Originalmente, las máquinas que reemplazaron a las micros amarillas debían contar con cámaras, registros de video y botones de pánico. Pero estos elementos nunca funcionaron en su totalidad, muchos fueron robados y la mayoría retirados sin que efectivamente cumplieran con su obligación. En el Ministerio de Transportes indicaron que el retiro de esta tecnología se inició tras un acuerdo en 2008 entre el ex ministro René Cortázar, el AFT y las empresas operadoras.
En medio de la conmoción causada por la muerte de dos menores en un bus del Transantiago hace un par de días, ha quedado al descubierto una nueva precariedad del sistema: ninguna de las medidas de seguridad comprometidas en su oportunidad funcionan.
Uno de los cambios fundamentales de Transantiago fue la implementación de dispositivos de seguridad en los buses, léase cámaras, registros de video y botones de pánico. Tales equipos fueron físicamente adquiridos por SONDA aunque pagados con platas públicas por encargo del Administrador Financiero (AFT), quien debía, además, supervigilar su instalación y operación. Nunca funcionaron en su totalidad, muchos fueron robados y la mayoría retirados por el propio AFT, sin que efectivamente cumpliera con su obligación.
El acuerdo entre el AFT y los operadores, validado por el Ministerio de Transportes, estableció la obligación del AFT de instalar y hacer funcionar esos equipos, con mecanismos «antivandalismos» para prevenir precisamente su robo o manipulación externa.
Durante la administración del ministro René Cortázar este fue uno de los grandes temas de debate, y se acordó completar su instalación con cargo al sistema, pues se entendía que la seguridad era básica tanto para los conductores como para los usuarios.
Sin embargo, el equipamiento de seguridad en la mayoría de los casos, no se instaló.
Consultados al respecto, en el Ministerio de Transportes responsabilizan al AFT y los operadores por esta falencia del sistema que se hizo evidente tras la muerte de un niño de cinco años en brazos de su padre en un bus que no tenía ninguno de los dispositivos señalados.
«En marzo del 2008, el AFT y las empresas concesionarias de buses acordaron complementar el contrato original suscrito, sin la comparecencia de la Subsecretaría – es decir, como un acuerdo entre privados – donde estipularon adecuaciones de los estándares del equipamiento tecnológico que incluyó no continuar con la instalación y mantención de las cámaras de seguridad y los botones de pánico, entre otros dispositivos. A partir de esa complementación, las empresas comenzaron a pagar a AFT, sólo de acuerdo al grado de cumplimiento de las nuevas obligaciones tecnológicas», indicaron en el Ministerio.
Todo lo anterior pese a que la Contraloría General de la República (Informe Final 41/09 de febrero de 2010 e Informe de Seguimiento 41/10 de noviembre de 2010) fue enfática en señalar la obligación del AFT de instalar medidas de seguridad y mantenerlas operativas. A su vez el organismo contralor reiteró que la cartera encabezada por Pedro Pablo Errázuriz debe fiscalizar que tanto el proveedor (Sonda) como el AFT cumplan el contrato, ordenando incluso sumarios al respecto.
En Transportes afirman que Contraloría «instruyó al MTT formalizar, en el contrato que tiene con AFT, las modificaciones acordadas entre el Administrador Financiero y las empresas en la mencionada complementación de contratos. Tanto esa instrucción de la Contraloría como otras modificaciones consideradas por el MTT con el fin de mejorar la calidad del transporte público de Santiago, dieron origen al proceso de renegociación de contrato con AFT y con los operadores, que el Ministerio ha desarrollado durante todo este año».
En esa renegociación se promueve que sean las propias empresas de buses las que adopten medidas de seguridad al interior de sus vehículos, haciéndose cargo directamente de su instalación y mantención y que dicha función deje ser adjudicada al AFT; como estipulaba el contrato original de 2005.
