La parlamentaria dijo que el diputado DC está “imposibilitado” moralmente para continuar al frente de la instancia legislativa no sólo por haber firmado documentos irregulares, como lo indicó la investigación realizada por el programa de Canal 13, sino por negarse a investigar los hechos en 2008, cuando surgieron las primeras denuncias. El parlamentario se defendió, asegurando que «todos los certificados que entregué se ajustan a las normas exigidas».
Molesta se mostró la diputada de Renovación Nacional Karla Rubilar tras el programa Contacto de Canal 13 que a su juicio confirmaría las denuncias de que hubo irregularidades en la entrega de beneficios a los exonerados políticos en los gobiernos de la Concertación, por lo que anunció una serie de acciones para que se investigue y los responsables sean sancionados.
La diputada hizo un reconocimiento explícito de que en Chile “sí hubo exonerados políticos, sí hubo perseguidos políticos”, sin embargo aclaró que eso no da pie para que se cometieran irregularidades en beneficios en los que personas que no cumplían con los requisitos para acceder a ellos les quitaran esa posibilidad a muchos otros que sí podrían haber sido favorecidos.
Rubilar admitió también que “el horror de la dictadura” generó que muchas personas fueran despedidas injustamente y se produjeran todo tipo de atropellos a los derechos humanos, pero recordó que en 2008, cuando ella se enteró de las irregularidades que exhibió anoche Canal 13, tocó muchas puertas sin resultado alguno, pues no se investigaron los hechos denunciados.
Por lo mismo, dijo que “por respeto a las verdaderas víctimas, las verdaderas personas que sufrieron la violación de los derechos humanos”, es necesario investigar hasta las últimas consecuencias y sancionar de manera ejemplar a los responsables.
La parlamentaria anunció, entre otras acciones a seguir, que ella, junto a un grupo de legisladores de la Alianza, solicitarán un ministro en visita con dedicación exclusiva para este caso y también la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En una actitud mucho más dura, Rubilar sentenció que a su juicio el actual presidente de la comisión de DD.HH. de la Cámara, el DC Sergio Ojeda, está “imposibilitado” moralmente para continuar a la cabeza de dicha instancia, por lo que lo instó a dar un paso al costado.
En este mismo contexto, Karla Rubilar hizo un reconocimiento explícito al diputado del PPD Tucapel Jiménez, porque cuando se hizo originalmente la denuncia, el legislador ahora de oposición también se sumó a quienes pedían que esos hechos fueran investigados y subrayó que “estoy convencida que muchos parlamentarios de la Concertación están igualmente indignados”.
Mientras tanto, su compañero de bancada Nicolás Monckeberg emplazó “a aquellos que hace dos años injuriaron a la diputada karla Rubilar a que hoy sean los primeros en dar explicaciones y pedir disculpas”, y agregó que “no vamos a descansar hasta que quienes han defraudado al fisco devuelvan hasta el último peso”.
Según Contacto, Ojeda, los senadores Isabel Allende, (PS), Juan Pablo Letelier (PS) y Alejandro Navarro (MAS), además del presidente de la CUT, Arturo Martínez, firmaron y avalaron certificados que acreditaban que determinadas personas que posteriormente recibieron beneficios como exonerados políticos, efectivamente lo eran. El caso del diputado Ojeda es particularmente preocupante, según plantean en la Alianza, no sólo porque encabeza la comisión de DDHH, sino porque según señalan, se habría negado a investigar estos hechos cuando en 2008 surgieron las primeras denuncias.
Por lo pronto, cerca de las 13:00 horas la diputada Rubilar tenía contemplado reunirse en Santiago con el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, justamente para abordar las denuncias. Mientras tanto, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunció que su cartera hará una investigación exhaustiva sobre estos hechos.
Luego de las reacciones de los parlamentarios oficialistas, Ojeda salió a defenderse públicamente, asegurando que «todos los certificados que entregué se ajustan a las normas exigidas».
Incluso, Ojeda añadió que dichas solicitudes «debían ser analizadas y ratificadas por una comisión especial. Acto seguido, el parlamentario falangista cuestionado, agregó que «estoy agradecido de haber ayudado a muchas personas que sufrieron en dictadura, siendo perseguidos, encarcelados y desvinculados de sus trabajos en forma autoritaria y brutal».
Pero el diputado abordó también otro aspecto de esta polémica y apuntó derechamente hacia su par de RN Karla Rubilar. Ello, porque a su juicio, “lo que hay detrás, especialmente de las declaraciones de la diputada Karla Rubilar, es el ánimo de silenciar y desestabilizar a la Comisión de Derechos Humanos, que se ha dedicado a poner en agenda todos los abusos que el país ha visto en los últimos meses: las detenciones ilegales, la criminalización del movimiento estudiantil, la persecución a los mapuches y los atropellos de las fuerzas policiales en las manifestaciones” y advirtió que “no nos van a silenciar”.
En cuanto al fondo del hecho que denuncia ahora el oficialismo, Ojeda insistió en que en su momento «certifiqué su calidad de trabajadores y de exonerados, porque los conocía” en calidad de abogado de los mismos. También explicó que los mencionados certificados que tanto él como otros parlamentarios suscribieron acreditando que el favorecido era exonerado político no era determinante en la asignación del beneficio y que era la Contraloría General de la República la que visaba su autenticidad y luego el INP hacía los pagos, en base a los antecedentes chequeados.
La senadora Isabel Allende también hizo sus decargos a través de una declaración pública en la queafirmó que «la eventual existencia de inescrupulosos que abusando de la buena fe de los que fuimos requeridos como también de la voluntad del Estado de resarcir a los exonerados políticos, lucrando con un beneficio de tan sensible naturaleza, merece toda nuestra condena».
Agregó que «recibí muchas solicitudes y sólo di mi certificado en aquellos que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas».
Asimismo, indicó que «la calidad de exonerados la otorgan los organismos públicos competentes, siendo los antecedentes revisados por el programa de exonerados del Ministerio del Interior, el ex INP y la Contraloría, entre otros. Dentro de este proceso, los certificados que entregan los parlamentarios, como lo señala el procedimiento, son un antecedente más y no son determinantes», y explicó que «eEl mecanismo permitió que el Estado saldara una deuda histórica con quienes fueron marginados de sus trabajos por razones políticas. El despido de miles de funcionarios públicos por sus ideas, o en muchos casos, por sospechas, fue uno de los tantos abusos a que nos sometió la dictadura; no por el abuso de algunos, podemos poner en tela de juicio la justicia de este mecanismo».
Finalmente expresó que «las denuncias de eventuales abusos enlodan el compromiso del Estado por enmendar los daños cometidos por la dictadura poniendo en duda la buena fe de quienes actuamos convencidos de que estas reparaciones eran necesarias y justas. Esperamos que la justicia actúe y determine la veracidad de estas acusaciones, y si es así sancione a los responsables».
