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Alejandra Sepúlveda (PRI) y caso colusión de pollos

“Es gravísimo que las mismas personas que estuvieron en este abuso tengan cargos de gobierno”

por 6 diciembre 2011

“Es gravísimo que las mismas personas que estuvieron en este abuso tengan cargos de gobierno”
La diputada asegura que es una “contradicción” la falta de reacción del gobierno frente a los vínculos familiares o laborales publicada por El Mostrador dentro del Ministerio de Agricultura, versus las fuertes críticas realizadas por el mandatario frente a este tipo de delitos. Para ella una señal clara y transparente sería desvincular a una serie de altos cargos, en su mayoría de Indap, como el director de la entidad, Ricardo Ariztía de Castro o el subdirector, Juan Carlos Domínguez Covarrubias. Además, no se explica por qué el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, “no se ha pronunciado para nada” sobre la denuncia de de la FNE.

El escándalo que envuelve a la industria avícola acusada de colusión por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)  no sólo tiene de cabeza al sector. También salpica a funcionarios de confianza del gobierno que actualmente se desempeñan en organismos dependientes del ministerio de Agricultura (Minagri).

Es el caso de Indap, donde una serie de funcionarios están ligados por ex trabajos o familiarmente a dos de las empresas cuestionadas: Ariztía y Agrosuper. Así sucede con el director de Indap, Ricardo Ariztía de Castro, familiar del dueño de la compañía del mismo nombre y ligado a través de una empresa del holding donde fue gerente general, además ex Presidente de la CPC. Y  con el subdirector, Juan Carlos Domínguez Covarrubias, que desde 2002 trabajó en importantes cargos en Agrosuper, que incluyó el de subgerente de negocios. Y también del actual  jefe de la División de Fomento, Ramón Arrau García de la Huerta, hijo de quien fuera el gerente de asuntos corporativos por 27 años de Agrosuper y director suplente de la Asociación de Productores de Pollo (APA). No sólo hay nexos con el cuestionado mundo de los pollos en Indap: el jefe de gabinete del subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz Tagle, fue jefe del área de pavos de Ariztía.

Para la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) es “preocupante” que a pesar de que se hicieron públicas estas redes el Gobierno no haya reaccionado ni tomado cartas en el asunto, y que los involucrados continúen en sus puestos.

-El fin de semana junto al diputado Pedro Araya exigieron que el gobierno aclarara los conflictos de interés en este caso, pero hasta el momento no ha habido reacción. ¿Cómo evalúa esto?
-Para nosotros es preocupante que hoy personas involucradas en esta investigación ocupen cargos importantes en el Ministerio de Agricultura. Esta relación, por ejemplo del director y subdirector nacional de Indap, sin duda que complica la transparencia, decisiones y grados de influencia al interior del gobierno.

Este caso tiene muchas otras aristas, porque por ejemplo ¿qué pasa con la industria de los cerdos? También hay un denominador común de personas. Además  ¿qué pasa con los recursos entregados por Pro Chile, la Corfo, el Estado, a la APA (Asociación de Productores Avícolas)? En el fondo el Estado ha ayudado a fortalecer esta agroindustria y hoy tenemos esta información pública, que es de una brutalidad tremenda.

-¿Qué debería hacer el gobierno entonces?
-Simple: debería pedir la renuncia de estas personas. Estos son cargos de confianza. Imagínate tener a uno de los gerentes de las farmacias de subsecretario de Salud. O a alguien ligado a las constructoras, cuyos edificios se cayeron durante el terremoto, en el Serviu. Si bien hay una situación que se está investigando, la fiscalía tiene antecedentes suficientes para determinar que esta colusión ocurre desde hace muchos años.

-Tomando en cuenta que el Presidente Sebastián Piñera realizó una férrea condena frente a los hechos y anunció varias medidas, ¿considera como una contradicción que no haya pedido la renuncia de estos funcionarios?
-Sin duda hay una contradicción. Al mismo tiempo uno se pregunta ¿será por qué no tienen más gente? Se ve muy mal que el Gobierno no pida la renuncia de estas personas. Esta cuestión es gravísima. Es gravísimo que las mismas personas que estuvieron en este abuso tengan cargos de gobierno. Esto tiene que ver con la fe pública.

-Pese a que el ministro de Economía y el Presidente Piñera se refirieron en términos bastante duros a la acusación contra las avícolas, desde el Minagri no se han pronunciado, a pesar de que existen funcionarios ligados al tema trabajando en altos cargos. ¿Qué le parece esta situación?
-Es cierto. El ministro de Agricultura -José Antonio Galilea- no se ha pronunciado para nada. Me llamó la atención, no puede ser. Cómo no se va a pronunciar, acuérdate que siempre se habló de Chile como potencia agroalimentaria y se iba a transformar en ministerio de Agricultura y Alimentación. Precisamente uno de los ejes importantes era este, el tema avícola. Por eso me parece impresentable que no se hayan pronunciado, siendo que la colusión se produce frente a sus narices.

-A la exigencia de que el gobierno desvincule a estos funcionarios y a la necesidad de formar una comisión investigadora ¿se han sumado otros parlamentarios?
-Estamos en semana distrital así que no he hablado con los otros. Pero pediremos una investigación de todas maneras. Este caso tiene muchas otras aristas, porque por ejemplo ¿qué pasa con la industria de los cerdos? También hay un denominador común de personas. Además  ¿qué pasa con los recursos entregados por Pro Chile, la Corfo, el Estado, a la APA (Asociación de Productores Avícolas)? En el fondo el Estado ha ayudado a fortalecer esta agroindustria y hoy tenemos esta información pública, que es de una brutalidad tremenda. Aquí se metieron en el bolsillo de la gente más humilde y de la clase media.

-¿El hecho de que el hijo de Piñera se case con la nieta de uno de los empresarios acusados de colusión le juega en contra al mandatario?
- Es complicado meterse en temas personales. El amor no tiene apellido. Preferiría no entrar. Pero puedo decir que el día de la boda la foto -junto al dueño de Ariztía y abuelo de la futura esposa del hijo del Presidente, Manuel Ariztía Ruiz- será complicada para él.
Por eso y con mayor razón decimos que hay que hacer esto lo más transparente y no caer en ambigüedades.

Delincuentes de cuello y corbata

-Este ha sido un año de grandes escándalos en el mundo económico: el caso La Polar, la acusación de colusión de los buses, continúa la investigación de las farmacias ¿considera esto como una señal de que el sistema permite este tipo de abusos y que es necesario realizar reformas?
-Hemos planteado siempre, y también cuando nos fuimos de la DC, la necesidad de cambios del sistema económico. Seguimos siendo un país con visión económica concentradora, en donde  cuatro familias tienen el poder económico y político. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿profundizamos este modelo o queremos cambiar y dar un viraje distinto? No veo de parte del gobierno una visión de ese tipo. Al revés, vemos concentración desde el Estado. Por ejemplo al revisar propuestas de licitaciones ya no son las pequeñas sino las grandes empresas las que participan. De esta forma se profundiza la concentración económica y por eso nos interesaba a través del Presupuesto fortalecer las asociaciones de consumidores, como Conadecus.

-Pero no lo lograron…
-Se dio la pelea para que las asociaciones de consumidores, que se unen y monitorean rubros, permitiendo fortalecer la sociedad civil, tuvieran más recursos para hacerlo. Pero finalmente el gobierno no entregó mayores recursos.

-Uno de los puntos que saltan a la palestra frente a este tipo de delitos es la falta de sanciones con cárcel, algo que fue cambiado en 2003 a cambio de mayores multas. ¿Cuál es su postura al respecto?
-La ciudadanía percibe que a los delincuentes de cuello y corbata no les pasa absolutamente nada. Y aquellos que tienen problemas con Dicom pagan más en comparación a los que defraudan la fe pública. Por eso se espera a ver lo que ocurrirá con La Polar o las farmacias. El Congreso está absolutamente dispuesto a revisar lo que tiene que ver con multas y penas, pero en términos de cómo se devuelven estos montos al consumidor.

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