Este viernes entregarán en el Palacio de La Moneda un listado con las presuntas víctimas que no han sido consideradas por el Estado ni tampoco recibieron alguna indemnización durante los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010).
La Fundación Simón Yévenes solicitará este viernes al Ejecutivo que se cree una comisión para investigar la violencia política generada por sectores de izquierda.
Delegados de la corporación dijeron hoy que es la primera vez, tras el retorno a la democracia, que un Gobierno recibirá a una agrupación vinculada a la derecha que busca justicia y reparaciones para las familias de víctimas de grupos subversivos entre 1973 y 1990.
Simón Yévenes, un dirigente social de la Unión Demócrata Independiente (UDI), murió asesinado el 2 de abril 1986 en su lugar de trabajo por subversivos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Representantes de la fundación dijeron a la página digital de El Mercurio que el objetivo de la entidad es que se cree una instancia similar a la Comisión Valech, que ha investigado los miles de casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar (1973-1990).
Indicaron que este viernes entregarán en el Palacio de La Moneda un listado con las presuntas víctimas que sufrieron violencia política por parte de guerrilleros y que no han sido consideradas por el Estado ni tampoco recibieron alguna indemnización durante los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010).
Pablo Jofré Rivano y Raúl Meza Rodríguez, dirigentes de la fundación, serán los encargados de entregar el documento a la subsecretaria General de Gobierno, María Eugenia de la Fuente, con antecedentes de 190 primeras víctimas de este tipo de violencia política.
Además, realizarán un llamado para que familiares de fallecidos o afectados directamente por estos delitos entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 presenten sus antecedentes a una Comisión, cuya creación se le solicitará al presidente Sebastián Piñera.
La misma solicitud se hará llegar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
«Somos muchos los que recordamos la sangre que han derramado todos los caídos en manos de las organizaciones terroristas. Hoy, algunos de los que fueron sus integrantes, forman parte de los poderes del Estado chileno gozando de la más absoluta y completa impunidad judicial», señalaron los portavoces de la fundación.
