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Alberto Espina y la responsabilidad de la derecha por amplificar el conflicto en la Araucanía

“Nosotros describimos la realidad y las comunidades mapuche nos respaldaron en las elecciones”

por 17 diciembre 2010

“Nosotros describimos la realidad y las comunidades mapuche nos respaldaron en las elecciones”
El senador sale al paso de las críticas del ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, por el rol que jugó él, en particular, y la Alianza, en general, en este tema. Dice que sólo cumplió su deber al entregar antecedentes para que la Fiscalía investigara y celebra que haya sido el gobierno de Piñera el que “modificó” la Ley Antiterrorista.

No es primera vez que el ex subsecretario y el senador se enfrentan públicamente por temas de seguridad. Pero en esta oportunidad la disputa parte a raíz de las filtraciones de Wikileaks sobre el conflicto mapuche en Chile y cómo fue abordado, desde el punto de vista norteamericano, por los distintos sectores políticos.

En esta entrevista, Alberto Espina niega cada una de las acusaciones que hizo el diputado Harboe y mantiene su postura, bajo el argumento de que si su denuncia no tuviera fundamento, el Ministerio Público no la habría hecho investigar.

-Imagino que no comparte los dichos del diputado Felipe Harboe, en cuanto a que usted y otros dirigentes de su sector habrían incurrido en un acto de irresponsabilidad al plantear que los mapuches tenían nexos con las FARC.

-Creo que nuevamente el diputado Harboe, incurre en errores graves en la información que proporciona. ¿Cuáles son los hechos? En agosto del año 2008, en una audiencia privada, le hice entrega al fiscal nacional del Ministerio Público un set de información que me fue entregada a mí por una autoridad relevante y decía relación con que existían vínculos de (ciudadanos) chilenos con las FARC. Figuraban algunas personas que estarían vinculadas con actividades de violencia que se realizaron en la Araucanía durante los últimos años. Esa información la entregué porque era mi deber. Yo no podía retener en mi poder información que me había sido proporcionada y que, eventualmente, podría conducir a algún delito. A raíz de eso se originó una investigación a cargo de la Fiscalía Nacional que ha derivado, incluso, en declaraciones explícitas del fiscal de la de la Araucanía, Francisco Ljubetic, quien en junio del 2010 señaló textualmente al diario Austral de Temuco que tendría pruebas concretas de la intervención paramilitar de imputados en atentados de violencia. La publicación señala que “el fiscal Ljubetic dijo que hay pruebas de la preparación paramilitar que habrían recibido, por parte de las FARC, imputados asociados a delitos cometidos en la Araucanía”  y que estos antecedentes se habrían cotejado con la policía colombiana.

-Entonces, con estos antecedentes que tendría el fiscal, entiendo que usted confirma sus dichos anteriores de que habría nexos entre mapuches y las FARC.

Una materia pendiente que existía en nuestra legislación y respecto a lo cual los gobiernos de la Concertación tampoco hicieron nada era perfeccionar la legislación en materia de Justicia Militar y la Ley Antiterrorista. Algo que no se hizo en los gobiernos de la Concertación, lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera.

-Yo he cumplido con mi deber. Cuando un senador recibe información, que puede constituir antecedente para esclarecer hechos delictuales, lo que le corresponde es entregarlos a la autoridad encargada de investigar el crimen, que es la Fiscalía. A quien le corresponde investigar y esclarecer si esos vínculos eran políticos exclusivamente o tenían alcances delictuales es a la Fiscalía. Entonces, la imputación que se nos hace de haber actuado en forma irresponsable no tiene ningún fundamento. Incluso fiscales chilenos viajaron a Colombia en virtud de un programa de cooperación para investigar. ¿Dónde está la actitud nuestra que pueda ser calificada de irresponsable?

-Entiendo que lo que el diputado plantea como una irresponsabilidad es que este tema, además, fue abordado por la Alianza como parte de la campaña presidencial, el propio Sebastián Piñera se refirió al tema, se hicieron múltiples conferencias de prensa e incluso usted acusó a un periodista de estar involucrado.

-A lo que va esto es a decir la verdad. Yo recibí información y la entregué al Ministerio Público, que de acuerdo a nuestras normas legales es el órgano encargado de investigar. Si hubiera sido una información absolutamente superficial, el Ministerio Público ni siquiera lo investiga. Y el fiscal de la Araucanía ha dicho que habrían antecedentes que dan origen a una investigación sería y de fondo. Y que será la Fiscalía la que tendrá que, finalmente, probar, y los tribunales resolver, qué envergadura tenía esa relación. Si era una relación meramente política, si era operativa...Entonces, ¡cumplí con mi deber! Y Cuando yo he declarado la realidad del mundo mapuche lo he hecho en el siguiente sentido: una cosa es que existan personas que realizan actividades de violencia en la Araucanía y que pueden tener vínculos con las FARC y otra, totalmente distinta, es sostener en términos generales que las comunidades mapuches, como tal, en su conjunto, realizan acciones vinculadas con las FARC. No me parecen correctas las generalizaciones.

“¿Uso político de qué?”

-¿O sea que el diputado Harboe está equivocado?

-Lo que me ha preocupado mucho es que, en un momento, hubo una campaña de gente de la Concertación que intentaba señalar  que yo estaba estigmatizando a la comunidad mapuche. Esa campaña fracasó porque la comunidad mapuche votó mayoritaria y masivamente por el Presidente (Sebastián) Piñera y por mí. Por lo tanto, gracias a Dios, no cayeron en el juego de esa campaña de estigmatización (...) Porque las comunidades mapuches son gente tranquila, honesta, honrada.

-Imagino que, a raíz de las palabras del diputado Harboe, usted no podrá desconocer que su sector hizo uso político del tema mapuche.

-En absoluto. ¿Uso político de qué? Si nosotros describimos la realidad de la Araucanía tal como fue. Y los pueblos y comunidades mapuche nos encontraron la razón. Porque nos respaldaron absolutamente en las últimas elecciones. Lo que hemos dicho es que en la Región de la Araucanía hay tres realidades distintas: Uno, grupos que actúan con violencia, que causan daño, y no se trata de la quema de pastizales. Se trata de la quema de casas, del ataque y la quema de campos, de la quema de maquinarias; se trata de atentados gravísimos en contra de la vida de las personas. Y entiendo que todos coincidirán en que esos hechos hay que castigarlos, repudiarlos y sancionarlos. Otra realidad, es pretender que esos hechos signifiquen una estigmatización de las comunidades mapuche, que es lo que yo rechazo. Y un tercer punto es el abandono que los gobiernos de la Concertación han tenido sobre las comunidades mapuche y que el Estado de Chile históricamente ha tenido. En los gobiernos de la Concertación, en materia de la política pública con el pueblo mapuche, creo que hoy día hay plena coincidencia en que fue un fracaso rotundo. Aumentó la pobreza considerablemente en el último gobierno de la Concertación; las comunidades mapuche no tuvieron ningún apoyo productivo; la política de entrega de tierras fue, francamente, arbitraria, discriminatoria y sin ningún concepto de integración.

-Entonces...

-Yo cumplí con mi deber. Adicionalmente, debo decir que tampoco es efectivo que en los gobiernos de la Concertación no se haya aplicado la Ley Antiterrorista. Hay que recordar que en el gobierno de la Presidenta Bachelet se aplicó (...) Lo que no voy a aceptar es que por el hecho de haber cumplido con mi deber de entregar una información se me hagan imputaciones falsas.

-¿Cómo cuál?

-Como, por ejemplo, que los documentos me fueron entregados por los servicios de inteligencia colombianos. ¡Yo jamás he tenido contacto con ningún miembro de los servicios de inteligencia colombianos, en mi vida. Nunca, nunca en mi vida!

-Eso se dedujo, seguramente, a raíz de que entregaron esa información, coincidentemente, después de un viaje a Colombia con el entonces candidato Piñera, en el que tuvieron contacto con integrantes del Ejército colombiano.

-Yo sólo pido que en esta materia actuemos con seriedad y responsabilidad.

-En ese marco entonces, usted ha dicho que en el gobierno de la Presidenta Bachelet se aplicó la Ley Antiterrorista. ¿Y no hay algún mea culpa de su sector y suyo propio, en el sentido de que hubo bastante presión de su parte para que se aplicara esa normativa, aún cuando el diputado Harboe sostiene que en esos casos “era el Ministerio Público el que accionaba”?

-No, fue una querella criminal interpuesta por el Ministerio del Interior, no por el Ministerio Público. Nosotros no presionamos. Hemos dicho que la legislación chilena se tiene que aplicar, dependiendo de la naturaleza del hecho. Si en cualquier lugar del territorio chileno hay un hecho que se realiza con el objeto de intimidar a un sector de la población, se constituye un atentado grave, se intenta asesinar o matar a una persona –como ocurrió en el atentado del fiscal (Mario) Elgueta-, bueno, esos hechos en los que corresponde que se aplique la legislación pertinente. Lo que nosotros hemos hecho, en un esfuerzo serio, fue mejorar la Ley Antiterrorista, porque había aspectos que, sin lugar a dudas, era necesario corregir, particularmente relativos al debido proceso y otros. Perfeccionamientos que hizo el Parlamento en su conjunto.

-Pero eso se hizo debido a que el actual gobierno tenía la presión de una larga huelga de hambre sobre sus hombros. Porque, antes, su sector nunca mencionó siquiera la necesidad de perfeccionar la Ley Antiterrorista.

-Efectivamente, una materia pendiente que existía en nuestra legislación y respecto a lo cual los gobiernos de la Concertación tampoco hicieron nada era perfeccionar la legislación en materia de Justicia Militar y la Ley Antiterrorista. Son aspectos que era necesario perfeccionar, pero esos aspectos, perdóneme, en un régimen presidencial con iniciativas del gobierno al quien corresponde impulsarlas es al gobierno. Tanto que las impulsó el Presidente Sebastián Piñera. Algo que no se hizo en los gobiernos de la Concertación, lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera.

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