La mandataria consideró que ante otro pedido de extradición, en 2005, el tribunal supremo rechazó la solicitud y opinó que «llama la atención que la misma CSJN (Corte), concedió la extradición del chileno «.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, cuestionó la autorización de la Corte Suprema de Justicia a la extradición del chileno Sergio Galvarino Apablaza, mientras la oposición volvió este domingo a criticar la decisión oficial de habilitar la permanencia del ex guerrillero en el país.
«Apablaza vive en Argentina desde 1993 y tiene 3 hijos argentinos. El fallo salió justo 5 días antes que viajara a Chile por el bicentenario» del país vecino, escribió este fin de semana Fernández en su Twitter.
La mandataria se refirió así al caso después de que la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (Conare) otorgara el jueves la condición de asilado político al ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), reclamado por su país para ser juzgado por el crimen del senador derechista Jaime Guzmán, en 1991.
El otorgamiento de la condición de refugiado político por parte del organismo interministerial frenó el proceso de extradición que había autorizado la Corte el pasado 14 de septiembre, aunque el tribunal había aclarado que el traslado a Chile quedaba sujeto a la determinación de la Conare.
En tanto, el vicepresidente argentino, Julio Cobos, anticipó hoy que le llegó un «pedido» de la titular de la Cámara de Diputados de Chile, Alejandra Sepúlveda, para que el caso de Apablaza «sea considerado en el Congreso» argentino.
Por su parte, Fernández consideró que ante otro pedido de extradición, en 2005, el tribunal supremo rechazó la solicitud y opinó que «llama la atención que la misma CSJN (Corte), concedió la extradición del chileno Apablaza».
La Corte dictó en 2005 «un fallo rechazando el pedido de extradición del etarra Lariz Iriondo, solicitado por España» y «acusado de más de 11 delitos: ser de la ETA, bombas en bancos, comisarías, policías heridos y un montón de cosas similares», recordó la mandataria.
El caso de Apablaza cobró protagonismo en medio de la controversia entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia por una serie de medidas cuestionadas por el oficialismo, entre ellas la autorización de la extradición del ex guerrillero, que reside en las afueras de Buenos Aires junto a su esposa, que trabaja en la sede del Ejecutivo, y sus tres hijos.
«Esta es una de las cortes con mayor prestigio social que hemos tenido por la calidad de sus integrantes, que merece respeto como institución. Ante una decisión de la Corte, el Estado debe acatarla. Hay que terminar con los agravios y descalificaciones», sostuvo Cobos, enfrentado a Cristina Fernández y señalado como posible candidato a presidente en 2011.
«Ambos países quieren tener la mejor relación. Nos necesitamos el uno al otro y espero que este tema se resuelva con la mejor racionalidad», señaló el vicepresidente y titular del Senado, que milita en las filas de la opositora Unión Cívica Radical (UCR).
Este último partido, segunda fuerza parlamentaria de Argentina, emitió a su vez un comunicado en el que calificó el asilo político a Apablaza como «una afrenta inconcebible» y «ofensivo hacia el país que lo requiere».
A tono, el jefe de la opositora Propuesta Republicana en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, consideró que la decisión argentina es una «agresión injustificada al vecino país», mientras que el legislador demócrata Omar De Marchi opinó que «genera un daño enorme y representa un doble retroceso en materia de derechos humanos y en las relaciones bilaterales con Chile».
El presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que la concesión del asilo político al ex guerrillero es un «golpe a la causa de los derechos humanos en Chile» y admitió que «no contribuye en nada» a las relaciones bilaterales.
En tanto, la oficialista Unión Demócrata Independiente chilena (UDI), fundado por el propio Guzmán, evalúa recurrir a organismos internacionales para tratar de revertir la decisión tomada el jueves por la comisión interministerial.
Apablaza está procesado en Chile por el asesinato del senador, ocurrido en los inicios de la recuperación democrática tras la dictadura de Pinochet (1973-1990), de la que Guzmán fue uno de los principales ideólogos.
