Entre los problemas: El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior está reteniendo las querellas en casos de ejecutados políticos.
La situación de los derechos humanos en los primeros meses de Gobierno de Sebastián Piñera ha experimentado avances, retrocesos y estancamientos en distintas áreas, según un informe anual elaborado por la Universidad Diego Portales.
«Ha habido hechos que constituyen avances o señales promisorias en materia de protección de derechos humanos», dijo el director del Centro de Derechos Humanos de esa universidad, Jorge Contesse.
Entre esos progresos, sostiene el informe, se encuentra la denegación del indulto presidencial a los cerca de 60 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Contesse destaca también la «rapidez» con la que el Gobierno intenta modificar la ley antiterrorista y la justicia militar en respuesta a las principales demandas de los 38 presos mapuches que estuvieron en huelga de hambre entre julio y octubre.
Sin embargo, el académico advierte que «también se están evidenciando de manera creciente problemas».
Entre ellos, denunció que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior «está reteniendo las querellas en casos de ejecutados políticos», como ya han denunciado otras organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
También indicó que, si bien las reformas de la ley antiterrorista y de la justicia militar constituyen avances, éstas «tampoco cumplen cabalmente los estándares internacionales» y con ellas «todavía es posible que un civil quede bajo la justicia militar».
Esa falta de armonización del ordenamiento jurídico interno con las exigencias internacionales se da también, según Contesse, en el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que se tramita en el Congreso.
Además, el estudio advierte de la falta de implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre materias que les afecten directamente.
En este aspecto, Contesse es especialmente crítico con la labor de la Corte Suprema que, a su juicio, está «desmantelando» el contenido de ese convenio y «expone al Estado a nuevas condenas internacionales».
El estudio también cuestiona al máximo tribunal del país porque considera que ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, un aspecto que salió a la palestra tras el accidente de 33 mineros.
En materia laboral denuncia igualmente que durante los veinte años de Gobiernos de la Concertación de centroizquierda (1990-2010) el porcentaje de trabajadores con un instrumento colectivo de trabajo pasó de un 10,1% en 1991 a un 5,9% en 2009, con lo que la situación empeoró ostensiblemente».
Por otra parte, el estudio señala que en los últimos años el hacinamiento en las cárceles ha aumentado desde el 45,2% al 60,6%, mientras que solo el 14% del presupuesto de Gendarmería se destina a la reinserción.
El informe repasa otros aspectos de la situación de derechos humanos y la libertad de expresión, como el hostigamiento a las radios comunitarias, la violencia contra la mujer, la diversidad sexual, la emigración y los conflictos medioambientales.
