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Aunque dicen tener un fundamento jurídico para la presentación

La Concertación con miedo de “hacer el loco” en la acusación contra Van Rysselberghe

por 1 marzo 2011

La Concertación con miedo de “hacer el loco” en la acusación contra Van Rysselberghe
Después de dos reuniones, el equipo de abogados constitucionalistas del bloque opositor encontró el sustento legal para el juicio político a la intendenta de la Octava Región. Sin embargo, persisten quienes dudan respecto de la utilidad y sentido de la misma, pero lo peor –reconocen en el sector- es que han hecho públicas sus aprensiones dejando en evidencia fisuras al interior del conglomerado. Adicionalmente, en el pacto se rumorea que un par de ministros han hecho “lobby” para evitar el libelo acusatorio.

A casi un mes del estallido del caso que tuvo en la cuerda floja a la intendenta de la Octava Región, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), la Concertación aún no decide si presentar o no la acusación constitucional, anunciada luego que el gobierno de Sebastián Piñera le diera un respaldo cerrado a la autoridad regional, pese a que los expertos consultados por el pacto opositor encontraron los fundamentos para hacerla.

Adicionalmente, el conglomerado nuevamente ha caído en exponer públicamente diferencias en torno a la estrategia a seguir. Algunos diputados han expresado abiertamente sus dudas acerca de la legitimidad de la presentación, lo que ha dejado de manifiesto nuevamente, según reconocen en la Concertación, que “hay un problema de liderazgo” al interior del sector.

Alrededor de las 20:00 horas de ayer lunes, el diputado DC Gabriel Ascencio anunció que los abogados constitucionalistas encontraron los fundamentos para la presentación, lo que fue confirmado a El Mostrador por la jefa de la bancada del Partido Socialista, Denis Pascal, presente en la reunión con los profesionales. La legisladora aclaró que, sin embargo, eso no significa que se concrete la acusación, pues además de las bases jurídicas que la contengan, ésta requiere de la aprobación por la mayoría de los diputados presentes en la Sala el día que se presente. La parlamentaria explicó que habiéndose encontrado el sustento para la medida y los antecedentes que le dieron sentido, ahora es necesario que algunos de estos últimos sean legalizados ante notario y, por último, conseguir y asegurar que estarán los votos para aprobarla. Porque, dice Pascal, algunos creen que si no existe la certeza de que pueda seguir su tramitación sería mejor no presentarla.

No obstante, en los partidos de la Concertación también se analizó la posibilidad de actuar paralelamente en otro ámbito: el de la comisión investigadora para este caso en particular. Si bien ya existe una comisión que investiga el proceso de reconstrucción, en la oposición no descartan una instancia que se aboque específicamente a la polémica suscitada con la intendente, a raíz de la denuncia del senador del MAS, Alejandro Navarro. En este sentido, el jefe de bancada del Partido Radical, Marcos Espinosa, señaló que a su juicio ambas “son cosas totalmente compatibles”. Por su parte, la diputada Pascal también reconoce que si bien ambas figuras no son incompatibles, explica que si la presentación de la acusación constitucional no prosperara, la comisión investigadora podría tomar su lugar.

Uno de los argumentos que habrían encontrado los abogados constitucionalistas consultados por la Concertación es el artículo 8, inciso 1º que establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. Fundamento al que los máximos dirigentes opositores le han puesto énfasis. En el pacto opositor destacan que una autoridad no puede mentirle a la ciudadanía, porque será difícil que recupere su confianza. Por lo demás, dicen, “si ya mintió una vez, por qué tenemos que creer que no lo volverá a hacer”.

En la Concertación atribuyen algunas de las discrepancias mostradas a “el lobby que han ejercido algunos ministros para que no se presente la acusación”, según admite un parlamentario de oposición. Dos secretarios de Estado se habrían comunicado directamente con algunos diputados con los que tendrían más cercanía, lo que “generó ciertas dudas” respecto de hacer la presentación.

No es menos importante el que no exista certeza de conseguir los votos para aprobar la acusación. No sería la primera vez que “hacemos el loco”, recuerda un parlamentario, “presentando algo para lo cual no tenemos los votos necesarios, porque incluso desde nuestro propio sector se echan para atrás”. En este aspecto el diputado socialista Marcelo Díaz no duda en hacer una advertencia: además de la solvencia jurídica, la acusación debe contar con los votos para ser aprobada, dice. Ello, aludiendo al comportamiento que puedan tener los independientes y el PRI. Porque, en su opinión, ellos “operan como aliados del gobierno y son permeables a las negociaciones con el gobierno”, lo que impide tener la seguridad de llegar a contar con sus votos.

“Reflexiones” que dividen

Pero no es el único problema que enfrenta la Concertación, pues desde sus propias filas algunos diputados han manifestado públicamente sus dudas acerca de la legitimidad de la acusación constitucional. Lo que nuevamente genera un clima de falta de unidad al interior del pacto. Para la jefa de la bancada del PS, las aparentes divergencias no son más que “reflexiones”, aunque admite que no es bueno que se hagan públicamente, porque perjudican la imagen del conglomerado y reconoce que estas deberían ser “silenciosas”.

Otro legislador más crítico aún admite que “si no lo manejamos correctamente” el tema de la acusación constitucional “puede terminar convirtiéndose en un boomerang para la Concertación, que debería evitar caer en los mismos errores que el año pasado”. “Puede ser un punto en contra”, insiste, y agrega que es por eso que el pacto realizará una reunión en marzo para abordar la necesidad de generar un mecanismo de resolución de controversias. En opinión del parlamentario si éste hubiera existido se hubieran evitado muchos problemas que el pacto opositor enfrentó el 2010.

Aún más, el legislador sostiene que “una de las debilidades” de la Concertación es que no sabe resolver sus diferencias internamente y que eso ha provocado que no le saquen partido a situaciones que pudieron haberlos favorecido en su primer año en la oposición. Pero más allá de eso también existe el reconocimiento de que esto “es una muestra de falta de liderazgo y de la naturaleza del mismo”.

Para el secretario nacional de la DC, Víctor Maldonado, la Concertación tuvo en el mes de febrero “un muy buen inicio de año” y asegura que de existir los fundamentos para la acusación constitucional, su partido la respaldará, aún cuando la Concertación dejó esta decisión en manos de los diputados de las diferentes bancadas. Maldonado recalca que el problema suscitado, a raíz de la grabación de una reunión de la intendente con un grupo de pobladores, “no es legal, es ético”. Y que cuando el Ejecutivo ratificó a Van Rysselberghe en su cargo “asumió la responsabilidad política de que alguien puede estar por sobre la ley”, por lo que a su juicio, Piñera “es un Presidente débil al que le es indispensable el apoyo de los partidos” que le dan la plataforma para gobernar.

De ahí que el dirigente estime que también es necesario que “la ciudadanía le aplique al gobierno el mismo juicio político que a Van Rysselberghe, porque él tomó la decisión de respaldarla”. En este contexto, el dirigente falangista advierte que prospere o no la acusación, en adelante se debe “centrar el debate político en la reconstrucción”.

Por su parte el vicepresidente de la DC, diputado Fuad Chaín, aseguró que su partido está cuadrado detrás de la acusación y explicó que la preocupación de su par Jorge Burgos, manifestada en la prensa, dice relación con la necesidad de asegurarse de que la presentación tenga fundamentos sólidos, porque “no quiere que se haga algo al lote y se repita lo que se hizo (la oposición de entonces) con Yasna Provoste”.

Por otra parte, en la Concertación atribuyen algunas de las discrepancias mostradas a “el lobby que han ejercido algunos ministros para que no se presente la acusación”, según admite un parlamentario de oposición. Dos secretarios de Estado se habrían comunicado directamente con algunos diputados con los que tendrían más cercanía, lo que “generó ciertas dudas” respecto de hacer la presentación.

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