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Cantidad de internos supera la capacidad de los recintos

Incendio en cárcel de San Miguel rebrota el tema del hacinamiento

por 8 diciembre 2010

Incendio en cárcel de San Miguel rebrota el tema del hacinamiento
Los 81 muertos al interior del penal que esta madrugada fue sacudido por un voraz siniestro pone en el tapete el problema que se vive dentro de los recintos carcelarios, especialmente con la sobrepoblación de internos y las precarias medidas de seguridad. El propio mandatario confirmó las condiciones de vida de los delincuentes y dijo que lo sucedido hoy “demuestra que la situación penitenciaria en nuestro país no resiste más”.

El incendio producido en horas de la madrugada de este miércoles, en el cual murieron 81 internos a los que se sumaros otros dos que estaban siendo atendidos en centros asistenciales, hizo rebrotar el tema del hacinamiento al interior de los penales chilenos y la precaria situación del sistema carcelario chileno.

La cantidad de presos en los penales del país alcanza el 70% según cifras entregadas por el propio gobierno en boca del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, el 26 de julio de este año.

Además, Chile ostenta unos cuantos récords en materia penitenciaria, siendo el más importante el que dice relación con el número de presos comunes en proporción a la cantidad de habitantes que tiene el país, es decir, más de 200 por cada 100.000.

Esta triste cifra es sólo superada por Panamá y Estados Unidos, país último que tiene el récord mundial con una población penal de más de dos millones de personas, lo cual se traduce en palabras simples en que una de cada 163 está en la cárcel.

Un conteo que hizo Gendarmería en 2005 mostró un total de 36.974 personas tras las rejas, lo cual contrasta con la cifra de hace 15 años atrás cuando era de 22 mil. Esto significa un aumento anual de un 5,45% en comparación con el 1,2% de crecimiento de la población.

De acuerdo a las cifras, la Primera Región posee 760 personas por cada 100.000, pero la Segunda, la Sexta, Undécima y la Metropolitana están por sobre la media nacional.

Largas condenas y hacinamiento

La mayoría de quienes están privados de libertad son hombres jóvenes donde la mitad tiene menos de 30 años y un tercio posee entre 30 y 40 años, lo que significa que el 80% se encuentra en el momento de sus vidas en donde tienen una mayor capacidad productiva y con obligaciones familiares.

Sin embargo, las penas que cumplen son de larga duración, ya que el 75% de los reos cumplen condenas de entre cinco y 20 años, siendo en su mayoría por delitos de hurto o asalto.

A pesar de lo anterior, de acuerdo al Ministerio de Justicia en 2003 el 80% de la población chilena estima que las condenas en el país son bajas o muy bajas.

Además, durante el último tiempo han aumentado las penas y los presos, pero disminuyen los escasos beneficios carcelarios como las salidas dominicales, los de fines de semana y la libertad condicional.

Este problema ha acarreado otro, el del hacinamiento. Ya Amnistía Internacional en 2006, en lo que es su informe mundial, señaló que “el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas” en Chile.

Además, se suma a esto las constantes riñas al interior de las cárceles por un sitio donde dormir o por rencillas entre bandos contrarios. En muchos casos, presos se han visto obligados a pernoctar a la intemperie.

Incluso más, la ex Penitenciaría es la que presenta una mayor sobrepoblación, ya que ha llegado a albergar el doble de su capacidad para la que fue construida en 1843.

Y está comprobado que el hacinamiento afecta negativamente a cualquier persona, ya que a la privación de libertad se suma el sufrimiento de vivir aglomerados en salas diseñadas para una capacidad determinada.

Lo anterior provoca, como se dijo anteriormente, una lucha por un espacio vital mínimo, lo cual causa el estallido de violencia, a veces motines u agresiones contra gendarmes.

Posición presidencial

El propio Presidente Sebastián Piñera confirmó las precarias condiciones en que viven los delincuentes dentro de los penales chilenos, manifestando que el incendio de hoy “demuestra que la situación penitenciaria en nuestro país no resiste más”.

"Esta tragedia que nos debe ayudar a corregir el rumbo", para efectuar las mejoras necesarias en el sistema carcelario como las anunciadas hace una semanas en la Penitenciaría de Santiago.

Además, el ministro de Justicia aseguró que el incendio dejó nuevamente al descubierto la situación que viven los presos en el país.

"Esta tragedia no hace más que poner el dedo en la llaga" sobre la crisis carcelaria, afirmó Bulnes.

Lapidario informe contra cárcel de San Miguel

Un informe elaborado por la Corte de Apelaciones de San Miguel revela que sólo 100 gendarmes, divididos en tres turnos, cuidaban a 1.924 reos al interior del penal que hoy sufrió un voraz incendio.

El documento evacuado por la ministra Ana María Arratia Valdebenito, con fecha 14 de octubre de este año, advierte que en la Torre 5, lugar donde se originó el siniestro, habita un total de 484 reos primerizos condenados, rematados o detenidos, de todos los niveles de compromiso delictual.

Además, concluye que el recinto penal “es sucio, húmedo y maloliente”, además que no existía mayor disciplina por parte de la guardia penitenciaria para establecer un orden al momento del descanso de los internos.

También asegura que en cada piso del penal sólo se cuenta con un baño, consistente en tres inodoros, dos duchas y un lavadero, lo que “resulta insuficiente para la cantidad de internos que habitan en cada piso, que son aproximadamente 100″.

En el texto también se da cuenta de múltiples reclamos de reos sobre su situación carcelaria personal. Específicamente sobre la escasa preocupación por parte de los abogados de sus causas ya sea de la Corporación de Asistencia Judicial o de la Defensoría Penal Pública, a quienes acusan de no conocer sus procesos o bien de no visitarlos para informarles de su situación.

Hay a lo menos cuatro casos de presos que se quejan de que han pasado más días en prisión preventiva de lo que estableció el tribunal como tiempo para la investigación. Como el caso de Erasmo Carlos Fuenzalida Maldonado, quien ha permanecido en prisión preventiva por el delito de amenazas durante 90 días, a pesar de que el tribunal decretó un plazo de investigación de 60 días.

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