Un juzgado de Caldera ordenó arraigo nacional para los dueños de la veta, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, a quienes procesó por el delito de «lesiones graves gravísimas» tras la amputación que sufrió Gino Cortés mientras trabajaba en esa mina.
La justicia ordenó este viernes el procesamiento de los dueños del yacimiento San José, donde se encuentran atrapados 33 mineros, por un accidente anterior al derrumbe y que provocó la amputación de la pierna de un trabajador.
Según fuentes judiciales, un juzgado de Caldera, ordenó arraigo nacional para los dueños de la veta, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, a quienes procesó por el delito de «lesiones graves gravísimas» tras la amputación que sufrió Gino Cortés mientras trabajaba en esa mina.
Por el accidente que ocurrió en julio del año pasado, cuando se desplomó una roca de 100 kilos sobre la extremidad inferior de Cortés, fueron procesados también el gerente general de operaciones de la minera San Esteban, propietaria de la veta, Pedro Simunovic, y el jefe de operaciones, Carlos Pinilla.
El pasado 23 de agosto, el Presidente Sebastián Piñera, anunció sanciones para «todos los que tengan responsabilidades» en el accidente de la mina ocurrido el 5 de agosto, que mantiene atrapados con vida a 32 mineros.
«Vamos a sancionar a todos los que tengan responsabilidades en este accidente, tanto civiles como penales», dijo el mandatario en ese momento, durante un acto en el Palacio de la Moneda.
Hay que «sacar lecciones» de este accidente, recalcó el mandatario, quien denunció que actualmente es más fácil para los empresarios que infringen las normas sobre seguridad laboral pagar las multas que corregir los problemas.
Lo ocurrido en este yacimiento de la región de Atacama debe servir para dar «un gigantesco salto adelante en la dignidad, la seguridad y las condiciones en que trabajan siete millones de chilenos», agregó el mandatario.
Este jueves, los familiares de 27 de los 33 mineros atrapados presentaron una demanda por 12 millones de dólares en contra de la Compañía Minera San Esteban, propietaria de la veta siniestrada.
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, dijo que la demanda busca reparar los daños psicológicos de los obreros «porque es un hecho que ellos no saldrán con el mismo ánimo ni tampoco saldrán de la misma forma que entraron».
En tanto, el abogado Edgardo Reynoso, explicó que la iniciativa legal anunciada en contra del Estado, y de quienes resulten responsables por la reapertura del yacimiento San José, se interpondrá la próxima semana.
Los 33 mineros se encuentran atrapados desde el pasado 5 de agosto a unos 700 metros de profundidad y su rescate se estima para mediados de octubre, según las autoridades de Gobierno y los expertos en rescate.
