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Acusan a la administración Piñera de pretender gobernar por decreto

Concertación en llamas por decisión inconsulta del Ejecutivo de privatizar las sanitarias

por 22 diciembre 2010

Concertación en llamas por decisión inconsulta del Ejecutivo de privatizar las sanitarias
La oposición tuvo una sola voz para expresar su rechazo a la enajenación de un bien, que suponen resguarda e impide que las tarifas puedan subir indiscriminadamente, pero también permite la entrega de subsidios a los sectores más vulnerables. Todo ello, dicen, se terminará, porque las empresas privadas “están destinadas al lucro”.

Los trascendidos de prensa acerca de que el gobierno de Sebastián Piñera finalmente concretará la idea de terminar de privatizar las empresas sanitarias, eliminando definitivamente la participación del Estado en los directorios, generó un fuerte rechazo en la oposición, desde donde acusaron al Ejecutivo de pretender gobernar por decreto,  de tener como trasfondo las “viejas monsergas ideológicas de la derecha”,  que el proceso anunciado tiene “olor a negocio”, y de que con una determinación como esta, tarde o temprano, los chilenos pagarán más caro por este recurso.

Uno de los más duros detractores de la medida fue precisamente el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, quien hace sólo unos días había favorecido la postura del gobierno al no sufragar durante la votación por el reajuste. Esta vez, el legislador lanzó toda su batería crítica en contra del Ejecutivo. Advirtió que no hay razón que justifique la medida “salvo las viejas monsergas ideológicas de la derecha” y que la decisión tiene “olor a negocio” y que quienes adquieran las sanitarias “van a tener un muy buen negocio, estas son empresas muy rentables”.

Más allá de que en la oposición existía molestia por haberse enterado a través de la prensa de tan seria determinación del gobierno, también existía desazón por las razones esgrimidas para ello. En este sentido, otro fuerte detractor de la medida fue el senador Eduardo Frei, quien afirmó que “privatizar esto es solamente hacer un regalo de Pascua a aquellos que van a comprar, con el flujo de caja” que existe. Y dado que uno de los argumentos del oficialismo para explicar la venta de las sanitarias es que antes que ello, lo hizo el propio Frei durante su administración. El aludido aclaró que en su momento se mantuvo la participación del Estado en las sanitarias, porque con esos recursos “se financian programas de Corfo y también más de 500 mil subsidios para la gente más pobre de nuestro país”.

Frei defendió derechamente lo ocurrido durante su presidencia. Aseguró que “no es similar a esto. Porque esto es un gran regalo de Pascua. Todos sabemos que las empresas sanitarias, hoy día, con la participación que tienen, sobre el 33 por ciento y el 40 por ciento en el caso Aguas Andinas, le reportan al Fisco cerca de 100 millones de dólares  anuales, por tanto cualquiera que compre lo va a hacer con ese flujo. O sea un gran regalo de Navidad”, insistió.

El resguardo estatal

El senador explicó, además, que si en su momento no se privatizaron totalmente las sanitarias, fue para dejar un resguardo, a cargo del Estado, en materias como la regulación de tarifas y subsidios a los más pobres, todo lo que quedó regulado por ley, y que con la enajenación, los privados no mantendrán. Similar preocupación manifestó el presidente del Partido Radical, senador José Antonio Gómez, quien no sólo estima que las pretensiones del Ejecutivo constituyen un “error” y están directamente relacionadas con una “política de privatización” diseñada por la actual administración, sino que también aboga por la permanencia del Estado en este ámbito, ya que con ello “tiene posibilidades de preocuparse de la regulación de los precios; de los costos que le significa a la gente el agua, las aguas servidas”.

Pese a que algunos aseguran que esta venta no redundaría en alza de precios para la ciudadanía, Gómez cree que de concretarse la enajenación de las sanitarias, aumentarán las tarifas. “No me cabe ninguna duda que el Estado tiene muchas más facultades y posibilidades, al estar en la propiedad de estos bienes. Puede establecer subsidios, preocuparse derechamente de las personas de bajos recursos, o de la clase media, o tendrá que hacer inversiones sociales en algunos lugares. Las empresas privadas hacen negocios, están destinadas al lucro. Entonces, hay zonas, como por ejemplo en Antofagasta, en que no se ha logrado que la empresa llegue hasta ciertas zonas, porque no es rentable. Si las aguas fueran propiedad del Estado, como las sanitarias, tendrían que hacerlo, porque es una obligación estatal”, argumentó el senador radical.

Mientras que el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), se sumó a las críticas, señalando que la decisión del gobierno no sólo constituye un “engaño” a la ciudadanía, sino también “negociado”. Sin ningún complejo, Pizarro aseguró que la propuesta es “claramente un engaño y un negociado que obedece a la lógica de este gobierno de derecha de privatizar y entregarle a determinadas empresas un gran negocio”.

Para la presidenta del PPD, Carolina Tohá, el gobierno está dando rienda suelta a “un capricho ideológico de tipo neoliberal” y advirtió que de concretarse esta medida “tiene consecuencias muy graves porque se pierde la participación de los chilenos en empresas que controlan un área altamente sensible y fundamental”. Paralelamente, la senadora Soledad Alvear (DC) fue categórica en advertir acerca de la nueva modalidad del actual gobierno de gobernar a través de decretos, a lo que la parlamentaria se opone de plano.

Por su parte, el presidente de la DC, senador Ignacio Walker, llamó al Ejecutivo a reconsiderar la medida, pues según recordó “en 1998  bajó el gobierno del Presidente Eduardo Frei, con Ricardo Lagos de Ministro de Obras Públicas, el Parlamento aprobó una ley, estableciendo un participación mayoritaria del sector privado con el objeto de avanzar en la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. Se establecieron tres condiciones: un marco regulatorio establecido en la ley; un aumento significativo al subsidio del consumo de agua potable para los sectores más pobres y una participación minoritaria del Estado de la propiedad de dichas empresas”, y aseguró que la privatización total rompe los equilibrios alcanzados y acusó al gobierno pretender “hacer unilateralmente, y por decreto, aquello que antes se hizo por ley, a la luz pública y de cara a la gente”. En la misma línea se pronunció el senador PPD Jaime Quintana, quien llamó derechamente al mandatario a “no actuar de espaldas a la ciudadanía, al Congreso, ni incumpliendo los acuerdos establecidos”.

El fantasma de las aguas de Lavín

En la Concertación hubo plena coincidencia en cuanto a que el argumento entregado por la autoridad, no tendría fundamento. Ello, porque según trascendió, los recursos por la venta de las sanitarias –cerca de 1.600 millones de dólares- serían destinados a la reconstrucción. Lo que no tendría ningún sentido, dicen en la oposición, ya que hace sólo unos meses el Congreso aprobó la Ley de la Reconstrucción y en virtud de la cual los fondos para terminar dicha tarea están en manos del gobierno.

Por otra parte, en más de alguna oportunidad durante la jornada se ha comentado acerca de la enajenación de las aguas que efectuó el entonces alcalde de Santiago, actual ministro de Educación, Joaquín Lavín. En la Concertación recordaban el “total fracaso” de esa medida y los problemas que le significó al municipio, posteriormente. “Pan para hoy y hambre para mañana”, decía una fuente del sector.

El trascendido acerca de la venta de las sanitarias se produce justo cuando, este jueves 23, los presidentes de todos los partidos con representación parlamentaria se reunirán a desayunar con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, cita en la que se abordarían temas relativos a las relaciones internacionales. Pero no se descarta que la oposición aproveche esa instancia para plantearle al mandatario su total rechazo a la medida. Por lo pronto, en la Concertación reconocen que con esta medida, la relación con el gobierno quedó “complicada”.

En el oficialismo, como era de esperar, respaldaron la medida. En este sentido, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, incluso recordó que esta medida está contemplada en el programa de gobierno de Piñera y que se anunció el 21 de mayo, “así es que me sorprende cualquier reclamo que pueda haber, porque el proceso de ventas de las sanitarias comenzó durante el gobierno del ex Presidente Frei y continuó en el del ex Presidente Lagos. Por ello, no veo qué problema pueda haber al continuar con las políticas que adoptaron, en esa materia, los gobiernos de la Concertación”.

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