A casi dos meses del crimen, la policía uniformada detuvo a varios sujetos vinculados al FPMR con armas y munición de guerra. Fue una pista que el magistrado investigó rápidamente. Los dejó libres en su causa, pero quedaron presos inmediatamente en otra de su colega Fernando Carreño. Hasta ahí había pistas, indicios, sospechas, pero nada concreto.
El entonces presidente subrogante de la Corte Suprema, Rafael Retamal, levantó el teléfono y se comunicó personalmente con el ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo Navas. En pocas palabras, le indicó que había sido nombrado por el pleno -previo requerimiento del entonces ministro del Interior, Enrique Krauss- para sustanciar el proceso por el homicidio de Guzmán, a menos de 24 horas de ocurrido el hecho. Era el 2 de octubre de 1991.
Apenas supo de su designación, Navas se constituyó en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, donde quedó radicado el caso. De inmediato resolvió trabajar con el Departamento de Inteligencia de Carabineros y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), y con la policía civil.
Para evitar problemas de egos entre ambos cuerpos armados, Navas, en su primera resolución, dejó una advertencia: “Deberán actuar en forma coordinada, intercambiándose en lo posible, los logros y antecedentes útiles para un mejor resultado de las pesquisas, oficiándose al respecto”.
Los antecedentes constan en el expediente de cinco mil fojas al que tuvo acceso El Mostrador.
El primero en pisar el despacho del ministro fue Rubén Yocelevzky, un miembro de la logia masónica Salvador Allende que circulaba en su auto cuando ocurrió el crimen.
Este, entre otros detalles, aseguró que se encontraba a menos de treinta metros del hecho y que al oír los disparos que dos sujetos distintos hicieron sobre Guzmán, se guareció, “ya que me encontraba en la línea de fuego”.
Terminado el crimen de Guzmán, los sujetos corrieron por Regina Pacis, una calle cercana al Campus Oriente de la UC. Yocelevzky aceleró su vehículo y salió en su búsqueda, y casi los alcanza, a no ser por un vehículo que se interpuso, aunque de todas formas vio cómo abordaban un Chevrolet Opala negro, desapareciendo rápidamente del lugar. Pero no cejó. Aceleró su vehículo y siguió a los hechores por Simón Bolívar hacia el oriente, cuando otro auto le pidió el paso y lo adelantó. Ambos siguieron al vehículo que se detuvo en las cercanías de la Plaza Ñuñoa. Yocelevzky vio cómo los sujetos salieron trotando del auto y cruzaron Irarrázaval, perdiéndose entre el estudiantado que a esa hora se hallaba en Doctor Johow con Dublé Almeyda.
Al no encontrarlos, Yocelevzky se devolvió hasta donde habían abandonado el vehículo. Con vocación de investigador privado, buscaba proteger las huellas que podrían haber dejado los sujetos en el vehículo, pero cuando llegó se dio cuenta que el conductor del auto que hacía unos minutos lo había adelantado era un carabinero. Se trataba del entonces teniente de Carabineros Rolando Casanueva de Rosas, quien vestía de civil.
El ministro Navas tomó personalmente estos interrogatorios, quizás con ánimo de imbuirse lo más posible en una causa que llenaba las portadas de los diarios. Carabineros, en tanto, se ponía a trabajar con su mejor equipo en resolver el caso, toda vez que había sido uno de los suyos el que, de no mediar un atochamiento, pudo haberlos detenido o al menos ayudar a su captura.
Días más tarde, el 5 de abril, las pistas apuntaban al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, luego que una voz anónima se adjudicara el crimen llamando a radio Portales, justificándolo como un “ajusticiamiento” por el rol que a Guzmán le cupo en la dictadura militar. Navas se reunía con las policías todos los días, para saber de los avances, no importaba cuán pequeños fueran.
Ese día declaró José Cajales, a quien le robaron el auto unos días antes, el que fue usado para el atentado. Nada importante, salvo descartar su participación.
Los dichos de cómo se produjeron los hechos siempre son útiles, suelen decir los jueces. También es bueno tener una fotografía, un plano, una mirada global de un hecho donde participan más de dos personas y por eso ordenó que se reconstruyeran los últimos segundos de vida de Guzmán
El magistrado hizo poner los autos tal y cómo estaban ese 1 de abril. La diligencia tuvo hasta a los testigos presentes, como si se filmara la primera escena de una película.
Los peritajes del SML llegaron pronto al despacho del juez. Si bien Guzmán ya había muerto, los magistrados en el antiguo sistema siempre leían con atención este tipo de documentos. En este caso era el informe 957/91 firmado por el legista José Luis Vásquez que constaba de cuatro páginas.
En los diarios las informaciones sobre el crimen se agolpaban. El 9 de abril, luego de haber tomado declaraciones a los testigos, Navas escribió una orden en el sumario que hizo cruzar más de alguna sospecha por la cabeza de los detectives que debían ejecutarla.
Navas decretaba una orden de arresto en contra del chofer de Guzmán, Luis Fuentes Silva, para asegurar su comparecencia. El juez quería saber qué le había dicho antes de morir y con lujo de detalles conocer el camino que tomó desde el Campus Oriente hasta la sede de la UDI, donde llegó antes de ser trasladado al Hospital Militar, lugar en el que falleció. La diligencia, ordenó Navas, debía tomarse “con estricta reserva”.
Al día siguiente, Fuentes Silva estuvo frente a Navas y le contó con lujo de detalles, en cinco fojas, cómo fue el día en que su jefe murió asesinado. “Yo no tengo sospecha alguna de quién pudo haber cometido este atentado”, fue su frase final.
Los días pasaban y nadie tenía siquiera una pista de quiénes podían ser los autores del crimen, aunque habían sospechas no confirmadas aún. Por cierto, Carabineros e Investigaciones hacían sus mejores esfuerzos, pero tal era la ansiedad de lograr resultados que hubo más de algún error.
Así queda de manifiesto en el primer informe preparado por la inteligencia de la policía uniformada y que fue enviada al ministro Navas el 25 de abril. El afectado fue Francisco Javier Garrido Gárate, quien fue detenido e interrogado, debido a que estudiaba filosofía en la UC, pero dejado en libertad sin que hubiera pasado por el despacho del juez. Otro que pasó por la misma situación fue Gabriel Salazar. En el parte, en todo caso, no se dio ninguna justificación del por qué estuvo “como sospechoso”.
Los informes periciales seguían llegando a la oficina del ministro, pero no existía ninguna pista real. El 7 de mayo el presidente de la UDI, Julio Dittborn, dedujo querella criminal en contra de quienes resultaran responsables del hecho.
El primer golpe de efecto lo dio la inteligencia de Carabineros el 29 de mayo, cuando allanó distintas casas en Santiago y encontró armas y panfletos del FPMR en una supuesta escuela de guerrillas. Cayeron entonces Nelson Ruz Aguilera, Francisco Díaz Trujillo, Marcelo Navarrete Llanquimán, Alfredo Marchant Figueroa, José Burgos Cabezas y Luis Henríquez Fernández, quienes estuvieron por varios días vendados y maniatados en una pieza oscura en una comisaría y sin recibir alimentos, según consta en un informe del doctor César Reyes del SML, fechado el 3 de junio de 1991.
Navas sigue investigando, pero las declaraciones de los detenidos no aportan nada. Todos los anteriores niegan cualquier vinculación con el crimen de Guzmán. Entonces decreta una rueda de reconocimiento el 11 de junio, es decir a diez días de su detención.
El reconocimiento es ambiguo, pero Luis Henríquez es sindicado como uno de los miembros del comando. El sujeto lo niega. Dice que estaba en el sur el día que mataron a Guzmán, cuestión que confirman los detectives. Luego llegan los peritajes hechos por Carabineros a las armas incautadas, entre ellas varios fusiles de asalto. Nada coincide. La pista se desmorona. Navas los deja libres, pero sólo en su causa. El Ministerio del Interior pidió la designación de otro ministro y vuelven a quedar detenidos, pero en una proceso distinto. Nada tienen que ver con la muerte del senador.
