La decisión adoptada en la isla fue recibida con tranquilidad por el abogado del empresario, Juan Pablo Hermosilla, por cuanto cree que detrás de ella hay una pugna política entre Fidel y Raúl Castro. Al mismo tiempo consideró poco legítimo que el proceso se desarrolle en ausencia, ya que «de acuerdo a la ley chilena y las convenciones internacionales esto está prohibido».
Un informe del Partido Comunista fue el que en abril de 2010 terminó por sepultar toda una historia de buenas relaciones del empresario Max Marambio con el régimen cubano. Esto, porque el documento dejó en evidencia que la empresa de alimentos Río Zaza, cuya propiedad compartía con el régimen de la isla, habría aplicado sobreprecios y cometido fraude.
Y este jueves, un año después de conocerse esas imputaciones, la Fiscalía de Cuba, tras juzgarlo en ausencia, le imputó los delitos de cohecho, falsificación y estafa. Y también pidió que sea castigado con 20 años de cárcel.
De todas maneras el abogado de Marambio, Juan Pablo Hermosilla, consideró que la alta pena solicitada obedece más bien a “pugnas políticas”, considerando que se trata de un delito de índole económica. «Acá el problema tiene que ver, pero es una especulación, con ciertas dinámicas del poder interno en Cuba, justamente por la pérdida de poder de Fidel (Castro) y por el gran poder que ha tomado Raúl (Castro) en el último tiempo», señaló el profesional en declaraciones a la Radio Cooperativa.
Hermosilla consideró, además, como poco legítimo que el proceso se desarrolle en ausencia, considerando que “de acuerdo a la ley chilena y las convenciones internacionales esto está prohibido, porque ¿cómo se podrá juzgar a una persona sin estar presente?».
Finalmente dijo que el gobierno cubano no optó por la vía de la extradición ya que está consciente que una solicitud en ese sentido será rechazada por los tribunales chilenos. «Lo acabamos de vivir con una extradición que llegó de Colombia – el caso de Manuel Olate-,por lo tanto se arriesgan a una negativa».
Los detalles del dossier del PC cubano lo dio a conocer el año pasado El Mostrador al día siguiente de la extraña muerte en La Habana de Roberto Baudrand, gerente general de Alimentos Río Zaza, dedicada a envasar productos lácteos, jugos y alimentos.
En ese entonces, Marambio argumentó que se vio forzado a cerrar la firma por el “corralito” financiero que Raúl Castro habría impuesto deteniendo los pagos a compañías extranjeras, con lo cual dejó cerca de US$ 23 millones congelados en Cuba.
Según el informe del único partido político legal de Cuba, los negocios del empresario chileno en la Isla estaban vinculados a supuestos delitos como la venta de productos con sobreprecios y fraude. Dos ilícitos centrales para la fiscalía que habrían motivado la detención de colaboradores de Marambio y los largos y duros interrogatorios a los que fue sometido el gerente de Río Zaza, Roberto Baudrand.
El 8 de marzo de 2010, el diario oficial “Granma” informó de la destitución del presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Rogelio Acevedo González, un destacado general de la Revolución que, de acuerdo a versiones extraoficiales, habría estado relacionado con una operación de malversación de fondos. Más tarde, se supo de la detención de la esposa de Acevedo, Ofelia Liptak, directora comercial de Río Zaza, y de Lucy Leal, contadora de las empresas de Marambio en Cuba. En ambos casos se hablaba de la supuesta malversación de fondos y desvío de recursos al extranjero. Una tesis que dos fuentes cubanas allegadas a la diplomacia de ese país ratificaron por separado, apuntando a supuestos intentos de expatriación de recursos de mandos medios detectados por el círculo de hierro de Raúl.
Fuentes del PC chileno confidenciaron en su momento a El Mostrador que uno de los motivos por los que el Ministerio Público cubano decidió iniciar una indagatoria radica en que se detectaron situaciones irregulares en el comportamiento de las empresas de Marambio. Una de ellas fue el pago de sobresueldos a los empleados -práctica común en las empresas mixtas para fomentar la productividad-; la otra: la existencia de tráfico de influencias, gracias al nivel de “llegada” de Marambio en algunos sectores del gobierno.
Todas los supuestos delitos e irregularidades en los negocios de Marambio fueron puestos en contexto por un cercano al ex oficial de Tropas Especiales que cree que había una persecución en su contra por el rol protagónico que jugó en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami y el estilo poco ortodoxo del candidato.
“Hace un año –en 2009- , sus empresas eran puestas como ejemplo de cómo hay se hacen las cosas bien en Cuba y ahora, de la noche a la mañana, un día después de la elección del 13 de diciembre, las mismas prácticas cotidianas, aceptadas y promovidas por Raúl se convierten en ilegales”.
Según él, detrás de las situaciones mencionadas en el “dossier Marambio”, se escondía el hecho de que los cubanos “le quieren pasar la cuenta” al ex mirista por haberlos convencido de que el único candidato presidencial de izquierda o progresista que tenía chances de derrotar a la Concertación en la elección pasada era Marco Enríquez. Cuando en realidad, según la lectura de La Habana, lo que hizo fue abrirle las puertas de La Moneda al primer gobierno de derecha democráticamente elegido en los últimos 50 años, con el consiguiente cambio en los equilibrios políticos en Latinoamérica, que son estratégicos para la sobrevivencia del régimen comunista de los Castro. De hecho, hasta la llegada de Piñera al gobierno Chile no se había alineado de modo frontal contra Cuba.
En ese proceso, el núcleo de confianza de Raúl Castro no le perdonó al jefe político de MEO no haber apoyado de manera decisiva a Eduardo Frei en la segunda vuelta presidencial de enero de 2010. Tampoco, que en distintos momentos de la campaña haya operado a tres bandas: 1. Con las autoridades cubanas para que le quitaran su apoyo al candidato comunista Jorge Arrate e influyeran sobre Venezuela para restarle ayuda a la campaña de Alejandro Navarro 2. Con la ex presidenta Michelle Bachelet para que Enríquez-Ominami endosara su apoyo a Eduardo Frei en la segunda vuelta electoral y 3. Con Andrés Allamand y Andrés Chadwick, quienes querían que el hijo de Miguel Enríquez no apoyara a Frei o que si lo hacía, apenas fuese un gesto tibio que no afectara al ahora Presidente Sebastián Piñera. Cosa que tampoco ocurrió porque en su discurso final, Enríquez-Ominami vinculó a Piñera con el pinochetismo y aquellos que mataron a su padre.
Hace un año, la única versión sobre el hecho no la había dado Marambio, sino que ME-O e una entrevista con La Tercera, donde afirmó que lo que estaba ocurriendo en Cuba con su ex jefe político es un “proceso de acoso y derribo de las empresas de Max” que partió el 14 de diciembre de 2009, un día después de la derrota del candidato que provocó la furia del gobierno de la Isla y la respectiva queja a Marambio, cuando poco tiempo antes dijo en una entrevista en CNN con Tomás Mosciatti: “El día que levanten el embargo, vamos los dos a liberar a Cuba”.
En el PC chileno la versión del acoso político fue refutada. “Lo que hay aquí no es un caso de ese carácter, de acuerdo al informe reservado de sus pares cubanos y el análisis político interno, sino económico, por anomalías en la forma en que Marambio manejaba sus empresas en Cuba. El asunto es que la justicia en Cuba cuando investiga, lo hace de manera muy reservada con el fin de obtener las pruebas necesarias y darlas a conocer cuando termine la investigación. Cuando eso pase, será el MOP-GATE de los cubanos”, sostenía una fuente de esa colectividad, organización que tiene viejas rencillas con Marambio a raíz del período en que él y los comunistas fueron socios en la Universidad Arcis y gestionaron con el gobierno de Hugo Chávez un préstamo blando para la casa de estudios de US$ 8 millones.
La versión coincide con la carta aparecida en El Mercurio del 11 de abril de 2010 de varios empresarios chilenos que le quitaron el piso a Marambio.
La misiva es clara: “El caso de las empresas del empresario chileno Max Marambio es una situación puntual que se encuentra en proceso de investigación ante los Tribunales de Justicia en Cuba, y será de su competencia el dirimir las transgresiones que hayan podido cometer a las regulaciones vigentes, problemas que ninguna de las otras empresas chilenas en Cuba tienen”.
Entre los firmantes estaba Ángel Domper, dueño de TJP Internacional, quien al ser consultado por el matutino incluso fue más allá con sus declaraciones: “Él no es una víctima. Hay colaboradores de su empresa en prisión y otros sujetos bajo investigación. En Cuba cuando hay investigaciones así, es que los organismos ya tienen una serie de antecedentes acumulados”.
