivo y el pueblo mapuche; es un problema de todo el Estado”.
“En la aplicación de la Ley Anti Terrorista convergen los tres poderes: una política de criminalización sistemática de la demanda y la reivindicación mapuche; una ley aprobada y no corregida por el poder ejecutivo; y una resuelta persecución y aplicación de dicha ley por parte del poder judicial en contra de los mapuches. Todo esto ya había sido cuestionado y denunciado por la ONU y los organismos de derechos humanos”, agregó.
Haciendo hincapié en que “si los presos aceptaban ahora lo que ofrecía el gobierno podría suceder que todo siguiera igual: que el poder legislativo no corrija verdaderamente la Ley Anti Terrorista y que el poder judicial siga aplicando una ley deficiente en forma discriminatoria”.
Respecto a los pasos seguidos por La Moneda, los jesuitas son claros en señalar que “el gobierno dice que cumplió al pedir la revisión de la Ley Anti Terrorista, y sin embargo mantiene dos elementos no aceptados por los abogados e instituciones de derechos humanos: el incendio de vivienda sin moradores como un acto terrorista y la ambigua afirmación de actos que causen miedo. Esto no es aceptable no sólo para los mapuches, sino para todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Concluye señalando que “todos los poderes del Estado tienen responsabilidad en haber llegado a este punto. Toda la sociedad chilena lo tenemos. No es necesario recordar toda la historia. Nuestros hermanos mapuches lo saben y así lo expresan en su decisión de continuar en la huelga de hambre hasta que no sea el Estado en todos sus estamentos el que inicie un nuevo camino. Nosotros volvemos a urgir a todos los que pueden hacer algo –y sabemos que sí se puede- a que reaccionen antes que la vida de algún hermano se apague”.
