“La pregunta es, si es posible que estas asesorías se designen sin licitación, es decir a dedo”, sostuvo el diputado.
A través de varios oficios al Sistema de Empresas Públicas, al Ministerio de Hacienda y Corfo, el diputado DC Jorge Burgos, pidió aclarar si las asesorías legales que solicitan las reparticiones del Gobierno deben o no someterse al sistema de licitaciones públicas que se utiliza para la adquisición de bienes y servicios.
El parlamentario señaló al respecto que “con ocasión de diversas decisiones que ha debido adoptar el Gobierno, se ha señalado que se pedirían estudios legales y jurídicos como asesoría, hecho que ocurrió recientemente con ocasión de la decisión del Gobierno y particularmente de Corfo, de vender el porcentaje estatal que se posee en las sanitarias”.
Agregó que “los ministerios y en general los órganos del estado cuentan con fiscalías y departamentos jurídicos para realizar estas asesorías y si así no fuera, está el Consejo de Defensa del Estado que, de acuerdo a su ley Orgánica, puede realizar este tipo de colaboración”.
Burgos señaló al respecto, que si aún así se estimara necesaria otra opinión complementaría, “la pregunta es, si es posible que estas asesorías se designen sin licitación, es decir a dedo”, contrastando este procedimiento con la necesidad de transparentar el uso de los recursos fiscales.
Por lo anterior, solicitó aclarar si existe algún instructivo al respecto y cuál es el criterio que se está utilizando en relación a este tipo de asesorías proporcionadas por estudios de abogados . «En el caso de Corfo, con motivo de la anunciada venta de la participación estatal en las sanitarias, Burgos pidió que se informe qué estudio se contrató, cuando, y a qué precio», concluyó.
