La iniciativa, presentada por Pedro Muñoz, Isabel Allende, Ximena Rincón, Camilo Escalona y Fulvio Rossi, fue remitida a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su estudio.
Con el objeto de hacer extensivas al transporte público las normas existentes para las licitaciones que se realizan en la administración del Estado, un grupo de senadores de la Concertación presentó una iniciativa que busca excluir de los procesos de licitación a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales.
La iniciativa, presentada por Pedro Muñoz, Isabel Allende, Ximena Rincón, Camilo Escalona y Fulvio Rossi, fue remitida a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su estudio.
En lo fundamental, el proyecto señala que «quedarán excluidos de cualquier proceso de licitación o contratación directa referida al uso de vías, quienes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años».
Según explican los autores de la iniciativa, en el Congreso ya se aprobó una norma que está vigente, mediante la cual se contempló la exclusión por dos años, de las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, de la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de los organismos e instituciones públicas.
Agregan que «dicha medida constituye un complemento a las sanciones pecuniarias (multa) y al castigo social (publicación del listado de empresas infractoras) respecto de esta grave infracción que atenta contra el derecho básico de los trabajadores a organizarse en defensa de sus derechos».
Según los senadores «no resulta lógico que el propio Estado, que debe fiscalizar el cumplimiento de la ley, comercie con estas entidades, más aun comprendiendo que al afectar la capacidad de organizarse de los trabajadores, dicho proveedor se está dotando de un entorno más favorable para reducir sus costos de operación y postular a las respectivas licitaciones, afectando con ello la libre competencia».
A juicio de los legisladores «la incorporación de una norma de esta naturaleza debiera operar en forma preventiva alentando un mejoramiento en las prácticas de estas empresas».
