Esto luego que el diputado Enrique Accorsi y la presidenta del PPD, Carolina Tohá, solicitaran un pronunciamiento de la entidad, planteando que los ministros podrían estar inhabilitados para abordar la calificación ambiental del proyecto Mina Invierno, la principal de la iniciativa carbonífera que lidera la empresa COPEC S.A., de la cual es accionista el Presidente de la República.
La Contraloría General de la República desestimó las acusaciones de un eventual conflicto de intereses de los miembros del Comité de Ministros y la solicitud de una actualización de la declaración de patrimonio del Presidente Sebastián Piñera, asociadas al proyecto minero magallánico Isla Riesco.
Esto luego que el diputado Enrique Accorsi y la presidenta del PPD, Carolina Tohá, solicitaran un pronunciamiento de la entidad fiscalizadora, planteando que los ministros podrían estar inhabilitados para evaluar los reclamos contra la resolución de calificación ambiental del proyecto Mina Invierno, la principal de la iniciativa carbonífera que lidera la empresa COPEC S.A., de la cual es accionista el Presidente de la República.
El planteamiento de Tohá y Accorsi era que “la calidad de colaboradores directos y de la exclusiva confianza de esa autoridad influirá sobre las respectivas decisiones”.
El comité es presidido por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez y lo integran también los titulares de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación.
Según la resolución de Contraloría, “los titulares de las Secretarías de Estado que integran el antes mencionado Comité de Ministros se encuentran obligados por la citada ley N° 19.300 a conformarlo y a actuar, en ese ámbito, de conformidad con las competencias específicas que esa normativa les atribuye directamente”.
“De este modo, la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario”.
Además la resolución, firmada por el contralor Ramiro Mendoza, recuerda que el 18 de julio pasado “se aceptó la renuncia de don Laurence Golborne a los cargos de Ministro de las carteras de Minería y Energía, siendo nombrado posteriormente, a través del decreto N° 576, de la misma fecha y origen, como titular del Ministerio de Obras Públicas, de manera que no le corresponderá participar en el conocimiento y decisión de los mecanismos impugnatorios de que se trata y, por ende, no resulta del caso formular un pronunciamiento sobre la respectiva consulta”.
