Si logra poner fin a esa ley, aprobada durante la dictadura (1973-1990), el primer mandatario de derechas desde el retorno de la democracia, se convertirá «paradójicamente» también en el primero en consolidar la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas, según expone el analista Santiago Escobar.
El presidente Sebastián Piñera dio esta semana un paso crucial hacia la transparencia en las Fuerzas Armadas, salpicadas en el último mes por una seguidilla de corruptelas, al anunciar la sustitución de la Ley del Cobre, que ampara el secretismo en las compras militares, señalaron analistas.
Si logra poner fin a esa ley, aprobada durante la dictadura (1973-1990), Piñera, primer mandatario de derechas desde el retorno de la democracia, se convertirá «paradójicamente» también en el primero en consolidar la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas, dijo a Efe el analista Santiago Escobar.
Piñera anunció esta semana que su Gobierno sustituirá la llamada Ley del Cobre, que otorga a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas brutas de la empresa pública Codelco, mayor productora del mundo de ese metal rojo, por un presupuesto plurianual que deberá ser aprobado por el Congreso.
Este anuncio se suma a los cambios que en el último mes se han producido al frente de los organismos de defensa, con las renuncias de Jaime Ravinet como ministro del área y de Cristián Le Dantec como jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, ambos cuestionados por el manejo de los recursos de las Fuerzas Armadas.
«La Ley del Cobre es un anacronismo absoluto de automatismo de financiamiento que no tiene ninguna racionalidad política y que no es bueno para la seguridad nacional porque hace que (los militares) tengan mucho dinero para comprar cualquier cosa que nadie controla», señaló Escobar, especialista en asuntos de defensa.
«La decisión que ha tomado Piñera es buena porque devuelve al Ministerio de Hacienda el control de la racionalidad del gasto. Ningún Gobierno de la Concertación (en el poder entre 1990 y 2010) se atrevió a hacerlo, y si lo hubiera hecho hubiera sido con mucha dificultad política. Pero no tuvieron voluntad», opinó el analista.
Según Escobar, esa ley, aprobada en 1976 por la dictadura de Augusto Pinochet, ha permitido que las Fuerzas Armadas «prácticamente se autogobiernen desde el punto de vista económico frente al Gobierno civil», lo que ha favorecido la aparición de «prebendas de carácter corporativo».
Algunas de esas prebendas han ido saliendo a la luz en las últimas semanas y han configurado un manto de sospechas que ha teñido la imagen de las Fuerzas Armadas de este país, el de menor índice de corrupción de América Latina, de acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional.
El primer capítulo fue la reticencia del entonces ministro de Defensa, Jaime Ravinet, a ofrecer información al estatal Consejo de Transparencia sobre el pago de un puente mecano que adquirió el Ejército para restablecer la comunicación terrestre entre dos localidades de la región del Biobío tras el terremoto de 2010.
Pocos días después se dio a conocer un proyecto para adquirir una casa valorada en más de un millón de dólares para Cristián Le Dantec, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, un cargo creado a principios de 2010 para coordinar a las tres ramas militares en caso de emergencias, guerras o catástrofes, entre otras funciones.
La Contraloría, órgano fiscalizador del Estado, objetó esa adquisición al estimar que el gasto no correspondía a la «dignidad del cargo», aunque Le Dantec aseguró que tanto Ravinet como el comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, estaban de acuerdo con la compra.
Ambos casos llevaron el pasado día 13 a la salida del ministro Ravinet, antiguo miembro de la Concertación de centroizquierda, que fue reemplazado por Andrés Allamand, una figura de peso con larga trayectoria en la derecha chilena, lo que supuso el primer cambio en el gabinete de Sebastián Piñera, quien llegó al poder en marzo de 2010.
Cuatro días después se despidió Le Dantec, contra el cual la Contraloría también abrió una investigación por posibles irregularidades en un proceso de licitación para la compra de albergues y hospitales de campaña por 9 millones de dólares para la fuerza de paz conjunta entre Chile y Argentina.
A fines de enero también presentó su renuncia el agregado cultural de Chile en España, Cristián Pizarro, por supuestamente haber transferido unos 12.000 dólares a una empresa de comunicaciones de la cual es socio como pago por la difusión de las actividades de la Regata Bicentenario, organizada por la Armada.
En tanto, la Fuerza Aérea anunció recientemente que investigará los contratos que el ex comandante en jefe Ricardo Ortega supuestamente promovió para procurar empleo y sueldo con cargo a esa institución a su mujer, su hija, su cuñada y una empleada doméstica.
Por otra parte, la Corte Suprema nombró recientemente a un juez especial para investigar los presuntos sobreprecios que algunos oficiales del comando aéreo del Ejército habrían pagado al adquirir repuestos de helicópteros para esa institución.
«La autonomía militar llevaba a ese tipo de aprovechamiento corporativo», subrayó Escobar.
«Ellos de alguna manera son propietarios corporativos de instituciones que ejercieron el poder durante 17 años en Chile y que luego no han vuelto a un régimen normal de control», añadió este analista, para quien la reforma que ahora propone Piñera «no solamente es adecuada, sino que es la necesaria».
