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Subsecretario Ubilla cuestiona al anterior gobierno en el marco de la investigación sobre falsos exonerados políticos

por 12 diciembre 2011

Subsecretario Ubilla cuestiona al anterior gobierno en el marco de la investigación sobre falsos exonerados políticos
Diputados recibieron entre otros documentos, un informe sobre una auditoría que recomienda realizar ajustes en la entrega de los beneficios, pero durante la administración de Michelle Bachelet se continuó trabajando de la misma forma y “no se corrigió ninguno de los antecedentes solicitados”, según la autoridad del Ministerio del Interior.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entregó este lunes a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, mandatada en Comisión Investigadora, nuevos antecedentes en el marco del estudio de expedientes para determinar las posibles irregularidades cometidas en el proceso para calificar a exonerados políticos.

Entre los documentos se encuentran los resultados de la Auditoría Interna efectuada al Programa de Exonerados entre fines de junio e inicios de julio de 2007, cuyo objetivo fue “verificar que el proceso y los subprocesos del programa de Exonerado Político del Ministerio del Interior, cuentan con los procedimientos administrativos y de control suficientes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Exonerados Políticos, sobre la base de la normativa que los rige (Ley N°19.234)”.

La auditoría detalló 28 hallazgos de deficiencias procedimentales, en las cuales se detallan su impacto o efecto, y que dieron origen a 24 recomendaciones.

“El informe se hace recién asumida la Presidenta (Michelle) Bechelet y recién asumido en el cargo el subsecretario (Felipe) Harboe, el cual, en conocimiento de este informe, que es bastante fuerte, envía una serie de oficios a la directora del programa, y lo reitera en dos oportunidades, y ella no se hace cargo de las irregularidades y desórdenes administrativos y de otra naturaleza que en ese informe aparecen. Existía conocimiento y conciencia por parte de las autoridades del momento, y de la directora del programa, de lo mal que se estaban haciendo las cosas. Se continuó durante todo el periodo de la presidenta Bachelet trabajando de la misma manera y no se corrigió ninguno de los antecedentes solicitados por la auditoría interna”, explicó el subsecretario.

Ubilla agregó que “al finalizar el periodo de Bachelet, nosotros asumimos el programa con las mismas dificultades que ya existían cuatro años antes. Esto nos parece de la mayor gravedad, porque se siguió entregando la condición de exonerado a personas que no que cumplían con los requisitos y con una auditoría de advertencia”.

Entre las falencias que detectó la auditoría interna de 2006, se cuentan la ineficiente estructura orgánica y descoordinación interna; la inexistencia de medidas de seguridad o control en el manejo de antecedentes y documentos de los expedientes; una base de datos insegura, desactualizada y sin respaldo informático.

Asimismo, reveló variaciones significativas de rendimientos de calificación entre un año y otro; ausencia de un reglamento de funcionamiento y delimitación de responsabilidades de la Comisión Calificadora; ausencia de registro de actas de la Comisión Calificadora que incorpore información de los casos aprobados y rechazados, lo que impedía el control de sus decisiones.

El informe de 2006 también detalló la inexistencia de criterios y procedimientos para el análisis de la calificación. La investigación reflejó que en una muestra aleatoria del 3%, el 29% de las carpetas contenían fichas sin documentación de respaldo. Asimismo, el 9% de las carpetas correspondían a certificados de autoridad no habidos.

De acuerdo a los antecedentes aportados por el subsecretario Ubilla a la comisión, el 12 de junio de 2007 -8 meses después de requeridas las medidas a la jefa del programa-, se le requirió nuevamente una respuesta para todas las observaciones contenidas en el informe, lo que fue contestado a través del Oficio Reservado 1219 del 22 de junio de 2007, en que se informaron las medidas que se estaban implementando para dar cumplimiento a lo requerido.

Sin embargo, el 5 de noviembre de 2007 se le hizo presente a la directora del Programa el “manifiesto incumplimiento” de lo señalado en el informe de auditoría interna realizado 17 meses antes y la ausencia de una respuesta a los requerimientos de la subsecretaría del Interior. Se le entregó un plazo de tres días para dar cumplimiento a las observaciones urgentes, haciendo presente la responsabilidad funcionaria de la jefa del Programa.

Rodrigo Ubilla precisó que no se cuenta con información adicional de acciones ejecutadas al respecto, ni del cumplimiento de medidas solicitadas, o de la realización de sumarios para determinar responsabilidades administrativas.

El subsecretario del Interior entregó, además, un detalle del estado de avance de la investigación. Informó que al 30 de noviembre se completaron 9.704 carpetas revisadas, las que representan el 19,4% de la meta comprometida ante esta comisión. Explicó que las carpetas irregulares muestran una alta concentración de certificados de autoridades (1.095), en contraste con las carpetas sin irregularidades, que constituyen el 80% del total revisado y que sólo tienen 130 certificados de autoridades.

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