El Mostrador tuvo acceso íntegro a la causa de más de 5 mil fojas, donde están plasmados una serie de hechos que llaman a la duda sobre las verdaderas vinculaciones de la Oficina con el FPMR. Las denuncias de ex detectives que aseguran que hubo protección estatal para que algunos frentistas huyeran sin enfrentar la justicia. Una misteriosa sicóloga francesa que permite a Investigaciones grabar a la plana mayor del FPMR sin que sean detenidos. Un informante muerto, y otros detalles desconocidos, forman parte de la indagatoria del ministro Mario Carroza.
El 1 de abril de 1991, pasadas las 18 horas, el entonces teniente de Carabineros Rolando Casanueva de Rosas, transitaba por las inmediaciones del Campus Oriente de la Universidad Católica, cuando un grupo de desconocidos disparó a quemarropa al senador de la UDI Jaime Guzmán.
Casanueva salió en persecución de los individuos, pisándoles los talones, pero les perdió el rastro, debido al intenso tráfico, en las cercanías de la Plaza Ñuñoa, donde abandonaron el vehículo en el que huían.
De seguro Casanueva, junto a la profesora Marianne Henning y Ruben Yocelevzky -un miembro de la logia masónica Salvador Allende- nunca más borraron de su memoria el hecho. Tampoco el chofer del parlamentario, Luis Fuentes Silva, quien luego de los disparos manejó rápidamente el Subarú Legacy hacia la sede partidaria de calle Suecia, para que Guzmán fuera llevado a un centro asistencial. Una vez allí, el militante Pedro Paez Ceroni resolvió su traslado inmediato al hospital militar, distante sólo unas cuadras, donde finalmente Guzmán falleció debido a la gravedad de las heridas.
Así comienza el primer parte policial incoado en el expediente por el homicidio del líder gremialista, a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyo contenido publicará El Mostrador en varios capítulos.
El caso Guzmán volvió a la agenda noticiosa a principios de septiembre, luego de que Mauricio Hernández Norambuena, comandante “Ramiro”, otorgara una entrevista a Chilevisión, donde vinculó a Enrique Villanueva Molina, el comandante “Eduardo”, como una de las personas que, al menos, tuvo conocimiento de la decisión del FPMR de asesinar a Guzmán, toda vez que sembró dudas sobre su presunta calidad de informante de la “Oficina”.
Hernández Norambuena cumple prisión en Brasil, luego de participar en el secuestro del empresario Washington Olivetto, previa condena en Chile como autor del homicidio del senador y el secuestro de Cristián Edwards, sanciones que no alcanzó a cumplir en su totalidad, ya que en diciembre de 1996 fue rescatado desde la Cárcel de Alta Seguridad, en una espectacular evasión en helicóptero.
[cita]Entre las autoridades políticas y las policías cundía el desconcierto. No había claridad alguna de los autores del hecho. ¿El FPMR? ¿El Mapu-Lautaro? La única verdad a esa hora es que Guzmán había muerto y el gobierno enfrentaba la primera gran crisis.[/cita]
Las palabras vertidas por Ramiro hicieron rodar una bola de nieve. Era la primera vez que un autor material del crimen del parlamentario aseguraba de que la dirigencia, a la que pertenecía Villanueva Molina, había aprobado el “ajusticiamiento”.
Lo que vino después fue simple. El ex ministro de la dictadura, Francisco Javier Cuadra, dijo que el Ejército le informó con días de anticipación que el FPMR quería atentar contra Guzmán.
El magistrado Mario Carroza, con todos los antecedentes en la mano, procesó la semana pasada a Villanueva Molina en calidad de coautor del crimen de Guzmán, mientras que en Argentina se le otorgó asilo político a Galvarino Apablaza, “Salvador”, pese a que la Corte Suprema había aprobado el pedido de extradición librado desde Chile, generando la irritación de la UDI y el gobierno.
Sin embargo, en el expediente al que tuvo acceso este diario, están plasmados una serie de hechos que llaman a la duda sobre las verdaderas vinculaciones de la Oficina con el FPMR; las denuncias de ex detectives que aseguran que hubo protección estatal para que algunos frentistas huyeran sin enfrentar la justicia; una misteriosa sicóloga francesa que permite a Investigaciones grabar a la plana mayor del FPMR en el centro de Providencia sin que sean detenidos, entre otros muchos detalles, algunos de ellos desconocidos, que cobran relevancia precisamente para la comprensión de la reapertura del caso Guzmán.
A las 18.30 de ese 1 de abril de 1991, el entonces sargento segundo de Carabineros Manuel Raimán Meliñir, llegó acompañado de un grupo de funcionarios hasta el Campus Oriente de la UC. Hacía pocos minutos el senador de la UDI, Jaime Guzmán, había sido baleado por desconocidos cuando se encontraba en su automóvil, luego de hacer clases en la Facultad de Derecho.
El uniformado acordonó el lugar para proteger el sitio del suceso, mientras llegaba el Laboratorio de Criminalística (Labocar), que haría los peritajes correspondientes. Como manda la norma, Raimán elaboró un croquis, que quedó adjunto al primer parte que firmó el entonces mayor Juan Donati Pino.
Entre las autoridades políticas y las policías cundía el desconcierto. No había claridad alguna de los autores del hecho. ¿El FPMR? ¿El Mapu-Lautaro? La única verdad a esa hora es que Guzmán había muerto y el gobierno enfrentaba así la primera gran crisis, a poco más de un año de haber llegado al poder por la vía democrática.
Esa noche, la magistrada del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Elsa Chiaradia Gutiérrez, sobre cuya jurisdicción recayó la investigación del homicidio, sólo tenía una cosa clara: al día siguiente, alcanzaría a abrir el llamado “auto cabeza de proceso” con lo que se daba inicio al sumario, ya que la gravedad del hecho hacía inminente el nombramiento de un ministro en visita.
Todo sucedió como Chiaradia pensó. A primera hora del 2 de abril, el inspector de Investigaciones Juan Jiménez Ortíz ya estaba esperando en las afueras de su despacho. La magistrada ordenó entonces tomarle declaración. No es que el detective tuviera alguna participación en los hechos, era sólo que el antiguo sistema de persecución penal de los delitos habían formalidades -mas aún tratándose del atentado a un miembro del Senado- que no podían obviarse.
Jiménez Ortíz, en su testimonio, le informó a la jueza que pertenecía a la Brigada de Homicidios (BH) que se dedicaría a ubicar a los responsables de la muerte de Guzmán.
“Nuestra unidad requiere que SS decrete la orden de investigar con facultades amplias y un oficio que nos permita retirar del Instituto Médico Legal las ropas que usaba el señor Guzmán y el proyectil o los proyectiles extraídos del cadáver en la respectiva autopsia”, dijo a Jiménez al actuario.
Chiaradia hizo lo propio, pero esa misma mañana el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, debido a la connotación pública del homicidio, nombró al ministro Guillermo Navas para que investigara el hecho.
No sería Navas ni la BH, conforme se fueron desarrollando los hechos, los que finalmente terminarían por aclarar completamente la muerte de Guzmán. De eso han pasado ya casi 20 años y muchas verdades siguen ocultas.
