Sin embargo, los otros dos imputados en la causa, el paraguayo Blas Cardoso y la jefa de Recursos Humanos del Grupo Errázuriz, María Paz Guerra, sí enfrentaron el trámite legal, dirigido por el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo.
A las 09:00 horas de este lunes debía presentarse ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu, el empresario Francisco Javier Errázuriz, para ser formalizado por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de explotación laboral en contra de 162 paraguayos y una brasileña.
Errázuriz no se presentó por encontrarse internado en la Unidad de Alta Complejidad de la Clínica de la Universidad Católica, debido a una tensión nerviosa, según lo informó su defensa.
La audiencia quedó fijada para el 14 de noviembre.
Sin embargo, los otros dos imputados en la causa, el paraguayo Blas Cardoso y la jefa de Recursos Humanos del Grupo Errázuriz, María Paz Guerra, sí enfrentaron el trámite legal, dirigido por el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo.
La indagatoria iniciada por el Ministerio Público, ya suma cinco meses de investigación, respecto a la denuncia presentada por ciudadanos paraguayos, quienes acusaron a Errázuriz de mantenerlos sometidos a precarias condiciones de salubridad, extenuantes jornadas de trabajo, e incluso, en algunos casos, sin el pago de sus salarios.
Durante la audiencia la Fiscalía presentó una escucha telefónica donde María Paz Guerra, manda a ocultar a una menor paraguaya de las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI). Además se presentaron planillas de pago a trabajadores que recibían alrededor de 40 mil pesos por dos meses de trabajo, descontándoles dineros por visa, ropa y alimentación. Con esto la firma les hacía un préstamo de dinero, en las condiciones que la empresa establecía, según detalló la Fiscalía.
La defensa presentó un exhorto para trasladar la causa a Santiago, al menos en lo que respecta a Errázuriz, cuestionando la competencia del Tribunal de Pichilemu. Sin embargo, no se accedió a la petición.
