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Impulsado por Longueira para evitar licitación de las cuotas

Por qué el “histórico” acuerdo de pesca no altera el mapa de poder de esa industria

por 19 octubre 2011

Por qué el “histórico” acuerdo de pesca no altera el mapa de poder de esa industria
Según expertos de diversas áreas la negociación entre industriales y artesanales sólo consolidó el dominio de siete familias en el sector. Porque a pesar de que se ha recalcado que se benefició a los más pequeños, en la práctica estos venden lo que pescan a los mismos con los que acordaron cómo repartirse la torta. Los consumidores tampoco verán disminuir los precios, por lo que el arreglo sólo garantiza por 20 años más la tranquilidad de los actuales dueños del recurso.

“Histórico”. Así calificó el ministro de Economía, Pablo Longueira, el acuerdo alcanzado el 26 de septiembre pasado entre pesqueros  industriales y artesanales, que mantiene por 20 años más el actual sistema de asignación de cuotas pesqueras: porque si bien el trato mejora la participación de los artesanales, en la práctica no impulsa reformas profundas, manteniendo el negocio en manos de un histórico mapa de poder  manejado por siete familias.

De esta forma, la mesa de trabajo impulsada por la cartera de Economía logró dejar las cosas tal como están y evitó que el proyecto de Ley de Pesca que se enviará al Parlamento incluya la licitación de hasta 50% las cuotas anuales. Esto pese a que la idea de licitar era uno de los caballitos de batalla del Presidente Sebastián Piñera, que había instruido al ex ministro Juan Andrés Fontaine para que impulsara el tema como una de las prioridades de la cartera. Pero Longueira no continuó con esta línea, ya que le planteó al mandatario que sería muy difícil que el proyecto fuera aprobado en el Congreso.

En vista de esto, en opinión de diversos expertos el acuerdo está lejos de representar un cambio histórico. Para el doctor en Economía y académico de la Universidad de Yale, Eduardo Engel, no existe justificación para extender  en 20 años más el actual modelo, principalmente “porque entrega las rentas del sector pesquero a siete familias que se han beneficiado de dichas rentas durante décadas. Se trata de rentas que debieran ser de todos los chilenos, por ejemplo, para financiar una mejor educación”.

El negocio, que factura US$ 2.200 millones anuales, es manejado en más del 80% por los dueños de Camanchaca, Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, que se fusionaron con Bío Bío de la familia Stenge, la pesquera Itata de la familia Sarquis, que se fusionó con Golfo del grupo Yaconi Santa Cruz, Alimar, de Roberto Izquierdo Menéndez,  y Coloso, que  a través de su filial San José es socia del grupo Angelini en el norte y en el sur y conforman el mayor conglomerado pesquero.

Para el doctor en Economía y académico de la Universidad de Yale, Eduardo Engel, no existe justificación para extender  en 20 años más el actual modelo, principalmente “porque entrega las rentas del sector pesquero a siete familias que se han beneficiado de dichas rentas durante décadas. Se trata de rentas que debieran ser de todos los chilenos, por ejemplo, para financiar una mejor educación”.

Para Engel “lo que hace el gobierno con este proyecto es dar argumentos a quienes critican la economía de mercado porque beneficia a unos pocos en desmedro de la gran mayoría. Es una vergüenza”.

Todos los pescados van a los industriales

Aunque el acuerdo, que según sus firmantes permitió elaborar “bases sólidas para la construcción de un nuevo trato en el sector pesquero nacional”, aumenta los porcentajes de distribución de los pescadores artesanales, en la práctica sigue dejando en manos de los industriales los recursos. Así lo explica el economista Manuel Cruzat, que aclara que “los industriales, para evitar las licitaciones, aparentemente han traspasado parte de sus derechos de captura a los artesanales. Pero resulta que a quienes los pequeños venden buena parte de su captura es a los  industriales. Incluso una parte no menor de su flota es financiada por ellos”.

Efectivamente, al revisar la memoria de 2010 de Itata de la familia Sarquis, en la sección “gestión de riesgos financieros” hay un apartado llamado “riesgo de los préstamos a los armadores artesanales”, en que se detalla que “se han entregado créditos para la construcción de lanchas artesanales a distintos armadores, con los que tenemos contratos de compra venta de pesca e hipotecas sobre las naves de manera de cubrir el riesgo de impagos”.

Apartados similares se encuentran en el balance de 2010 de Corpesca, sociedad anónima abierta y cuyo presidente es Roberto Angelini, donde se detalla  un listado de operaciones de financiamiento con proveedores, entre los que se cuentan pescadores pequeños que tienen como prenda o hipoteca redes y naves.

Esto, según Cruzat, evidencia “que se están haciendo una trampa en solitario en el sentido de que de fondo aquí no hay ningún cambio. Sólo se consolida al sector industrial y al sector artesanal le mejoran la capacidad de negociación con ellos, que al final les financia la flota y les compra los pescados”.

Entonces ¿por qué no quieren licitar? se pregunta el economista. “Que lo digan, pero no cuenten el cuento de que esto es para que las fuentes laborales sean más estables. Al final del día lo único que se quiere es mantener el sector en las mismas manos. Con un poquito más de diplomacia”.

Por otra parte, Cruzat considera una pésima señal el acuerdo, ya que “en definitiva es una redistribución de la riqueza por decisión discrecional de la autoridad y no es compatible con el sistema económico que tenemos”.

Presiones y cuotas

La mesa de trabajo pesquero, constituida el 9 de agosto de este año, reconoció como el eje central de la regulación pesquera nacional y su desarrollo, “la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos”. Pero no se especifican puntos concretos que permitan dilucidar de qué forma se pretende lograr esa sustentabilidad.

Uno de los temas más controvertidos y que está directamente relacionado con la sobreexplotación de los recursos, es el rol del Consejo Nacional de Pesca (CNP), conformado entre otros, por los mismos industriales, en torno a las cuotas globales de captura.

Uno de sus miembros, el biólogo marino de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, es bastante crítico ante la falta de peso que en la práctica tienen las recomendaciones con base científica que realiza el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), que son recogidas por el subsecretario del sector, que luego elabora una propuesta que presenta al Consejo.

Aunque el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar aclara que el CNP no tiene atribuciones para cambiar la cuota propuesta por el subsecretario, “lo que sí ha pasado es que en algunas ocasiones ha habido presión sobre el subsecretario por parte del consejo para que retire la propuesta y la aumente”.

Esto ha significado que, tal como lo evidencian diversos estudios, los recursos pesqueros en el país hayan disminuido drásticamente, poniendo en peligro el equilibrio y el desarrollo futuro del sector.

Para Tarifeño y otros científicos, “la única alternativa para tratar de salvar lo que queda de los recursos es que la opinión científica sea vinculante” a la hora de decidir las cuotas pesqueras. Hasta el momento no existe claridad de si en el proyecto de ley que se enviará al Congreso  se incluirá alguna modificación en este sentido, lo que a juicio de Tarifeño tiene que abordarse, ya que “todo el mundo está preocupado de ver cómo se repartirán los trozos de torta cuando todavía no tenemos ninguna seguridad de que la torta siquiera exista”.

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