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Luego que la Corfo instruyera el inicio de las enajenaciones

La Concertación no descarta acusación constitucional por venta de sanitarias

por 24 diciembre 2010

La Concertación no descarta acusación constitucional por venta de sanitarias
El conglomerado opositor cuestionó que la decisión de vender los activos del Estado se tomara con premura, sin diálogo y entre "gallos y medianoche" además de calificar la medida como poco transparente, una jugarreta de mal gusto y una burla para el país.

El presidente del Partido Socialista y vocero de la Concertación, diputado Osvaldo Andrade, manifestó este viernes el más profundo rechazo de la oposición a la decisión de esta mañana del Consejo de la Corporación de fomento de la producción (Corfo), de instruir la enajenación de la acciones del Estado en las diferentes empresas sanitarias.

En la ocasión, junto con considerar que la medida daña el patrimonio de todos los chilenos, adelantó que se perseguirán las responsabilidades pertinentes, no descartando una acusación constitucional.

"Queremos rechazar tajantemente como partidos de la Concertación la voluntad del gobierno que se expresa en el acuerdo del Consejo de Corfo de proceder a la venta de los llamados activos prescindibles, concepto que se ha empleado, que no son sino la participación que todos los chilenos tienen en la propiedad de las empresas sanitarias, queremos rechazarla porque entendemos que esta medida no tiene ningún tipo de justificación, no tiene que ver con necesidad de recursos ni vinculado a recursos para la reconstrucción, ni necesidad de recursos de las empresas del estado y por cierto del Estado mismo.”, afirmó Andrade.

El vocero de la Concertación agregó que había la absoluta certeza de que el Estado tenía recursos en abundancia, incluso, proveídos desde decisiones que ha tomado democráticamente el parlamento: “con un precio del cobre en niveles notables, con una mayor tributación, con un crecimiento que el propio gobierno ha establecido, hay holguras económicas y ahorro que permitiría enfrentar sin ningún inconveniente cualquier necesidad de recursos que pudiera tener el Estado de Chile".

Andrade señaló que se rechazaba esta medida “porque daña el patrimonio de todos los chilenos" ya que la participación en el dominio de la empresas sanitarias es de interés público, además indicó que, con la decisión de vender, se impedía el desarrollo en el tiempo de los instrumentos del Estado en materia de promoción de la pequeña y mediana empresa: “porque afecta claramente en el mediano y largo plazo el financiamiento de Corfo para enfrentar estas necesidades”

“Queremos señalar y enfatizar que es un proceso poco transparente, que se ha realizado entre gallos y medianoche, que se ha realizado sin conocimiento público, sin el debido debate y deliberación ciudadana por eso insistíamos tanto que este asunto se trasladara al parlamento que es el lugar donde se escuchan las distintas opiniones respecto de estos temas”, enfatizó el timonel socialista.

El diputado por Puente Alto afirmó, también, en nombre de la oposición, que la medida era  una expresión más de un gobierno que entiende que es “impune” para tomar este tipo de decisiones y que no hace participar al resto de la sociedad en aquello, adelantando que se va a solicitar toda la información necesaria y utilizar todos los instrumentos legales para perseguir las responsabilidades pertinentes.

“En la búsqueda de esas responsabilidades no limitaremos nuestro accionar a todos los instrumentos que nos proporciona la ley en esa dirección. Tenemos la voluntad de escudriñar en todo lo que sea legalmente posible para perseguir estas responsabilidades desde el punto de vista civil y criminal, si así fuese necesario por que se está afectando el patrimonio de todos los chilenos.”, sentenció Andrade.

Asimismo, Andrade señaló que la decisión del ejecutivo venía de una matriz del Gobierno que le hace mal a Chile: “este gobierno que siente porque ganó tienen derecho a hacer lo que se le antoje desde la más absoluta impunidad y sin ningún tipo de responsabilidad por el resto del país, nosotros no entendemos así ser gobierno y por eso queremos volver a ser gobierno porque este tipo de gobierno le hace mal Chile y nosotros estamos para que no se haga mal a Chile”

En tanto, la presidenta del PPD, Carolina Tohá acusó que la medida era extremadamente grave, cuestionando, de paso, que la decisión se tomara mientras los chilenos se preparan para celebrar la navidad: “que se haya hecho bien a la rápida esta venta habla mucho de esta nueva forma de gobernar, en que se demoran y se demoran más allá de todo lo prudente en vender sus propias acciones y bien rapidito, con mucha prisa vente las acciones que son de todos los chilenos”

Tohá agregó que la manera de actuar del gobierno ante la ciudadanía era inaceptable, una falta de respeto y una jugarreta de mal gusto que no era propio de las democracias maduras: “cuando se están vendiendo cosas ajenas hay que acordarse de que quién está en el gobierno está administrando algo que es de todos, no que es propio y por lo tanto lo mínimo que se debe permitir es un debate público de estas decisiones, aquí se ha elegido una fecha con pinzas, la navidad, para anunciar esto un día y hacerlo efectivo al día siguiente”.

También dijo que con la decisión del gobierno las autoridades estaban incumpliendo el mandato de preservar el interés público y que por este motivo la oposición va a recurrir a todas las instancias que sean necesarias.  "Aquí se verán todas las herramientas, Contraloría, Tribunal Constitucional, Justicia y el parlamento, desde invitar a los ministros hasta hacer una Comisión investigadora o hasta acusarlos constitucionalmente. Este Consejo está compuestos por diversos actores, entre ellos ministros de Estado, me cuesta ver cómo van a explicar que estos activos eran innecesarios, hoy día no hay ningún fundamento para esta venta”.

Finalmente, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, calificó la venta como una burla para el país: “que además de ser entre gallos y medianoche, en vísperas de navidad, es pan para hoy y hambre para mañana, estamos hablando de 1600 millones de dólares, por lo tanto desde el punto de vista del interés público este es un daño al patrimonio nacional".

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