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Ordenó realizar un sumario administrativo

Contraloría acredita que licitación del Registro Civil por US$ 385 millones no debió ganarla Indra

por 22 diciembre 2010

Contraloría acredita que licitación del Registro Civil por US$ 385 millones no debió ganarla Indra
De acuerdo al informe al que accedió El Mostrador, la indagatoria no sólo se realizará por las irregularidades en el concurso para adjudicar la fabricación de las nuevas cédulas y pasaportes, sino también por la contratación fuera de la ley de profesionales que participaron en la comisión evaluadora que prefirió a la empresa española. Las conclusiones de Contraloría echan por tierra un largo y cuestionado proceso en la mayor licitación de la historia del servicio de identificaciones.

La Contraloría realizará un sumario administrativo en el Registro Civil (RC), luego que detectara graves irregularidades en la licitación para modificar la cédula de identidad por más de US$ 385 millones. Principalmente, el organismo fiscalizador acreditó que el Registro Civil vulneró las normas del concurso al otorgar la preferencia a la firma Indra.

Según la entidad revisora en su informe, al que tuvo acceso El Mostrador, Indra no cumplió con la entrega oportuna de una boleta de garantía -documento que asegura el “fiel cumplimiento” de participación en el proceso de licitación-y por el contrario lo hizo de manera irregular y fuera de plazo.

La decisión de la Contraloría se basó en una denuncia presentada por el abogado Tomás Aylwin, quien representa a la empresa francesa Sagem Securité, ahora Morpho, que impugnó la licitación ante el Tribunal de Compras Públicas debido a estas y otras anomalías en la mayor licitación de la historia del Registro Civil.

Los recurrentes argumentaron que la boleta de garantía fue ingresada fuera de plazo. El documento vencía el 11 marzo pero fue entregado 20 días después, es decir el 31 del mismo mes. En otras palabras, hubo 20 días en donde Indra no cumplió con las bases de licitación, debiendo, según este razonamiento, quedar fuera de inmediato del concurso tal como le ocurrió a la firma Coasin.

En esta misma línea, existe otro caso ligado a las mismas irregularidades, pero que sustancia el Tribunal de Compras Públicas (TCP) debido a la presentación de Morpho, ex Sagem Securité, donde queda acreditado que la boleta de garantía conseguida por Indra se hizo en Corpbanca, la entidad financiera de propiedad del empresario Álvaro Saieh. En este procedimiento podría existir incluso la comisión de un delito.

Actualmente, Indra es representada ante el TCP por el abogado Carlos Zepeda, un profesional muy ligado al Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo al documento de seis páginas al que accedió este medio, el sumario que iniciará la unidad de auditorías especiales -la más top del organismo- no sólo por las graves irregularidades en que incurrieron los funcionarios del RC al otorgarle a Indra la licitación, sino también por la contratación de profesionales fuera de la ley. Se trata del ingeniero informático Luis Fuentes. Este último asumió en 2008 el cargo de director nacional subrogante, debido a que se descubrieron irregularidades en otra licitación, renunciando el entonces titular Guillermo Arenas.

De lo anterior resultó una investigación por el delito de fraude al fisco y revelación de secreto en la Fiscalía Centro Norte en contra de Arenas y uno de sus asesores, Andrés Contardo, quien informaba a la multinacional Tata de cómo se desarrollaba el proceso para ganar la licitación, la que finalmente le fue otorgada. Sin embargo, fue revocada debido a estas anomalías antes mencionadas.

Actualmente, el caso Registro Civil se encuentra sobreseído temporalmente, luego que la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, estimara que el alto nivel de desorden y violación de garantías constitucionales de varios de los imputados, no permitían proteger el debido proceso ante la realización de un juicio oral. La decisión final está en manos de la Corte de Santiago, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el propio Ministerio Público recurrieran de esta decisión.

Lo establecido en Contraloría vuelve a retrasar el proceso de modernización de las cédulas de identidad, una vez más.

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