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Instituto de Derechos Humanos criticó duramente último desalojo en Rapa-Nui

Justicia se abre a investigar violencia policial contra pascuenses

por 30 diciembre 2010

Justicia se abre a investigar violencia policial contra pascuenses
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, un mes después del operativo de Carabineros que dejó varios heridos con balines, acogió un recurso de protección presentado por el abogado Fernando Leal y solicitó al ministro Rodrigo Hinzpeter y al intendente Rodrigo Celis la entrega de “todos los antecedentes que obren en su poder”. Una situación similar, que dejó 10 lesionados, se registró el miércoles último en la isla cuando efectivos fuertemente armados desalojaron la Plaza de la Gobernación.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras casi un mes de presentado un recurso de protección por parte del abogado Fernando Leal, acogió a tramitación un recurso de protección a favor de los pascuenses heridos por Carabineros en el desalojo ocurrido el 3 de diciembre pasado.

El tribunal de alzada porteño estimó que podría haber una violación de derechos constitucionales por parte de la autoridad policial, por lo que solicitó "dentro de diez días... adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder" al  ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter; al intendente de Valparaíso, Raúl Celis; al general director de Carabineros, Eduardo Gordon; y al jefe de zona la institución en la Quinta Región.de Valparaíso.

Asimismo, ordenó a la relatora que dio cuenta del recurso a los tres magistrados comunicarse "con el hospital de la isla a fin de establecer la existencia de personas hospitalizadas en dicho centro".

Asimismo, pidió copias de todas las informaciones escritas, radiales, y fotográficas que obren en poder de El Mostrador y las radios Bío Bío y Cooperativa. Todo lo anterior con miras a resolver el fondo del recurso.

La resolución, fechada el 28 de diciembre pasado tuvo más de un problema. Primero la Corte de Valparaíso se declaró incompetente y envió los antecedentes a sus pares de Santiago. Estos últimos, estimaron que los hechos que eran materia del recurso ocurrieron en la jurisdicción de los primeros, por lo que fue devuelta la petición interpuesta para determinar si se violaron los derechos de los pascuenses con la acción de la policía uniformada.

Del desalojo, que dejó varios pascuenses heridos, algunos de ellos graves, hay un registro fotográfico que recorrió el mundo. El caso más dramático fue el de isleño que perdió un ojo tras recibir un balín, lo que le impedirá continuar su trabajo de buzo.

Cabe señalar que 29 clanes rapanui solicitaron -el 9 de septiembre pasado- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares en favor del pueblo Rapa Nui. Esta Comisión está evaluando si las circunstancias ameritan tomar esta determinación.

Recientemente el senador del PS Juan Pablo Letelier entregó un completo informe sobre la violencia policial y la situación de los habitantes de Isla de Pascua al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (ver documento anexo).

Hechos recientes

La decisión del tribunal del alzada porteño se conoce pocas horas después de otro desalojo en la isla por parte de la policía uniformada y que el miércoles último terminó con 10 personas heridas, tres de ellas con fracturas de carácter grave.

Los hechos se registraron en la Plaza de Gobernación de Isla de Pascua, que permanecía tomada por representantes del Parlamento Rapa Nui, oportunidad en la que actuaron alrededor de 100 policías fuertemente armados.

Uno de sus integrantes, el consejero de la Conadi Rafael Tuki Tepano, relató que  la acción policial fue violenta y que la orden de desalojo fue tomada de manera "irresponsable" por el intendente Celis.

"Los Rapa Nui tenemos derechos humanos, y un derecho a la autonomia reconocido por el derecho internacional que el Estado ha incumplido. Carabineros está actuando de manera desproporcionada, casi como un ejército de ocupación", expresó.

La inusitada violencia de parte de Carabineros en este último procedimiento, derivó en que hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), emitiera una dura declaración pública condenando el actuar policial.

A través de un comunicado, argumentó que el Estado chileno ratificó un convenio suscrito con la OIT sobre el trato a los pueblos originarios, “que se encuentra plenamente vigente en nuestro ordenamiento interno desde 2009”.

“Además, Chile concurrió a la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde se comprometió a promover el respeto y la plena aplicación de los derechos reconocidos ahí y a velar por su eficacia”, señala el comunicado del INDH.

A renglón seguido el organismo hizo hincapié en que dichos instrumentos internacionales buscan hacer cumplir “el compromiso de salvaguardar el derecho de propiedad y posesión de los pueblos originarios sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado; a establecer mecanismos adecuados para su determinación y protección, así como procedimientos apropiados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

Al hacerlo el Estado de Chile ha decidido dar prioridad a las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, comprensivos y respetuosos de la interculturalidad, lógica distinta a la sola apelación al uso de la fuerza en supuesta defensa del Estado de Derecho, como ha ocurrido lamentablemente en  Rapa Nui.

Asimismo apuntó a la “utilización abusiva de la fuerza”, la que “constituye una grave afrenta a los derechos indígenas, situación que ha sido observada recurrentemente por  organismos internacionales de Derechos Humanos, en particular por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas,  James Anaya y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Por último el INDH deploró “el uso desmedido de la fuerza en reemplazo del diálogo y la moderación que los compromisos internacionales y la prudencia exigen, por lo que formulamos un llamado al Gobierno a reponer las condiciones para una solución pacífica del conflicto”.

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