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Podría ser sancionado por desacato

Director del Sename desobedece orden de la Corte y se niega a reintegrar a funcionaria despedida

por 18 octubre 2010

Director del Sename desobedece orden de la Corte y se niega a reintegrar a funcionaria despedida
Francisco Estrada desoyó un informe en derecho preparado por el Departamento Jurídico del servicio, donde se le recomienda cumplir con la ley. En torno a la denuncia del mal uso del auto fiscal -mientras estaba en Panamá, y que fue utilizado por su pareja para ir al mall y al supermercado- aseguró que se trató de un “error involuntario”, pese a que dio la orden directa al chofer de asistir a la mujer durante su ausencia. Respecto a una posible renuncia, aseguró que su cargo siempre está a disposición del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien hasta ahora ha guardado silencio sobre estas irregularidades.

El director del Servicio Nacional de Menores, Francisco Estrada, desobedeció una orden emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago (CAS), de reintegrar a sus labores a la abogada Ana María Mendoza, despedida hace poco más de un mes, pese a estar con licencia médica.

El tribunal de alzada capitalino dictaminó lo anterior, luego de acoger a tramitación un recurso de protección presentado por la profesional a principios de octubre.

La Sexta Sala, integrada por los ministros Cornelio Villarroel, Dobra Lusic Nadal y la abogada integrante Andrea Muñoz, estimó que la garantía constitucional de Mendoza podía estar en riesgo y, antes de resolver el fondo de la presentación, ordenó que los efectos del despido se detuvieran -a través de una Orden de No Innovar (ONI)- y se le continuara pagando el sueldo, hecho que no ha sucedido.

La información fue confirmada a El Mostrador por el abogado Rodrigo Orellana, patrocinante de Mendoza.

Aún cuando la CAS apercibió a Estrada, so pena de sancionarlo, el jefe del servicio ordenó al abogado Mauricio Mejías Olguín, para que presentara una reposición a la ONI, recurso que no evita que la orden anterior sea cumplida, es decir no tiene efecto retroactivo.

A raíz de esta situación, Orellana solicitará este lunes que se le aplique el castigo de suspensión a Estrada, contenido en el de auto acordado sobre la tramitación de los recursos de protección emitidos por la CAS.

Orden de atención personalizada

Este no es el primer problema que Estrada enfrenta en las últimas semanas. Este viernes se conoció -a raíz de una publicación de este diario- que usaba el auto fiscal para fines personales, como llevar a sus hijos al colegio, según acredita la bitácora del vehículo. Pero además, que mientras estaba de viaje en Panamá representando al Sename, su pareja lo utilizó para labores personales como ir al supermercado y al mall, aún cuando la ley lo prohíbe expresamente.

Estrada, en una entrevista que le otorgó al diario El Mercurio, calificó de un “error de involuntario” el mal uso del vehículo. Sin embargo, la orden al chofer de atender a su pareja los días en que estuvo en Panamá, provino precisamente de él, hecho conocido en el Ministerio de Justicia.

Estrada se habría reunido el viernes a última hora con el ministro Bulnes, debido a la petición de renuncia que formularon los parlamentarios de la Alianza, Gustavo Hasbún y Frank Sauerbaum, quienes exigieron aplicar la misma vara usada con funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet.

Al matutino de los Edwards, Estrada reconoció los hechos e indicó que su cargo estaba siempre a disposición del secretario de Estado, quien hasta ahora ha guardado silencio. Y como una manera de eludir las preguntas de la prensa, el jefe del Sename suspendió varias actividades que tenía programadas para esta semana. Entre ellas, la lectura de la cuenta pública, sin duda uno de los actos formales más importantes para una entidad que debe mostrar resultados concretos en favor de los menores desamparados y los llamados “adolescentes infractores de ley”.

Estrada se habría reunido este viernes a última hora con el ministro Bulnes, pero la versión no pudo ser confirmada oficialmente, como tampoco el sondeo de posibles candidatos a sucederlo. La situación se enmarca dentro de la petición de renuncia que formularon dos parlamentarios de la Alianza, Gustavo Hasbún y Frank Sauerbaum, ambos RN. Lo anterior, porque durante la última campaña presidencial la derecha fue inflexible con los funcionarios de la Concertación que estuvieron vinculados en hechos similares. En otras palabras, los parlamentarios exigieron aplicar la misma vara usada con funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet.

Al respecto, hay tres casos conocidos públicamente similares al de Estrada, que terminaron con renuncias y otros con sanciones administrativas y devolución del dinero.

El primero afectó a la ex subsecretaria de Transportes ElinettWolf quien debió renunciar cuando El Mostrador reveló que usaba el auto del servicio para repartir frambuesas.

Otro es la suspensión de tres meses decretada por la Contraloría -más la devolución del dinero- al ex subdirector del Consejo de Cultura, el PS Arturo Barrios, decisión administrativa confirmada por la Corte.

Y en el Sename, en 2008, ocurrió lo mismo cuando la entonces directora regional, la PS Verónica Tobar, fue denunciada por usar el vehículo para ir a la peluquería. La funcionaria renunció, por lo que las sanciones administrativas no se pudieron aplicar, aún cuando se establecieron los hechos.

En la cartera reconocen que la situación de Estrada es muy compleja, no sólo por el mal uso del vehículo asignado como autoridad, sino también por las malas relaciones que los funcionarios han establecido con él durante los últimos meses.

¿Batiéndose a duelo?

El ambiente al interior del Sename no es de los mejores. El jueves de la semana pasada, durante la junta calificadora, que preside el jefe jurídico Jorge Álvarez, el tono subió cuando el titular del Departamento de Finanzas, José Miguel Arellano, criticó en duros términos la nota que recibió por su desempeño funcionario.

Álvarez, dijo uno de los presentes, pidió que la “amenaza” quedara en las actas de la reunión, cuestión que finalmente ocurrió.

Terminado el encuentro, Arellano se dirigió a la oficina de Álvarez, donde lo increpó incluso ofreciéndole golpes, hecho que fue impedido por otros abogados que se encontraban presentes en el lugar.

Este diario consultó a Álvarez sobre la versión. El funcionario la confirmó en todos sus puntos.

Informe desconocido

Volviendo al recurso presentado en la Corte por la abogada Mendoza, la decisión de Estrada, tanto de apelar como de no cumplir con la orden de la CAS, fue en contra de un informe en derecho preparado por el jefe Jurídico Álvarez. En él se establece que Estrada, como jefe de la entidad, debe cumplir con la ley, toda vez que -de no hacerlo- podría caer en desacato.

La información fue confirmada a este medio por el propio Álvarez, quien además denunció hace un par de meses a Estrada y su jefe de gabinete de irregularidades en el otorgamiento de recursos.

Las eventuales anomalías denunciadas por Álvarez, adelantadas por este diario, derivaron en el nombramiento de una fiscal interna del Sename por parte del ministro de Justicia Felipe Bulnes hace algunas semanas.

A cargo quedó la funcionaria Angélica Marín Díaz, quien aparece como una de las personas denunciadas por Álvarez. De hecho, Marín pese a haber realizado algunas diligencias, aún no toma declaración al denunciante, como se estila en sumarios de este tipo, como una medida para acreditar la veracidad de las anomalías y ordenar el curso de una indagatoria.

Luego de la publicación de este diario, Álvarez dijo que fue contactado por una funcionaria de la Contraloría para que entregara más antecedentes, con miras a iniciar una investigación, ya que Marín Díaz trabaja bajo las órdenes de Francisco Estrada, lo que le podría restar imparcialidad a la indagatoria.

Las amenazas de Estrada

En el recurso de protección presentado por Mendoza, la profesional argumenta que fue “amenazada” por Estrada, sufriendo un constante acoso laboral.

La mujer fue premiada -tras postular bajo la fórmula de currículum ciego- con la beca Presidente de la República para realizar estudios de post grado.

Según la presentación a la Corte, el beneficio le fue otorgado -además de sus cualidades profesionales- debido a que trabajaba en el Estado. En esa línea, Mendoza fue patrocinada por el Sename y una vez terminada la memoria -sobre una materia que debe ser útil al servicio donde labora-  está obligada a permanecer dos años más para devolver lo invertido en ella por el Estado.

La postura del titular del Sename -de despedir a personas sin “motivos fundados”- se ha repetido en los ministerios de Salud y Planificación, dirigidos por Jaime Mañalich y Felipe Kast, respectivamente.

Para el caso del primero, la Corte de Santiago ordenó, a través de una Orden de No Innovar, restituir el empleo a 3 funcionarios en septiembre pasado. Y hace algunos días, el mismo tribunal, a través de un fallo que acogió el recurso de protección, hizo lo mismo, pero con 18 personas de la cartera de Kast. En este sentido, la reposición presentada por el Sename tiene pocas chances de ser acogida.

El Mostrador intentó obtener una versión de Estrada, como también del ministro Bulnes, pero no hubo respuesta.

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