Las actividades serán ejecutadas por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para recopilar «los antecedentes que fueran necesarios», dijo a los periodistas el juez.
El juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó este viernes a la Policía varias diligencias relacionadas con la investigación de la muerte del presidente Salvador Allende, informó el magistrado.
Las diligencias serán ejecutadas por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para recopilar «los antecedentes que fueran necesarios», dijo a los periodistas el juez.
También envió al Servicio Médico Legal (SML) un oficio para pedir los informes sobre la autopsia realizada al gobernante socialista, fallecido en La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, en el que su Gobierno fue derrocado por el general Augusto Pinochet.
El magistrado indicó que tras conocer esos informes se comunicará con especialistas, para ver qué conclusiones se pueden extraer.
También, indicó, solicitará a la Iglesia católica los antecedentes que pudiera haber recopilado la ahora disuelta Vicaría de la Solidaridad, organismo que se dedicó a ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).
Asimismo, revisará las declaraciones que ha recibido el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, que tiene a su cargo el juicio por los colaboradores de Allende que desaparecieron tras ser detenidos en La Moneda el día del golpe.
Carroza indicó que tras la recopilación de los datos, que podrían dar lugar a nuevas diligencias, comenzarían los interrogatorios a testigos.
El juez indicó, además, que con estos datos se realizarán los interrogatorios a testigos y no descartó que a partir de eso surjan nuevas diligencias.
La investigación de la muerte del presidente socialista, que, según las versiones más difundidas y aceptadas por su familia y cercanos, se quitó la vida, corresponde a uno de 726 casos de derechos humanos que la Justicia dispuso investigar tras constatar que nunca han sido objeto de alguna acción judicial.
Las querellas fueron presentadas el pasado miércoles por la fiscal de la Corte de Apelaciones Beatriz Pedrals, tras ser constatados esos casos el año pasado por el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz.
En Chile ha continuado en tanto el debate sobre los últimos momentos de Allende, entre quienes aceptan la versión de que se inmoló y quienes se aferran a la tesis del homicidio.
«Nosotros no tenemos dudas, creemos fehacientemente la versión de los médicos que estuvieron con mi padre», aseguró hoy en España la senadora Isabel Allende, hija del mandatario.
En una entrevista con Efe en Palma de Mallorca, la parlamentaria dijo que la investigación sobre su padre es la más simbólica de un conjunto de querellas destinadas a satisfacer los derechos de muchas familias de víctimas de la dictadura, «que no tienen la versión completa o no han podido encontrar o identificar los restos» de desaparecidos.
«Mi padre había dicho con toda claridad que él no saldría vivo de La Moneda, quería demostrar con un gesto de dignidad que los presidentes constitucionales tienen que ejercer su mandato hasta el final. El no iba a ser de esos presidentes que toman el avión exiliados, iba a pagar con su vida la lealtad de los trabajadores», precisó.
También el médico Patricio Guijón, colaborador de Allende, reiteró hoy que presenció el instante en que el mandatario se suicidó.
«Vi cuando voló la cabeza, los huesos y masa encefálica, él (Allende) estaba sentado en un sillón que estaba apoyado en la pared que mira hacia la calle, había un ventanal grande y estaba con la metralleta entre las manos y vi la explosión del cráneo», dijo el galeno, de 76 años y ya jubilado, a Radio Cooperativa.
