Tras recibir el informe presentado por la ministra Margarita Herreros, y escuchar los descargos de las partes, el pleno del máximo tribunal del país decidió aplicar sanciones contra cuatro integrantes del poder judicial.
El pleno de la Corte Suprema determinó aplicar una serie de sanciones a jueces de garantía y a una ministra de la Corte de Apelaciones de Arica, quienes fueron investigados por irregularidades ocurridas en la jurisdicción, en medio de acusaciones de tráfico de influencias y negociaciones dudosas.
Estas se relacionan con la denuncia que hizo el Consejo de Defensa del Estado, en el marco de un caso por fraude al fisco contra el empresario Carlos Herrera, que no había cumplido con el pago de una multa de $ 75 millones y que habría tramitado la venta de vehículos a los jueces de garantía Gonzalo Díaz González y Rodrigo Urrutia Molina, mientras se gestionaba la aplicación de la sentencia.
Tras recibir el informe presentado por la ministra de la Corte Suprema Margarita Herreros, y escuchar los descargos de las partes, el pleno del máximo tribunal del país decidió aplicarles cuatro meses de suspensión y se ordenó la apertura de un cuaderno de remoción para ambos.
Para el juez del Juzgado de Garantía de Arica, Juan Araya Contreras, indagado por otras acusaciones, se decidió sancionarlo con cuatro meses de suspensión; mientras a María Verónica Quiroz Fuenzalida, ministra de la Corte de Apelaciones de Arica, se le aplicó una censura por escrito.
El portavoz de la Corte Suprema, ministro Jaime Rodríguez Espoz, sostuvo que, “cuando hay hechos irregulares, hay que reprimirlos. En eso tenemos la situación clara de que tiene que ser así y en cualquier parte que ocurra dentro de la administración de justicia. Esto ocurrió en Arica y se han adoptado las medidas”.
