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Vocero de la Suprema por fallo contra mapuches: ‘A mí me pareció un juicio justo’

De esta forma respondió el magistrado al consultársele sobre la aplicación de herramientas de la Ley Antiterrorista durante la investigación del Ministerio Público y que no fueron mencionadas en la resolución del máximo tribunal.


Tras el fallo que acogió en parte la nulidad del juicio oral contra cuatro comuneros mapuche y dictó una sentencia de reemplazo que rebaja las penas iniciales de 25 y 20 años a 14 y 8 años de cárcel para ellos, el miembro de la Sala Penal y vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, explicó las implicancias de la resolución.

El magistrado aseguró que el proceso por el cual los mapuche fueron condenados fue «justo», al ser consultado sobre la aplicación de herramientas de la Ley Antiterrorista durante la investigación del Ministerio Público y que no fueron mencionadas en la resolución del máximo tribunal.

«A mí me pareció un juicio justo», dijo el juez, quien también enfrentó preguntas referidas a los cuestionamientos de organismos internacionales respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile. «¿Usted cree que los tratados internacionales están avalando las balaceras y los atentados contra las autoridades del país? ¿Cree que los tribunales podrían avalar esas conductas?», cuestionó Rodríguez.

En ese marco, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, también se refirió al fallo, pero fundamentalmente a la decisión de los comuneros de mantener su huelga de hambre.

El representante del Poder Judicial explicó que el fallo de la Sala Penal es «la última palabra y hay que acatarla. Uno aspiraría que los comuneros dejen la huelga de hambre porque han logrado algo que ellos pretendían que es rebajar sus condenas», concluyó.

Héctor Llaitul, de acuerdo a la resolución de este mediodía, deberá pasar 14 años en prisión, mientras que José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical un total de 8 años de cárcel, por los delitos de robo con intimidación y lesiones graves y menos graves en contra del fiscal Mario Elgueta y otros funcionarios de la PDI.

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