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Líbelo será presentado la próxima semana

Discrepancias en la oposición por acusación constitucional contra Van Rysselbergue

por 19 marzo 2011

Discrepancias en la oposición por acusación constitucional contra Van Rysselbergue
Tanto la DC y el PS aseguraron que no instruirán a sus legisladores para votar a favor de la acción contra la intendenta del Biobío, mientras que el PPD garantizó el sufragio positivo de sus 18 parlamentarios. Por su parte, la UDI también mostró diferencias de posiciones, ya que los diputados gremialistas por la zona estudiarán la acción para ver si la apoyan.

Dos de los partidos de la Concertación, la DC y el PS, decidieron no instruir a sus parlamentarios de cómo votar la acusación constitucional contra la intendenta del Biobío, Jaqueline van Rysselberghe, mientras que el PPD garantizó el sufragio de 18 legisladores.

Los jefes de las bancadas de diputados tienen en su poder el texto de la acusación, que será presentado la próxima semana, que busca sancionar a la autoridad regional por su petición de subsidios para personas que no resultaron afectadas por el terremoto del 27 de febrero.

Según lo informado por los legisladores, el líbelo será interpuesto el miércoles o jueves de la próxima semana y el acuerdo político concertacionista es el de hacer la presentación, aunque para que tenga éxito no bastan los votos del conglomerado opositor.

El propio vicepresidente de la DC, Fuad Chaín, aseguró que se tiene la convicción de que Van Rysselberghe infringió la Constitucional, por lo que están establecidos los fundamentos jurídicos para proceder con la acusación.

Además, Chahín instó a los diputados de RN a apoyar el líbelo acusatorio, pero de pasó afirmó que su partido no instruirá a sus parlamentarios la forma en que deben votarlo.

En tanto, el vicepresidente del PS, Álvaro Elizalde, dijo que su colectividad tampoco le dirá a sus parlamentarios sobre la forma de votar la acusación constitucional.

PPD garantiza sus votos y la UDI se abre a estudiar el caso

Sin embargo, el PPD en voz del jefe de la bancada de diputados, Pepe Auth, garantizó los votos a favor de sus 18 parlamentarios en el líbelo contra la intendenta. Por su parte, los legisladores gremialistas de la zona del Biobío se abrieron a la posibilidad de estudiar la acusación.

A pesar que en una primera instancia, los parlamentarios UDI cerraron filas tras Van Rysselberghe y se alinearon con la postura de la colectividad restando legitimidad a la acusación, los diputados Juan Lobos e Iván Norambuena dijeron que evaluarán el documento que presentará la Concertación la próxima semana.

Ya el diputado Lobos había afirmado que tiene que evaluar los argumentos esgrimidos por la oposición, instando de paso a quienes se manifiesten a favor o en contra a inhabilitarse “porque la acusación es una herramienta seria”.

Agregó que tendrá la asesoría de un abogado para estudiar la acusación que se presentará contra la autoridad regional.

Por su parte, Norambuena está esperando la presentación del líbelo para estudiarlo y será en esa oportunidad cuando decida si lo apoyará o rechazará.

Lobos y Norambuena, junto a Sergio Bobadilla y Jorge Ulloa, estos últimos también diputados por Biobío, tuvieron una relación tensa con Van Rysselberghe durante todo el año 2010.

A mediados de febrero y en medio de la polémica, la directiva de la UDI convocó a todos los diputados de la zona para discutir la posición frente a la continuidad de la intendenta y la acusación. Los legisladores le plantearon al timonel del gremialismo Juan Antonio Coloma el descontento que tenían contra la autoridad regional y pidieron libertad de acción frente al libelo.

Según El Mercurio, la UDI conformó una comisión jurídica, integrada por los diputados Giovannu Calderón, Arturo Squella, Cristián Letelier y Edmundo Eluchans, la cual tendrá como principal objetivo el de establecer las bases de lo que será el planteamiento oficial del gremialismo frente a la acusación.

La acusación contra la intendenta incluye tres capítulos, en los cuales se pretende demostrar que la autoridad violó el precepto constitucional que la obliga a mantener la probidad administrativa.

Además, el texto califica como una maquinación engañosa que Van Rysselberghe haya inventado una historia para buscar beneficiar a vecinos de la población Aurora de Chile que no resultaron afectados en el terremoto.

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