Una sesión especial para abordar por qué las autoridades reguladoras no advirtieron las irregularidades en La Polar así como en la venta de la cadena de supermercados, se realizará en el Senado. El ministro de Hacienda es uno de los convocados. No sólo como autoridad, sino también en su calidad de miembro del directorio de Santa Isabel. Ocupaba un sillón cuando Eduardo Elberg vendió su paquete de acciones a un precio distinto al que informó a la SVS, perjudicando a los accionistas.
La Superintendencia de Valores y Seguros decidió no acoger la denuncia en contra del ex dueño de Santa Isabel, Eduardo Elberg, y de su entonces director y actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentada por el senador del MAS Alejandro Navarro.
El 13 de junio, el parlamentario solicitó al órgano investigar si existió un ilícito al no informar Elberg el precio real de venta de la cadena que fuera la estrella en su momento como La Polar. Entre sus argumentos, la SVS sostuvo que sólo tiene facultades legales para sancionar infracciones hasta cuatro años de ocurrido un ilícito.
Los hechos que rodean la operación cuestionada por el parlamentario sucedieron hace 14 años. En 1997 Eduardo Elberg, a quien se calificó como un campeón de los negocios, vendió su paquete de acciones –un 36,96%- a un grupo uruguayo en $229,7 millones, según informó a la SVS. Pese a los rumores que hablaban de que el conglomerado uruguayo Vélox había “castigado” el precio, recién el 13 de marzo Elberg dio a conocer en una entrevista en El Mercurio lo que realmente le pagó el comprador: US$150 millones, es decir, un tercio menos. La información fue adjuntada como pieza clave en el oficio a la SVS.
Una sesión especial para abordar por qué las autoridades reguladoras no advirtieron las irregularidades en La Polar así como en la venta de la cadena de supermercados, se realizará mañana en el Senado. El ministro de Hacienda es uno de los convocados como autoridad, de la que depende la SVS, y como miembro del directorio de Santa Isabel cuando se produjo la venta.
“El dijo que ignorancia no es eximente de responsabilidad. Como director debía cautelar el interés de todos los accionistas y estar informado de cualquier movimiento que pudiera perjudicarlos. El ministro está en una condición muy especial”, afirma Navarro, quien citó a la sesión junto a los senadores Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y José Antonio Gómez (PR).
Navarro explica que los inversionistas se vieron seriamente afectados, ya que de acuerdo al precio de venta informado a la SVS, el valor total de la compañía en bolsa ascendía a US$621 millones. Pero el real era US$406 millones, por lo que quienes compraron acciones lo hicieron usando información falsa que hacía aparecer a la compañía con un valor mucho mayor al que tenía.
A la sesión también están invitados los superintendentes de Valores, Fernando Coloma; Pensiones, Solange Bernstein, y de Bancos, Carlos Budnevich.
La SVS afirma que, de acuerdo a los antecedentes de la época, Santa Isabel informó la venta entre Elberg y Vélox mediante un hecho esencial. “Y el sr Elberg lo informó conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Valores y en la circular 585 de esta Superintendencia, sin que con posterioridad enviara nueva información al respecto”.
Navarro, quien recibió la respuesta el 4 de julio, indica que aunque no pueda aplicar sanciones por exceder el plazo, “eso no le impide investigar, jamás debiera negarse a investigar los modus operandi que le hubieren sido denunciados y menos ahora”.
La SVS tampoco acogió un reclamo sobre el no pago de compensaciones de Ahold, la cadena holandesa que le compró la cadena a Vélox en 1998, a los accionistas de Santa Isabel. En 2002 Ahold protagonizó un escándalo que llegó a la corte federal de Maryland en Estados Unidos, tras descubrirse que «Food Service, la filial estadounidense de Ahold, había registrado en sus libros los descuentos de los proveedores y bonificaciones como ganancias, aunque en realidad el dinero no se encontraba ahí”, expone Navarro.
La firma llegó a un avenimiento y destinó US$1.100 millones a compensar los perjuicios ocasionados a los demandantes por la pérdida de valor de las acciones, debido a que había falseado sus ingresos y ganancias. “En este acuerdo se incluyó a los accionistas de Supermercados Santa Isabel, pero éstos nunca supieron”, afirma Navarro a la SVS.
El organismo, en cambio, afirma que lo ocurrido no afectó a Santa Isabel ni a sus accionistas, ya que no tenían papeles de Ahold, la demandada, sino de la cadena de supermercados chilena.
Desde Perú el congresista Daniel Abugattas solicitó información al ministro Larraín respecto del daño que produjo el fraude a los accionistas, a raíz de la integración de las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá, debido a que se van invertir fondos previsionales peruanos.
