El Mandatario regresará a Chile el mismo lunes para asistir al rescate de 33 obreros atrapados durante varios meses en una mina en el norte del país, cuya operación de rescate podría efectuarse el miércoles.
El presidente, Sebastián Piñera, será el primero de los gobernantes suramericanos en llegar a Quito para apoyar la consolidación democrática, luego de la sublevación policial del pasado 30 de septiembre en Ecuador.
La Cancillería ecuatoriana, que había informado que Piñera llegaría este domingo a Quito, confirmó que lo hará mañana lunes, en una visita de pocas horas que incluye una reunión con su homólogo Rafael Correa.
El mandatario ecuatoriano estuvo retenido por más de nueve horas el día de la revuelta en un hospital policial, bajo amenazas de muerte que se investigan.
El «intento de golpe de Estado» que denunció Correa generó una inmediata reacción de la comunidad internacional, particularmente de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), que cerró filas contra todo intento desestabilizador de la democracia en la región.
La Unión, cuya presidencia pro témpore ocupa Ecuador, dejó claro que no tolerará ninguna ruptura democrática, como la sucedida en Honduras en junio de 2009 y advirtió de que ningún Gobierno inconstitucional será reconocido por los doce socios del bloque.
Por eso Piñera llegará a Quito con un mensaje de solidaridad y apoyo a Correa, a quien acompañará este lunes en el tradicional cambio de guardia en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro colonial de la capital.
A esa vistosa ceremonia, instituida por el actual Gobierno, también acudirá el premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, y el presidente del Parlamento Andino, el peruano Wilbert Bendezú Carpio.
Piñera regresará a su país mañana mismo para asistir al rescate de 33 obreros atrapados durante varios meses en una mina en el norte de Chile, cuya operación de rescate podría efectuarse el miércoles.
Ese acontecimiento ha sido seguido de cerca por Correa, que en varias ocasiones ha expresado su solidaridad a los obreros y sus familias, así como al pueblo y Gobierno chilenos.
El martes, Correa también espera la visita de su homólogo boliviano, Evo Morales, quien inaugurará en Quito el V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC).
Morales y Correa tienen previsto reunirse, de manera bilateral, y acudir juntos al encuentro campesino.
Asimismo, para finales de octubre se tiene previsto una reunión bilateral entre los presidentes de Ecuador y de Perú, Alan García, con sus respectivos gabinetes, en la ciudad de Loja, en el sur ecuatoriano.
También se alista la reunión periódica que suelen efectuar Correa y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, que podría ocurrir a comienzos de noviembre, según fuentes diplomáticas, que esperan las confirmaciones de la visita de otros gobernantes suramericanos con el mismo objetivo: respaldar la democracia en la región.
Y es que la insurrección de ciertos sectores de la tropa y de la oficialidad media de la Policía ecuatoriana, que rechazaba supuestos perjuicios salariales contenidos en una ley de servicio público impulsado por el Ejecutivo, preocupó a la comunidad internacional.
Un grupo de las fuerzas especiales del Ejército, apoyado por efectivos de una unidad elite de la Policía, leal a Correa, rescató a la fuerza al mandatario del hospital donde se encontraba retenido, en medio de un enfrentamiento a tiros con los rebeldes.
Cinco muertos y decenas de heridos dejó el rescate de Correa, quien ha remarcado que no habrá «ni perdón ni olvido» contra los conspiradores materiales e intelectuales de la revuelta.
El mandatario ecuatoriano culpa de los hechos al Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez, quien ha replicado la acusación y sospecha que Correa hizo un aprovechamiento mediático del malestar policial.
También el izquierdista Movimiento Popular Democrático, un antiguo aliado del Gobierno, es visto por Correa como instigador de la revuelta, por lo que lo acusó de ser «el mejor aliado de la derecha».
La Justicia ecuatoriana emprendió una investigación total de los acontecimientos y, de momento, ordenó la prisión preventiva de más de una docena de agentes y tres civiles involucrados en los hechos.
