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Defensa argumenta que develar información afectaba seguridad nacional

Consejo para la Transparencia obliga a Ravinet a revelar por qué pagó sobreprecio por puente para el Bio Bio

por 1 diciembre 2010

Consejo para la Transparencia obliga a Ravinet a revelar por qué pagó sobreprecio por puente para el Bio Bio
El organismo criticó duramente al secretario de Estado, por su nula colaboración con la tramitación del amparo por acceso a la información pública ya que no permitió el acceso al contrato con Acrow a los consejeros del CPLT, aún cuando la ley los faculta expresamente. De esta manera acogió un amparo presentado por la empresa británica Mabey Bridge Limited, cuya oferta era más barata que la de Acrow, de origen estadounidense, adquisición que fue declarada compra secreta, aún cuando el puente será usado por civiles.

Un fuerte golpe legal le propinó el Consejo para la Transparencia (CPLT) al ministro de Defensa, el ex DC Jaime Ravinet, por basarse en leyes secretas y en el argumento de que habría una afectación a la seguridad nacional para no entregar información pública y lo obligó a dar curso a la petición de un particular.

El organismo encargado de evitar el secretismo en el Estado acogió de esta manera un reclamo presentado por el abogado Paulo Montt, quien patrocina a la firma británica Mabey Bridge Limited (MBL), la que buscaba saber por qué la cartera, usando la Ley del Cobre declaró “compra secreta” la adquisicion de un puente mecano a la empresa estadounidense Acrow, el que será instalado en el Bio Bio, luego que el viaducto antiguo colapsó producto del terremoto que asoló la zona en febrero pasado.

Asimismo MBL quería conocer los criterios que llevaron a Ravinet a pagar US$ 2 millones de sobreprecio por la estructura. Básicamente, la venta de Acrow costó US$ 16 millones, pero no consideró la instalación, transporte ni seguros, por lo que deberá ser armada por el Ejército. Al contrario, MBL, por US$ 17 millones incluía todo lo que su competencia no ofrecía, pero al descontárselo, la oferta quedaba reducida a sólo US$ 14 millones, información revelada por El Mostrador el 12 de octubre pasado.

En el dictamen del organismo, que puede ser apelado ante el tribunal de alzada capitalino, también se le presenta a Ravinet su nula de colaboración con la tramitación del amparo por acceso a la información pública, ya que no permitió el acceso al contrato con Acrow a los consejeros del CPLT, aún cuando la ley los faculta expresamente.

Por esta razón, el CPLT manifestó al gobierno su preocupación la semana pasada por que existan leyes secretas que en nada contribuyen al desarrollo democrático, ya que “admitirlas supone aceptar un peligroso bolsón de opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia y el contenido esencial del derecho a acceder a la información pública, esto es, la facultad de todo individuo de buscar, solicitar y acceder a la información que obre en poder de los órganos estatales”.

Coincidentemente, ayer el Ejecutivo, a través del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, informó que enviará al Parlamento un paquete de medidas para reforzar el acceso a la información pública, sumando también otras normas sobre probidad y fideicomiso ciego.

Otro de los puntos destacados en la resolución es que Defensa argumentó que la revelación del contrato y los factores con que supuestamente se analizó la compra del puente afectaban la seguridad nacional, ya que se trataba de un pertrecho militar, cuestión amparada por la Ley Reservada del Cobre, las normas del Consejo Superior de Seguridad Nacional y el Código de Justicia Militar.

Al respecto, los firmantes del CPLT que acogieron el amparo, Raúl Urrutia, Alejandro Ferreiro, Jorge Jaraquemada y Juan Pablo Olmedo, respondieron: “… la información solicitada dice relación con la adquisición e instalación de un puente mecano sobre el río Bío-Bío a raíz del terremoto de inicios de año, puente que se emplazará en paralelo a los otros ya existentes y, además, estará expuesto al público -para el uso de civiles- con lo que sus características serán conocidas por todos. En este contexto el Consejo no aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado”.

Paralelamente al fallo del CPLT, la Unidad de Auditorías Especiales de la Contraloría realiza una investigación en Defensa, a raíz de “esta compra secreta”, luego de la una denuncia presentada por el mismo abogado de MBL.

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