“La idea es que nos exponga respecto de la concentración de editoriales, falta de transparencia y posible abuso hacia los consumidores, ya que es un tema sensible que afecta directamente a la clase media», sostuvo la diputada Mónica Zalaquett.
Los diputados de la Alianza José Manuel Edwards (RN) y Mónica Zalaquett (UDI), miembros de la comisión de Economía de la Cámara baja, acompañados por la presidenta de la comisión de Educación, María José Hoffman (UDI), solicitaron invitar al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, para que exponga los antecedentes recaudados en relación al valor de los textos escolares y posibilidad de colusión por parte del mercado.
“La idea es que nos exponga respecto de la concentración de editoriales, falta de transparencia y posible abuso hacia los consumidores, ya que es un tema sensible que afecta directamente a la clase media”, afirmó Zalaquett.
El precio de los textos de estudio tiene un costo promedio sobre los $15 mil, llegando en algunos casos a los $25 mil. A esto se suma que los libros ya no pueden ser reutilizados debido que anualmente son actualizados en su contenido.
Hoffman, resaltó que ésta es la tercera vez que se toma la iniciativa en este tema. “Ya fuimos al SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) para entregar antecedentes, solicitamos a la Fiscalía iniciar una investigación y hoy nos reunimos con el ministro de Educación, Joaquín Lavín”, explicó.
Los parlamentarios oficialistas plantearon que existe falta de transparencia junto a la concentración en el mercado de los textos escolares, por lo “necesitamos revisar todos los antecedentes que la Fiscalía tenga para así analizar los mecanismos para regular el sector”.
En este sentido, los legisladores precisaron que los antecedentes que poseen señalan la existencia de sólo dos editoriales que se llevan el 80% de los 361 textos que se entregan en los tres ciclos de educación. “Por ello, es necesario, para la tranquilidad de las familias, saber si hay o no abuso hacia ellos”, argumentó Edwards.
La polémica se ha instalado en torno a la renovación anual de los textos escolares por parte de las editoriales lo que obliga a los padres y apoderados a comprar nuevos textos cada comienzo de año, convirtiéndose en un ítem que bien puede desestabilizar cualquier presupuesto familiar.
“En este contexto es necesario tomar medidas para facilitar la adquisición de textos como una forma de incentivar la lectura, reducir el gasto escolar y aliviar el bolsillo de la clase media”, sentenciaron Zalaquett y Edwards.
