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Accorsi (PPD) amenaza con recurrir a la OCDE por irregularidades en centrales Campiche y Castilla

por 4 marzo 2011

Accorsi (PPD) amenaza con recurrir a la OCDE por irregularidades en centrales Campiche y Castilla
“Los cables de wikileaks dejan en evidencia las presiones empresariales y también de gobiernos extranjeros para que el gobierno de luz verde a proyectos que en ninguna parte del mundo serían aprobados", sostuvo el parlamentario.

El diputado PPD y miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Enrique Accorsi, anunció que acudirá a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) por las irregularidades en la aprobación de las centrales termoeléctricas Campiche y Castilla, para que se tenga presente “las malas prácticas” en materia medioambiental que ha incurrido el Estado de Chile.

“Nosotros habíamos entregado antecedentes a la Contraloría sobre las presiones políticas de ciertos ministerios y muchas de las irregularidades que hoy se han hecho públicas respecto a ambos proyectos. Sin embargo, en ese momento se desestimaron estas denuncias y la respuesta de la Contraloría fue que esos ministros no tenían participación en el consejo de ministros que zanjaban los temas medioambientales”, sostuvo el parlamentario.

Sin embargo, “los cables de wikileaks sobre la Central Campiche, que revelan gestiones entre AES Gener y el gobierno de Bachelet para destrabar el proyecto, dejan en evidencia las presiones empresariales y también de gobiernos extranjeros para que el gobierno de luz verde a proyectos que en ninguna parte del mundo serían aprobados, que incluso tenían un fallo en contra de la Corte Suprema”.

El parlamentario además rechazó que existan pagos a las comunidades para que se desistan de acciones legales, señalando que aquello debería estar penado por la ley.

Por último, Accorsi dio a conocer su total respaldo a la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la cual sería presentada la próxima semana. Esta instancia tendrá por objetivo transparentar los procesos medioambientales, y evitar que estas “malas prácticas se repitan en los otros proyectos termoeléctricos que el Estado tiene en carpeta”.

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