El representante de la Iglesia Católica en derecho canónico y cabeza del obispado de San Bernardo, Juan Ignacio González, aseguró que la orden dada por la magistrada Jéssica González traerá consecuencias entre el ordenamiento civil y el eclesiástico. “Me preocupa la manera cómo lo hizo, porque pone en tela de juicio, en suspenso, el secreto pontificio (…) había un camino para hacer esto, se estaba siguiendo y de repente se interrumpe y se va por otra vía, eso es lo que uno no entiende”, sostuvo.
El obispo de San Bernardo y representante de la Iglesia Católica en derecho canónico, Juan Ignacio González, se refirió al allanamiento al hogar y oficinas del abogado Juan Pablo Bulnes, ordenado por la ministra en visita del Caso Karadima Jéssica González.
En entrevista con Radio Agricultura, el religioso Opus Dei, calificó la medida como ‘gravísima’, advirtiendo que ésta traerá consecuencias entre el ordenamiento civil y el canónico.
“Me preocupa la manera cómo lo hizo, porque pone en tela de juicio, en suspenso, el secreto pontificio, la cosa es así de clara, estoy hablando a título técnico como canonista. Había un camino para hacer esto, se estaba siguiendo y de repente se interrumpe y se va por otra vía, eso es lo que uno no entiende”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que el abogado Bulnes al llevar la defensa canónica del padre Karadima, él también está sometido a las normas de la Iglesia. Es decir, al secreto pontificio.
“Aquí ha habido una colisión de derechos, en que un magistrado ha pasado a llevar el secreto pontificio, según la legislación de la Santa Sede, que es por el cual se rige la Iglesia Católica (…) hay que enfocar por ahí la cosa…hay una colisión de derecho que creo fue mal resuelta por la ministra, aplica mal la legislación”, indicó el obispo de San Bernardo.
“El abogado Bulnes, como cualquier abogado eclesiástico, está sujeto en este caso particular y para estos delitos, a una norma expresa de la Santa Sede que dice que toda la documentación está bajo secreto pontificio, y por lo tanto eso requería otro tipo de acciones para acceder a eso. Es la Santa Sede quien pone eso y quien la quita”, señaló González.
Agregando que “acá ha pasado un hecho que creo que es inédito, en que un juez civil ha interceptado una documentación que estaba bajo reserva propia de la legislación de la Iglesia”.
“Estos son más que detalles…son las relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Chile. Lo que se hizo ayer, con esta reserva pontifica del secreto, no se hizo bien. La ministra optó por el camino más fácil”, concluyó el obispo.
