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Gutiérrez (PC) pide al Gobierno cierre de penales Punta Peuco y Cordillera

«Estos militares deberían ser trasladados a recintos penales, como es Santiago Uno, que es el que está ubicado detrás de la ex Penitenciaria de Santiago, que les correspondería estar mientras son procesados y, una vez condenados, a Colina Uno», sostuvo el diputado.


El diputado Hugo Gutiérrez (PC), miembro de la comisión de Derechos Humanos, pidió al Gobierno el cierre de los penales Punta Peuco y Cordillera, luego de que un reportaje televisivo diera cuenta de los privilegios con que cuentan los militares (r) recluidos en esos recintos por violaciones a la dignidad de las personas.

Entrevistado por Agencia UPI, el abogado enfatizó que «estos militares deberían ser trasladados a recintos penales, como es Santiago Uno, que es el que está ubicado detrás de la ex Penitenciaria de Santiago, que les correspondería estar mientras son procesados y, una vez condenados, a Colina Uno».

El jurista conocido por defender causas a favor de los derechos humanos, enfatizó que si no son clausuradas estas cárceles, «va a resultar una burla al resto de la gente que se encuentra hoy día recluida».

Asimismo, se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien dijo, según consigna una radio, que «respecto de Punta Peuco y Cordillera, ese es un acuerdo constitucional que surgió el año 95. Y me llama la atención que nos sorprendamos, ese fue el acuerdo político al que se llegó por los actores políticos de la época, y es también parte de las tradiciones carcelarias con las que tenemos que convivir».

Al respecto, Gutiérrez recalcó que «la autoridad que gobierna hoy día son ellos, y él (Bulnes) bien podría no tener que respetar ese acuerdo político que él dice que dio lugar a esos dos penales para militares».

El parlamentario comunista puntualizó, eso sí, que antes de la clausura de los lugares donde se encuentran ex uniformados, se debe «cerrar de manera definitiva la llamada ex Penitenciaría de Santiago y la cárcel de San Miguel. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer la autoridad de justicia».

«Creo que lo que se vio en el reportaje causa una honda indignación, un profundo malestar en todas las personas que se encuentran recluidas en esos penales y en sus familiares. Creo que hay una humillación que no es tolerable y que eso rompe todo tipo de igualdad en las condiciones que se deben encontrar todas las personas privadas de libertad», añadió.

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