El programa Informe Especial detonó la investigación que actualmente lleva el fiscal José Morales por la compra de terrenos que hizo el Serviu al abuelo de la señora del ex subsecretario de Vivienda. Una de las hebras que está siendo desenrollada es el destino final de 700 millones de pesos. Existen dos contratos con distintos precios firmados por el pariente político de Iacobelli y dos inmobiliarias ligadas a Abraham Senerman.
Durante una investigación sobre las irregularidades de las Egis –entidades que organizan a los postulantes y gestionan los subsidios habitacionales- el programa Informe Especial de TVN dio con una arista inesperada. Se trataba de la venta de tres sitios de propiedad de Sergio Araos, abuelo de Paulina Etcheberry, la señora de Andrés Iacobelli, al Serviu. Los antecedentes y escrituras fueron puestos en conocimiento del fiscal José Morales, quien decidió abrir una investigación. El programa salió al aire, pero excluyó cualquier referencia al ex subsecretario.
“El caso habría estallado en ese momento de haberse conocido la información, pero todo lo relacionado con Iacobelli no se transmitió”, sostiene un funcionario del Serviu.
Fuentes del canal, por su parte, aseguran que mandar antecedentes que aparecen en el transcurso de una investigación periodística a la fiscalía es un protocolo habitual en el canal público, para no ser acusados de encubrimiento. Y que la decisión de no incluir estos antecedentes fue una opción editorial que tuvo que ver con que el foco del reportaje estaba en otra parte.
Hasta ese momento, el fiscal estaba concentrado en el caso Kodama y sólo tenía como referencia los dichos de Rafael Marambio, ex subdirector jurídico del Serviu, quien en medio de los interrogatorios le mencionó que existía una operación que involucraba al ex subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli
[cita]Esta semana la Contraloría entregará el resultado de la investigación que podría determinar la existencia de los delitos de tráfico de influencias y falta a la probidad administrativa por parte del ex subsecretario y sus asesores en la aprobación del pago de 1.500 millones de pesos en favor de la familia Araos y de las inmobiliarias.[/cita]
A partir de las declaraciones entregadas por funcionarios y ex personeros del Serviu, incluida la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y las escrituras firmadas por una hija de Sergio Araos y las inmobiliarias que le compraron sus terrenos en Puente Alto, el fiscal investiga un posible caso de fraude al fisco y negociación incompatible.
Existen dos documentos que acreditarían irregularidades. El primero es la promesa de compraventa firmada por Isabel Araos, hija del propietario de los sitios y suegra de Iacobelli, y las inmobiliarias Vespucio Oriente y Pedro de Valdivia Oriente, ligadas a Senexco, una de las empresas de Abraham Senerman, el 19 de febrero de 2010. Ahí se acuerda un precio de 800 millones de pesos, pese a que el valor real a pagar por el Serviu era casi el doble: 1.500 millones de pesos.
Un mes después, el 26 de marzo de 2010, en la misma notaria (Félix Jara Cadot) se hace una escritura entre Isabel Araos y las inmobiliarias, en la cual se establece que el precio estipulado el 19 de febrero no es efectivo. No fueron 800, sino 1.500 millones de pesos. La razón para justificar el cambio, según consta en el documento, son los gastos en que incurrieron las inmobiliarias en la tramitación de subsidios (120 millones de pesos) mientras el resto fue destinado a la urbanización de los terrenos. Costos que corren por cuenta del Serviu, explica una fuente del organismo. “La Egis se encarga de organizar a los postulantes y tramitar los subsidios. Por ese trabajo le cobra al Serviu. Y la urbanización la financia el Servicio mediante otros subsidios”.
El fiscal Morales estaría investigando el destino final de la diferencia de precio (700 millones de pesos) para determinar si podrían configurarse los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.
Otra irregularidad detectada durante la investigación es la forma en que se prorrogaron los plazos para cumplir las condiciones exigidas por el Serviu. “La Egis propone un proyecto que el Servicio aprueba o rechaza de acuerdo al cumplimiento de antecedentes legales y técnicos. Según el artículo 13 del decreto 174 el proyecto debía ser devuelto porque había reparos que no habían sido subsanados. El plazo estaba vencido y se buscó una solución por la vía de rectificar la última prórroga, que fue aprobada por la seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Marisol Rojas, el 19 de mayo de 2010”, relata la fuente del Serviu.
El día anterior, según consta en la investigación judicial, se realizaron varias reuniones e intercambios de correos electrónicos. En uno de ellos Rafael Marambio, ex subdirector jurídico del Serviu, le informa a Andrés Eyzaguirre, jefe de gabinete de Iacobelli, “quedó listo el tema del subsecretario”. Eyzaguirre le responde “¡perfecto! ya se lo mandé a los señores de Senexco”.
La aprobación forzada buscaba evitar que el proyecto tuviese que reingresar al Serviu para ser nuevamente tramitado. Porque, de ser así, los terrenos habrían bajado de valor. Una modificación al decreto 174, vigente desde el 1 de abril de 2010, autoriza un pago máximo de hasta 10% por sobre el valor de tasación del Serviu para cualquier terreno destinado a viviendas sociales. El abogado del Serviu, Juan Pablo Crisóstomo, revisó la operación para verificar el cumplimento de las obligaciones y concluyó que debía ser rechazada por los cambios en el precio y por el traspaso de terrenos de Araos, quien había firmado la promesa de compraventa con el Serviu, a las inmobiliarias ligadas a Senexco. El abogado entregó el informe al jefe del departamento jurídico, Eugenio González, quien no firmó el oficio por razones que se investigan.
En conocimiento de que existía una operación vinculada a familiares de Iacobelli, la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, pidió a la Contraloría del Serviu que revisara el caso. El 15 de marzo recibió como respuesta que era necesario tener más antecedentes, pero que podía existir un conflicto de interés. Al ser requerido por Matte, el ex subsecretario Iacobelli planteó que revisaría el asunto y consultaría a la Contraloría del Minvu. Diez días después le informó que no existía problema alguno.
La tranquilidad de Iacobelli no fue compartida por el nuevo ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, quien le pidió enviara los antecedentes a la Contraloría General de la República. “Mandó dos papeles en los cuales no había ninguna información importante”, revela una fuente del organismo.
Esta semana la Contraloría entregará el resultado de la investigación que podría determinar la existencia de los delitos de tráfico de influencias y falta a la probidad administrativa por parte del ex subsecretario y sus asesores en la aprobación del pago de 1.500 millones de pesos en favor de la familia Araos y de las inmobiliarias.
Agnes Herrera, la secretaria de Iacobelli, recibió un correo de Paulina Etcheberry, la señora del subsecretario, pidiendo apurar el pago del Serviu, el 6 de mayo de 2010. Ambas se conocen desde hace largo tiempo: Herrera fue la secretaria de su padre, el ex director de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, quien acusó al gobierno y a la Contraloría de haber actuado “muy mal”. Aunque reconoció que el correo de su hija no fue oportuno aseguró que ella nunca pensó que estaba cometiendo una irregularidad y aseguró que su yerno entregó toda la información y envió personalmente un oficio al organismo que dirige Ramiro Mendoza para que investigara el caso. No obstante, su versión contradice aquella que señala que lo hizo por instrucción del ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna.
Etcheberry estuvo casado con Isabel Araos, quien aparece firmando el acuerdo con las inmobiliarias ligadas a Senerman, antes de contraer matrimonio con Cecilia Sommerhoff en 1991.
Un aspecto relevante es el rol que habría jugado Andrés Eyzaguirre, el jefe de gabinete de Iacobelli, quien dejó el cargo y fue trasladado a la Conaf. El participó en las reuniones con los personeros del Serviu que gestionaron el pago del Serviu a Sergio Araos y fueron transmitiendo los avances a través de correos electrónicos. Así fue como la secretaria de Iacobelli remitió el correo de Paulina Etcheberry a Antonio Llompart, ex director del Serviu, quien a su vez se lo reenvió a Rafael Marambio, ex subdirector jurídico del Serviu, para que le diera prioridad al asunto.
Eyzaguirre postula, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, para ocupar el cargo de director del Serviu.
Consultado para este reportaje, Iacobelli declinó hacer declaraciones.
