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Análisis

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El desplome del consenso conservador

por 21 noviembre 2011

El desplome del consenso conservador
Se impuso el consenso sobre las principales políticas económicas no sólo durante la transición, sino también cuando estaba consolidada y tuvo un sesgo conservador, porque enfatizó más la continuidad, que la reforma del sistema económico impuesto por la dictadura y puso especial atención al rol del capital y de los grandes empresarios, descuidando el del trabajo y los trabajadores. La autoridad también esquivó ver las diferencias de políticas, enfatizando la naturaleza “técnica” de los problemas económicos y buscó las soluciones través de comisiones o con “paneles de expertos”, sin emplear consideraciones políticas.

Las masivas movilizaciones estudiantiles realizadas en estos meses en procura de una mejor educación han sacudido al sistema político y han logrado la simpatía de la inmensa mayoría de los chilenos. Ellas representan una severa crítica a la gestión de los gobiernos de la Concertación y a la administración Piñera. Se comprende una actitud de relativizar la importancia de estas protestas, cuando personeros del oficialismo y de la oposición dan una explicación similar de esas acciones, argumentando que serían el resultado de la contradicción entre un exitoso sistema económico, que ha traído bienestar a los chilenos, y un sistema político atrasado, con una mala calidad de la política y los partidos.

Un ex ministro de la Concertación ha resumido este argumento de la siguiente manera: “nuestro sistema de democracia no ha sido capaz de adaptarse a una sociedad cuya diversidad ha aumentado sustancialmente, después de crecer en forma acelerada y dar un canal de movilidad a los sectores medios. Nos hemos quedado atrás en un sistema de representación adecuada". Los problemas se encuentran en la política y no en la economía y es en aquella donde se han cometido errores que deben ser corregidos, no es  ésta.

En esta línea de argumentación se agrega que las protestas serían “una paradoja” ante el crecimiento de Chile, con tener cerca de US$ 15.000 ingreso per capita, con millones de chilenos que salieron de la pobreza. Las protestas serían una anomalía, pues la gente debiera estar contenta por lo alcanzado.

Las propuestas de reforma política son pobres, priorizando las primarias para mejorarían la calidad de la política y ayudarían a modernizar a los partidos. Es lo que propone el consorcio de los centros de estudios CEP,  vinculado al actual gobierno, Cieplan y ProyectAmérica, vinculados a políticos de la Concertación, y el  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dependiente de las Naciones Unidas.

Sin embargo, no se ha evaluado la aplicación de las primarias en Chile, especialmente la de la Concertación en 1999 entre Ricardo Lagos (PS/PPD) y Andrés Zaldívar (PDC), que produjo una polarización que dañó al candidato  triunfador. En efecto, el abrumador triunfo de Lagos en ellas no lo favoreció, pues una parte de los votantes del PDC se volcó a favor del candidato de la derecha, Joaquín Lavín. En la encuesta del CERC de Julio, un 53% de los votantes del PDC dijo que votaría por Lagos, porcentaje que subió en las mediciones siguientes, hasta el 69% en la preelectoral, muy inferior al respaldo que le dieron los votantes del PS y del PPD, 90% y 88% respectivamente.

Nada se dice de otras debilidades del sistema político bastante más profundas, desde la crisis de representación, con una juventud que no está inscrito en los registros electorales y la crisis de los partidos, especialmente de la Concertación, con el desplome de su afiliación y sin tener presencia en las organizaciones sociales, como las estudiantiles. En las elecciones de la FEUC, ninguna de las listas se reconoció vinculado a alguno de los partidos con representación en el congreso. Tampoco existe esa relación en la FECH y en otras importantes federaciones estudiantiles.

Los chilenos critican no sólo la política, sino también el sistema económico. Lo demuestran las masivas protestas contra el proyecto HidroAysén de las empresas Colbún, controlada por el grupo Matte, y Endesa, rechazando  que el estado ceda a un consorcio privado la definición de la estrategia energética del país. El escándalo de La Polar ha conmocionado al país, por el abuso a centenares de miles de clientes con repactaciones unilaterales, habiendo fabricado una burbuja a través de “una cultura del engaño”, como bien ha escrito Claudio Agostini. Además, muestra la incapacidad regulatoria del estado.

Los datos de encuestas dan cuenta de una extendida insatisfacción con el desempeño económico, condenando especialmente las desigualdades económicas. Según el Latinobarómetro 2011, Chile es el país con la peor imagen de la distribución de ingresos: sólo 6% cree que hay una distribución “muy justa” o “justa”, cuando la media de los 18 países de América es más del triple de ese porcentaje, 20%. Estamos muy lejos de los países que tienen una larga tradición democrática como la nuestra -Uruguay y Costa Rica, en que 27% y 24% consideran que hay una “justa distribución del ingreso” - y Brasil, país también “líder” en mala distribución del ingreso, está mejor que nosotros, pues 15% cree que tiene una distribución justa.

Los chilenos evalúan críticamente el desempeño económico, pues según la encuesta CERC de Diciembre del 2010 una pequeña minoría, 17%%, reconoce haberse beneficiado del crecimiento, 20% cree que el crecimiento a beneficiado a todos los chilenos,  28% opina que los pobres se beneficiaban del crecimiento y una inmensa mayoría, 76%, cree los ricos se beneficiaban del crecimiento. La complacencia con el crecimiento que muestran sectores de élites no es compartida por los chilenos.

En consecuencia, los problemas de Chile hoy no se encuentran sólo en la política, sino también en el sistema económico, las cuales afectan al sistema político. Son causas “externas” de los problemas de la política y de los partidos que es necesario de destacar. Muchos siglos antes que Carlos Marx naciera, se escribió que la política tiene bases económicas y en el siglo XX se ha argumentado que la democracia requiere ciertos fundamentos económicos. Es una relación compleja, que exige una cuidadosa relación entre crecimiento económico y desarrollo político. Creer que el crecimiento fortalecerá automáticamente la democracia y hará feliz a los ciudadanos es una peligrosa ilusión. El crecimiento no chorrea desarrollo político; hasta lo puede debilitar.

Se necesitan reformas para asegurar la autonomía de la política ante la riqueza y el poder económico. Hay varios proyectos de ley detenidos en el Congreso desde hace años, como la ley que regula el lobby, para transparentar las de empresas y grupos de interés que buscan persuadir a la autoridad en su beneficio.

Las causas “externas” de la crisis de la política y los partidos se encuentran en rasgos de la estrategia de modernización económica de la democracia que puso al “crecimiento” como el objetivo prioritario,  subordinando la política y los partidos a alcanzar ese objetivo. El crecimiento daría beneficios materiales a la población, 40% vivía en la pobreza en 1990, y produciría resultados políticos, que se expresarían en un fortalecimiento de los apoyos a la democracia, en adhesión electoral a los partidos oficialistas y popularidad al gobierno y al presidente. Fue el programa de “crecimiento con equidad”.

Sin embargo, esta estrategia tuvo elementos que dañaron su dinamismo y perjudicaron el desarrollo político. El primero fue asumir que la ciudadanía percibiría el mayor bienestar económico como el resultado de la gestión del gobierno y no como una consecuencia del trabajo de las empresas privadas y los empresarios. Estos últimos tuvieron una enorme visibilidad, para atribuirse esos logros e insertarlos en la modernización economica iniciada por el régimen de Pinochet de acuerdo a una orientación neoliberal. Pocos años después del cambio de régimen hubo una contradicción entre muy buenos indicadores objetivos (empleo, mejoramiento de las remuneraciones, capacidad para adquirir bienes materiales e inmateriales) e indicadores subjetivos críticos, que cuestionaban las metas del crecimiento y sentían no beneficiarse de éste.

El segundo fue tener una visión estática del crecimiento, pues se priorizó la reducción de la pobreza, con especial énfasis en las políticas sociales, sin atender al aumento de la riqueza y su concentración. Mientras la pobreza se reducía con notable rapidez, beneficiando a millones de chilenos, se producía un aumento de la riqueza y su concentración en pocos grupos económicos, sin tomar en cuenta las consecuencias en el sistema político. La pobreza ha sido reducida, pero las desigualdades han empeorado.

En algún momento se evolucionó hacia un crecimiento a secas, dejando de lado la preocupación por combatir las desigualdades. Fue una evolución que contradecía la naturaleza de administraciones de centro e izquierda.

Se favoreció a las grandes empresas porque se estimó que sólo ellas tendrían las capacidades para desempeñarse en una economía globalizada y sus socios controladores y altos ejecutivos recibieron una interlocución privilegiada de parte de la autoridad, dando una señal al país que éste era uno de los grupos preferidos.

Algunos capitanes de la industria, con su intensa aparición en los medios de comunicación, ayudan a crear una imagen de que los grandes empresarios tienen un enorme poder e influencia en el sistema político. Esto se confirma en las encuestas, pues inmensa mayoría de los chilenos opina que la autoridad actúa en beneficio de la minoría y no del pueblo.

No se consideró el hecho que el crecimiento tiene dos caras, un rostro amigable con la democracia, que permite satisfacer necesidades de los ciudadanos, y un rostro conflictivo, que daña al orden político por la influencia de la concentración económica en las decisiones de la autoridad. Como dice Colin Crouch, “es muy difícil impedir que la riqueza económica no sea aprovechada para convertirla en poder político. Los ricos pueden usar sus recursos para financiar a políticos y a partidos que están de acuerdo con ellos, o disuadir a aquellos que discrepan para que cambien su posición”.

La tercera fue considerar la legitimidad democrática como una tarea a realizar desde el gobierno, desde arriba, sin considerar que ella también se construye “desde abajo”, con el consenso de los ciudadanos (Beetham). Se requiere la participación y no sólo decisiones impuestas por la autoridad, cuyos resultados son alabados por quienes las impulsan, sin considerar que son los ciudadanos quienes evalúan la gestión del gobierno.

Hubo otra decisión de la estrategia de legitimación por el desempeño económico que dañó la política y debilitó a los partidos: el consenso sobre las políticas económicas en torno a una economía de mercado a secas. Ello limitó la competencia electoral porque los temas económicos fueron sacados del debate público y de las campañas electorales e impidió a los gobiernos de la Concertación y a sus partidos tener un perfil económico propio, distinto de la derecha y del autoritarismo.

La competencia electoral se define no sólo por la ley electoral, sino también por la confrontación de posiciones  entre los candidatos. El votante debe tener claridad sobre las diferencias programáticas entre los candidatos y entre los partidos. No existe competencia cuando no se explicitan las diferencias porque se adoptan prácticas de colusión política o porque imponen decisiones por consenso entre los principales partidos y entre el gobierno y la oposición. Como el elector no ve diferencias, decidirá su voto por el azar o por razones puntuales, simpatía o antipatía a la persona, sin que tome una decisión política, sino que afectiva. Ello acentúa la personalización de la política, una tendencia que ha sido fatal en América Latina.

Se impuso el consenso sobre las principales políticas económicas no sólo durante la transición, sino también cuando estaba consolidada y tuvo un sesgo conservador, porque enfatizó más la continuidad, que la reforma del sistema económico impuesto por la dictadura y puso especial atención al rol del capital y de los grandes empresarios, descuidando el del trabajo y los trabajadores. La autoridad también esquivó ver las diferencias de políticas, enfatizando la naturaleza “técnica” de los problemas económicos y buscó las soluciones  través de comisiones o con “paneles de expertos”, sin emplear consideraciones políticas.

Otro factor que dañó la política y a los partidos fue no permitir el financiamiento público de éstos, sólo se acordó el financiamiento de campañas y varios años después de la inauguración de la democracia. Esto  quitó autonomía a los partidos y a sus centros de estudio para decidir temas controvertidos económicamente. La crisis de la política y de los partidos también es responsabilidad de los arquitectos y constructores del “milagro económico” chileno.

El desplome electoral de la Concertación tiene mucho que ver con esta política de la antipolítica y muy especialmente, la grave crisis del PDC y de la izquierda chilena, que abandonaron la lucha por la igualdad en beneficio de un pragmatismo del crecimiento a secas.

Para mejorar la política y modernizar a los partidos es indispensable impulsar reformas políticas y económicas y se adopten decisiones que cambien estilos. En primer lugar, es necesario promover un debate público para hacer posible la competencia política. No puede seguir la obsesión por la unanimidad que promueven los partidarios del “consenso”, porque aplasta la diversidad e impone la visión de un sector, minoritario, del país. Las diferencias se deben resolver en el Congreso y no con los sectores económicos involucrados.

Este cambio ayudará a la reforma electoral, porque permitirá que se muestren las diferencias. Se debe eliminar el binominal y reemplazar por un sistema proporcional corregido, con una barrera legal. Ha habido una campaña del terror contra el proporcional empleando argumentos ridículos, que han ayudado a legitimar al binominal. El proporcional permitirá una mejor competencia electoral porque el votante tendrá más opciones y los incumbentes se verán amenazados en su reelección. Las elecciones serán más inciertas y, por ello, más atractivas.

En segundo lugar, se necesitan reformas para asegurar la autonomía de la política ante la riqueza y el poder económico. Hay varios proyectos de ley detenidos en el Congreso desde hace años, como la ley que regula el lobby, para transparentar las de empresas y grupos de interés que buscan persuadir a la autoridad en su beneficio.

Se debe terminar con “la puerta giratoria” de autoridades de Gobierno que ingresan al sector privado cuando terminan su labor y se imponga un período de tiempo con prohibición de hacerlo.

Se debe establecer el financiamiento público a los partidos y sus centros de estudio, para que actúen con independencia y no se autocensuren sobre temas rechazados por sus financistas del sector privado. Llama la atención que los tres libros del consorcio CEP-Cieplan -ProyectAmérica-PNUD no traten este importante tema.

En tercer lugar, se debe impulsar una reforma tributaria que dé estabilidad en los ingresos del Estado para atender sus necesidades actuales y futuras en educación, salud y vivienda y que también enfrente las “escandalosas desigualdades”. La experiencia internacional demuestra que no disminuyen las desigualdades sin aumentar los impuestos a los más ricos. El aumento de las desigualdades en EE.UU. se explica por las ventajas tributarias de las administraciones Reagan y Bush,  no revertidas por las de Clinton y Obama (Pierson).

Se sigue justificando los bajos impuestos. Un ex ministro escribió recientemente: “Debido a la inestabilidad política de América Latina y la inestabilidad respecto de las reglas del juego para los inversionistas extranjeros, la región ha tenido que aceptar una menor carga tributaria que la que se da en los países desarrollados e incluso en los países en desarrollo de Asia”. Es un argumento que carece de sentido económico y favorece la continuidad de las desigualdades.

Por ende, la reforma tributaria no puede negociarse con los empresarios o a través de sus centros de estudio, sino que en el Congreso, institución que debe ponderar las necesidades de mediano y largo plazo del país, entre las cuales la disminución de las desigualdades es una tarea inevitable y urgente.

En cuarto lugar, reformas institucionales e iniciativas políticas que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado, con directivos dispuestos a tener una actitud proactiva y no de complacencia con los privados que deben vigilar. Ello es necesario para fortalecer el dinamismo de la economía, como también para mejorar la calidad de la democracia.

El intenso conflicto político hoy en Chile son una manifestación de las contradicciones y debilidades del crecimiento, que se deben corregir para que se consiga una democracia de mejor calidad y un sistema económico legitimado y que entregue los beneficios de manera menos desigual.

Chile se encuentra en un punto de inflexión. Ha terminado la etapa de los Gobiernos de la Concertación, que echaron las bases de la democracia y el sistema económico. Ahora hay nuevos problemas y desafíos, que son el resultado de sus éxitos, como también de sus errores, comenzando por la tolerancia que ha habido con las desigualdades. Es un desafío para seguir adelante con reformas y no para seguir rememorando un pasado, cada vez más lejano para la mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes.

Las reformas se deben hacer en el sistema político y en el sistema económico para lograr una democracia de mejor calidad y un sistema económico más eficaz, con desarrollo y equidad, que le permitirá alcanzar una mayor legitimidad.

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